"No puedo descartar que me estén pasando cuentas de cobro"

El registrador nacional habla descarnadamente de los ataques que ha recibido su entidad, él y ahora hasta su propia esposa.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿De dónde salió la versión de que su esposa se había cruzado correos con un asesor del candidato a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero para presuntamente traficar influencias a favor de él?

Registrador Carlos Ariel Sánchez.- Lo ignoro y esa información no tiene ningún sustento real. La versión no tiene fuente conocida. Respecto de su pregunta, hay tres hechos nuevos ocurridos en las últimas horas: uno, mi esposa Marlene Rojas denunció en la Fiscalía los delitos de injuria y calumnia que se podrían configurar con la noticia dada por la W. Dos, ella solicitó rectificación a la emisora por cuanto ni es prima del asesor de la campaña de Rodrigo Guerrero ni hay tales correos. Tres, el mismo asesor de la campaña del candidato Guerrero, según lo registró El País de Cali, desmintió el parentesco con mi esposa y la existencia de los correos. Esa noticia sí que fue un falso positivo.

C.O.T.- ¿Es cierto que sus correos y los de su esposa están interceptados como se ha dicho?

C.A.S.- A hoy no me cabe duda de que así sea. Si se confirma, estaría frente a una actuación de autoridades de policía que, sin orden judicial, están interceptando comunicaciones. Esta situación me recuerda mucho la del mes de marzo de 2010 cuando la Dijín se hizo presente en la Registraduría sin orden de juez para investigar el ataque de hackers al sistema de divulgación de los datos electorales.

C.O.T.- ¿Por qué apareció la Registraduría de nuevo en noticias confusas sobre Cali y el candidato Guerrero? ¿Del lío de la revisión de firmas de la semana pasada quedó algún cabo suelto?

C.A.S.- No, eso se resolvió, como les consta a todos. En cambio estoy seguro de que existe interés en desprestigiarme llegando a extremos como el de involucrar a mi esposa con hechos ficticios. Y no puedo descartar que me estén pasando cuentas de cobro.

C.O.T.- ¿Quién o quiénes? Ha tenido usted muchos enfrentamientos. El último con la Policía precisamente, de la que se dijo que desde sus computadores ingresó masivamente al sistema de transmisión de datos electorales el año pasado.

C.A.S.- No puedo relacionar una cosa con otra, pero el ataque de los hackers y el falso positivo de los correos de mi esposa tienen el mismo propósito y lo repito: el de desprestigiarme haciéndome aparecer como corrupto. Como no han aparecido pruebas en relación con las denuncias de los dineros solicitados a los candidatos de Cali, quieren hacerme daño con algo o alguien que se relacione conmigo, como mi señora.

C.O.T.- A propósito, ¿qué pasó con la denuncia sobre un intento de chantaje a los dos candidatos a la Alcaldía de Cali que resultaron afectados con el conteo de las firmas en la primera decisión?

C.A.S.- Entiendo las denuncias informales como mecanismos de presión: usted lanza un rumor para presionar. Cuando un funcionario de la Registraduría fue a Cali a realizar una inspección y a hacer unas pesquisas de orden disciplinario, concurrieron las personas que figuran mencionadas en ese rumor. Hasta el momento, en lo que a la Registraduría respecta, no se han podido concretar nombres, apellidos, circunstancias, dineros o exigencias de dinero. Lo que preocupa es que aunque finalmente no se llegue a ninguna conclusión, el rumor queda: calumnien, calumnien, que de la calumnia algo queda.

C.O.T.- Este alboroto se presenta en un momento crítico. Estamos en época electoral, pero también en tiempo de seleccionar al nuevo registrador porque su período terminará pronto.

¿Cree que el disturbio político actual tiene que ver con su aspiración de quedarse en el cargo otro período?

C.A.S.- Si se dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, uno se pregunta si se puede esperar que la política sea limpia.

C.O.T.- A propósito del lío de la revisión de firmas en Cali, su hombre de confianza en la Registraduría, Hollman Ibáñez, se tuvo que retirar después del traspié con la proyección de las firmas de Guerrero. ¿Tiene dudas sobre su exfuncionario?

C.A.S.- Los registradores y demás funcionarios de la entidad saben que uno debe ser consciente de que decisiones técnicas como la de Cali causan de todas maneras un impacto político y están dispuestos a soportar el golpe, porque el resultado siempre favorece o perjudica a alguien. Pero si además de eso el asunto se complica con un aspecto netamente de la vida privada de alguien y como consecuencia de eso se genera desconfianza, toca buscar otra solución. En este caso se resolvió con la renuncia.

C.O.T.- ¿El funcionario Ibáñez fue su socio en una oficina particular suya, cuyo trabajo se relacionaba precisamente con temas electorales?

C.A.S.- Hasta diciembre de 2007 tenía una sociedad dedicada a asuntos electorales en materia de asistencia a escrutinios y a procesos contenciosos electorales. Litigaba en las comisiones escrutadoras, ante los delegados del Consejo Nacional Electoral en las capitales; obviamente ante el Consejo Electoral en Bogotá y en la Sección Quinta del Consejo de Estado. Éramos tres socios.

C.O.T.- Y el doctor Ibáñez, ¿qué papel desempeñaba?

C.A.S.- Él apareció después de que yo tuviera que ceder mis acciones que no fueron vendidas a él sino a un señor Pedro Rodríguez. Las acciones de los otros dos socios debieron haber pasado a Hollman Ibáñez. Finalmente, los familiares de uno de los socios se quedaron con el 100% de la empresa.

C.O.T.- Entonces, ¿Ibáñez no fue su socio?

C.A.S.- No. Entró a la sociedad después de que yo salí y él compró acciones que también vendió inmediatamente.

C.O.T.- ¿Por qué trabajaba él en la Registraduría?

C.A.S.- Porque él había trabajado conmigo varios años cuando yo era magistrado del Consejo Nacional Electoral.

C.O.T.- Hablando del lío por las firmas del candidato Guerrero de Cali, ¿cómo analiza lo que pasó con el conteo posterior a la primera decisión? ¿Ganó él como parece, ganó usted o quedaron en tablas?

C.A.S.- Esa es una calificación subjetiva y yo tengo que pensar en términos legales e institucionales. Pienso que la entidad salió fortalecida porque pudo reaccionar con rapidez. Legalmente hablando, se utilizó un recurso y en el trámite del mismo se practicó la única prueba posible: frente a una muestra cuya validez se discutía, se tomó todo el universo y se encontró que tal muestra no representaba realmente el universo. De esa manera salió adelante la objetividad que debe caracterizar a la Registraduría. El candidato tenía razón, porque existían 68.780 válidas, por encima de las 50 mil exigidas. Sin embargo, subsistieron una serie de razones para anular 47 mil firmas de un total de 116.060, es decir, el 40%.

C.O.T.- ¿Por qué se anuló el 40% del total de las firmas?

C.A.S.- Porque correspondían a muertos, a personas que perdieron los derechos políticos, a no inscritos en el censo de Cali o en el censo nacional, a firmas con datos que no existen en el Archivo Nacional de Identificación, y algo muy delicado: a la uniprocedencia, que consiste en que unas personas se pusieron a llenar muchas planillas con un poco más de 9 mil firmas. Incluso, otras planillas fueron llenadas con huellas digitales. Queda uno con cierta desazón.

C.O.T.- ¿Por qué? ¿No será que los muestreos están mal proyectados, las instrucciones de la Registraduría para la recolección de firmas no son claras o hay corrupción también en estos procesos?

C.A.S.- En Cali sobre un poco menos de un millón 500 mil personas que están en el censo electoral, votan aproximadamente 660 mil. Si cinco candidatos que concurrieron por firmas recogieron ahora, tal como sucedió, un total de 505 mil, significa que casi el 80% de los votantes irán a las urnas por los candidatos de movimientos cívicos, lo cual es imposible porque quedaría sólo el 20% para votar por todos los candidatos de los partidos.

C.O.T.- ¿Cuál es su interpretación, entonces?

C.A.S.- Que hay pocas firmas disponibles y mucha gente aspirando en muy poco tiempo a recogerlas. Si uno profundizara más en la realidad, podría llegar a la conclusión de que una persona puede firmarles a varios candidatos, lo que desnaturaliza totalmente el mecanismo. Los movimientos con firmas han entrado en una especie de militancia y están asimilándose a los partidos políticos. Esto indica que desde el principio está viciado el proceso cívico, porque el camino de las firmas era otro y se desvirtuó.

C.O.T.- Repito: ¿ese mecanismo está mal explicado, mal diseñado o se corrompió?

C.A.S.- Si usted tiene dos o tres semanas para recoger firmas y no puede recurrir a una militancia porque recién está creándola, se entiende, por ejemplo, por qué entre 116 mil, 47 mil son nulas. Muchos de los candidatos por firmas hasta poco antes de inscribirse eran militantes de partidos. Significa que no tenían organización propia y que salieron a conformar grupos significativos de ciudadanos en 15 o 20 días. Las personas que recogen firmas hacen esa tarea tan aceleradamente, que la acumulación de errores es explicable.

C.O.T.- ¿Uno podría pensar entonces que los movimientos cívicos tienen que pagar por las firmas?

C.A.S.- Sí, pero en principio es una operación legal por la logística normal. Pero, ¿qué pasa cuando usted le paga a una persona cuyo trabajo consiste en llenar una planilla? Que las llenan como sea para poder cumplir.

C.O.T.- ¿Se puede decir que el candidato sabe lo que está pasando en la calle con las firmas o puede ignorarlo?

C.A.S.- Puede que el ciudadano candidato no sea capaz de comprobar y revisar decenas de firmas uno o dos días antes de su entrega o el mismo día de la inscripción. Seamos sinceros: usted coge cualquier cédula de las firmas que corresponden a muertos, por ejemplo, o cédulas de presos y simplemente las cruza con la información de la web de la Registraduría. De inmediato le aparecen en el censo electoral como fallecidos. Alguien de la organización del candidato podría controlar esa situación, pero, ¿quién se va a poner a hacer esa tarea cuando el objetivo es llenar planas y completar el número de firmas?

Registrador que aspira a repetir cargo

En las próximas semanas los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado escogerán, mediante concurso de méritos, al registrador nacional del Estado Civil que reemplazará al titular actual de ese cargo, abogado especialista en derecho electoral Carlos Ariel Sánchez y cuyo período está por concluir. La comisión de juristas que seleccionará al alto funcionario admitió en el concurso a 19 aspirantes de más de 25 que se presentaron. Entre los preseleccionados se encuentran prestigiosos abogados y exmagistrados de las cortes. El propio Sánchez está participando, porque además de que cumple los requisitos puede permanecer en el cargo durante otro período. Hace cuatro años, en noviembre de 2007, él obtuvo el primer puesto con 940 puntos de 1.000 posibles. El segundo fue para Juan Carlos Galindo, con 895 puntos, y el tercero para Guillermo Reyes, con 874 puntos. Este último también aspira actualmente. La gestión del actual registrador, caracterizada por la independencia política de sus decisiones, fue duramente atacada por el expresidente Uribe y sus más cercanos ministros. Ahora parece vivir una nueva etapa de crisis frente al Ejecutivo, justo cuando (¿o por qué?) puede conservar el primer puesto en calificaciones y, ante todo, el mazo de la Registraduría.

Cifras de las elecciones de octubre

El 30 de octubre próximo se elegirán 18.571 alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Se inscribieron un total de 101.866 candidatos, la cifra más alta en la historia electoral del país. Sin embargo, la cantidad final de aspirantes habilitados sólo se conocerá una vez que el Consejo Nacional Electoral decida la revocatoria de inscripciones y de avales. Esta vez se presentarán para ser elegidas más de 34.000 mujeres, el doble de las que participaron en las elecciones de 2007 y la cifra más alta para el género femenino. Por su tamaño, estas también serán las elecciones más grandes celebradas en Colombia, no sólo por la cantidad de candidatos, sino porque el censo electoral está cercano a los 31 millones de votantes. Se instalarán 91.520 mesas de votación en todo el país y habrá 600.000 jurados de votación para quienes ya empezaron los cursos de capacitación, que se extenderán hasta la semana previa a las elecciones. Asimismo, comenzó en Bogotá la capacitación de 13.000 policías. Para la transmisión de datos la Registraduría dividió el país en zonas y divulgará los resultados locales y departamentales en salas de prensa ubicadas en las 32 capitales de departamentos. Los simulacros de transmisión se realizarán en los próximos días.

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