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Las madres víctimas de falsos positivos se tomaron el recinto de la plenaria en el Congreso de la República en un homenaje que le rindieron varios congresistas, entre ellos los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Criselda Lobo.
Fue en ese escenario en el que una de las madres les pidió a las Fuerzas Militares que dieran la cara ante ese macabro episodio de la historia del país y reprochó el trino de Twitter del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, en el que insinuó que quienes criticaban a esa institución —en medio de las revelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP de que en el país habían ocurrido 6.402 falsos positivos entre 2002 y 2008— era víboras.
“Estamos aquí presentes, estamos esperando que estén delante de nosotras, que, así como en algún momento recibieron reconocimientos de sus exitosas brigadas, nos den la cara”, dijo Jacqueline Castillo, en representación de Mafapo.
Y le aclaró al general Zapateiro: “No somos ningunas víboras (…) somos madres con dolor. Perdimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, hermanos, pero estamos aquí esperando esa verdad. Queremos que nos den la cara, queremos ese proceso de paz, esa reconciliación”. Castillo resaltó la labor que varios grupos de víctimas de los falsos positivos han venido desarrollando en el país durante 13 años.
Sobre el asunto también se pronunciaron Sanguino y Cepeda. “Fueron 6.402 personas engañadas por una institución que tiene como función principal protegerlas. 6.402 que refleja la existencia de una directiva del Ejército que exigía medir resultados por las bajas en combate en vez de las capturas”, comentó Sanguino. Y señaló que es posible que se trate de más víctimas y que esa cifra ascienda a las 10.000. “Queremos reclamar y saber quién dio la orden”, concluyó.
Por su parte, el senador Cepeda señaló: “En mi larga experiencia de trabajo con las víctimas, conozco a pocas que no hayan sido víctimas de múltiples hechos de violencia”. Y manifestó que a las víctimas de falsos positivos les cayó “la peor de las políticas criminales de los últimos años en Colombia, la política de seguridad democrática”.