30/3/2020 20:31:40
Opinión

No tener un impuesto a las bebidas azucaradas nos sale muy caro: Dejusticia

Alejandro Rodríguez - Dejusticia

Según cálculos del Ministerio de Salud, se invierten aproximadamente $25 billones anuales en enfermedades prevenibles, muchas de estas asociadas con el sobrepeso o la malnutrición. En 2016, el gasto en diabetes atribuidas a las bebidas azucaradas fue de más de $740.000 millones.

De la población colombiana en edades entre los 18 y 64 años, el 56% sufre de obesidad. / Steve Cukrov

Los impuestos saludables buscan desincentivar el consumo de productos nocivos (tabaco, licor, bebidas azucaradas, comida chatarra, etc.) con un impuesto o tasa adicional que aumente su precio de venta. En Colombia, desde 2016 ya se viene discutiendo un impuesto específico a las bebidas azucaradas sin que hasta ahora haya sido aprobado. En 2018, la ley de financiamiento aprobó igualar el IVA plurifásico que pagan estas bebidas con el que pagan el resto de productos, pues hasta ese momento gozaban de un IVA diferenciado y más beneficioso. Aunque este IVA ya representa un aumento en el precio de estos productos que no existía antes, aún no se ha implementado un impuesto a las bebidas azucaradas en los términos que distintas organizaciones de la sociedad civil vienen impulsando. 

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¿Porque el Congreso de la República debería tener en cuenta un impuesto a las bebidas azucaradas?

Primero, porque son impuestos que funcionan. Un estudio de 2017 muestra que en México, donde se aprobó un impuesto de 1 peso por litro a bebidas azucaradas desde 2014, se ha reducido el consumo de estas bebidas 5.5% en 2014 y 9.7% en 2015, para una reducción total de 7.6% en el período estudiado. Una investigación de 2019 proyectó cuál sería el impacto de este impuesto en términos de reducción de obesidad y prevención de enfermedad. Luego de dos años, este impuesto podría prevenir alrededor de 239,900 caso de obesidad, de los cuales 94,300 serían niños y adolescentes. Para 2024, 10 años después de haber implementado el impuesto, este podría prevenir 61,340 casos de diabetes, 695 de cáncer, 3.990 de derrame cerebral,  2.830 casos de hipertensión y 4.380 casos de enfermedad isquémica del corazón. Si el impuesto se doblara a 2 pesos por litro, el impacto se doblaría. En total, el estudio estimó que el impuesto a las bebidas azucaradas actual podría estar adicionando 918 años de vida en los próximos diez años. Se espera que el impuesto ahorre 3.98 dólares al sistema de salud por cada dólar que se gasta en su implementación. 

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Segundo, porque son impuestos que benefician a la población que tiene menos recursos. Un estudio de 2019 señala que los beneficios del impuesto superan los costos asociados a este. Adicionalmente, afirma que las ganancias del impuesto son mayores en la población con menores recursos. Aunque en el corto plazo se podría pensar que el impuesto a las bebidas azucaradas puede llegar a ser regresivo debido a que las personas y hogares de ingresos más bajos son quienes consumen más estos productos, los beneficios que esta población adquieren por (i) reducción de gastos en servicios médicos asociados a menos enfermedades derivadas del consumo de alimentos poco saludables y (ii) en mejoras en su productividad - y por ende en sus salarios - por estar menos días del año enfermos, son mucho mayores que el costo que implica un aumento del precio de las bebidas azucaradas. 

Tercero, porque representa un ahorro para el sistema de salud. Según cálculos del Ministerio de Salud y Protección Social, el sistema de salud invierte aproximadamente 25 billones de pesos anuales en enfermedades prevenibles, muchas de estas asociadas a con el sobrepeso o la malnutrición. Sólo el gasto en diabetes atribuible a las bebidas azucaradas en 2016 fue de algo más de 740.000 millones de pesos. El impuesto a las bebidas azucaradas tiene un “doble dividendo”. Por un lado, al desincentivar el consumo de estas bebidas, se reduciría la obesidad de los hogares entre un 5% y un 10%, lo que se traduciría en menos tratamientos por Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), y por tanto menos costos del sistema de salud. Por otro lado, un impuesto del 20% aportaría aproximadamente un billón de pesos anuales al Estado, lo que sin duda ayudaría a asumir los costos y el déficit actual del sistema de salud.

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Cuarto, porque podrían ayudar a inyectar recursos importantes para garantizar agua potable, bebederos públicos en las escuelas y otros recursos para el sistema de salud. La propuesta que se discute actualmente en el Congreso propone que el dinero recolectado por este impuesto sea destinado a la creación de bebederos escolares y al sistema de salud en general. 

Quinto, porque pese a lo que muchos piensan este impuesto no pretende imponerle nada a nadie y no puede considerarse una medida paternalista. La Corte Constitucional (Sentencia C-339/2010) ha definido que las medidas paternalistas son aquellas que pretenden imponer una sanción económica como consecuencia de no cumplir cierto comportamiento. Imponer un comparendo en caso de no usar el casco o el cinturón de seguridad son ejemplos de este tipo de medidas que, no obstante, son legítimas, pues buscan proteger un fin valioso que es la vida de los y las conductores. El impuesto a las bebidas azucaradas no sería una medida paternalista pues no le impone nada a nadie. Las personas siguen siendo libres de comprar el producto si están dispuestas a pagar el mayor valor y no se les impondrá ninguna sanción económica o de otro tipo si lo hacen. Sin embargo, para aquellos que no quieran pagar un mayor precio este funcionaría como un incentivo para desestimular su consumo.

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Por todo lo anterior, creemos que la adopción de un impuesto a las bebidas azucaradas es una política direccionada a garantizar los derechos en materia de alimentación y salud de la población, especialmente de la población más vulnerable. El Gobierno y el Congreso no pueden seguir rechazando o postergando esta alternativa de política, que además, brinda un alivio a las finanzas públicas en el sector de la salud. Estamos ante una nueva oportunidad y esperamos que las organizaciones de la sociedad civil y la academia sean escuchadas, con miras a mejorar el bienestar de los colombianos.

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