“Nos convertimos en víctimas desde muchas dimensiones”: Carlos Medellín Becerra

A la izquierda, Carlos Medellín Forero (1928-1985), magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A la derecha, Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado. / Archivo El Espectador

El 6 de noviembre de 1985 nos volvimos, como muchos colombianos, víctimas del conflicto armado. En realidad todo sucedió muy rápido. Ese día mi padre, Carlos Medellín Forero, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, salió muy temprano de la casa para dar clase de Derecho romano en el Externado a las 7 a.m. Era un miércoles. Para ese día, había citada reunión de sala en las horas de la mañana para discutir la constitucionalidad del Tratado de Extradición. Pablo Escobar estaba al tanto y al acecho con su ya famosa cobardía armada.

Para conveniencia de los victimarios, el Palacio de Justicia estaba sin protección de la fuerza pública. Esto favoreció la puesta en marcha de la operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, por parte de la organización guerrillera M-19 para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz y la declaratoria de inconstitucionalidad de la extradición, entre otras demandas.

A partir de ese momento todo fue una sucesión de errores, arbitrariedades, violación de los derechos humanos, comisión de muchos delitos, desgobierno, locura colectiva y fuego indiscriminado, con un resultado aterrador para las familias de magistrados, funcionarios, visitantes, miembros de la fuerza pública y guerrilleros. Hoy el país no se ha recuperado del holocausto.

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Nos convertimos en víctimas desde muchas dimensiones. La primera de ellas, víctimas del manejo malintencionado de la información oficial. Desde las primeras horas del suceso, la confusión sobre los hechos fue dramática. Ocultaron la verdad. La transformaron. La amañaron. La escondieron. Los que tuvimos la penosa experiencia de ver en vivo y en directo lo que pasó no fuimos escuchados. Incluso, fuimos señalados de amigos de los terroristas o cómplices del Gobierno.

Las investigaciones que empezaron a realizarse en diferentes instancias estuvieron marcadas por eso: las mentiras o las versiones amañadas de los victimarios. El proceso de paz que el siguiente Gobierno adelantó con el M-19 se construyó sobre la no verdad, la no justicia y la nula reparación. Hay que recordar que todo eso sucedió en una época en la que las exigencias actuales del derecho no existían y, por lo tanto, las voces de las víctimas no fueron escuchadas. Simplemente se dijo: “La paz está por encima de todo”.

Y como el fin justifica los medios, la amnistía y el indulto a los miembros del M-19 se otorgó de manera absoluta a cambio de absolutamente nada. Si el Estado no juzgó a los responsables de la criminal acción, mucho menos juzgó a los responsables de la masacre y del holocausto final. Fue una paz construida sobre indultos y amnistías. Pero sin perdón y sin olvido. Salvo algunas excepciones, en el Gobierno y en el Congreso se apoyó esta manera de proceder. Es más, cuando años más tarde se intentó reabrir la investigación contra el M-19, rápidamente se tramitó en el Legislativo un segundo indulto para asegurar la impunidad de todos.

¿Se logró la paz con ese movimiento guerrillero? La respuesta es contundente: sí. Y el Estado colombiano ha cumplido. ¿A qué precio? La respuesta también es clara: a cambio de la impunidad y la mentira. El balance es agridulce. Dulce en la desaparición de un movimiento terrorista; agrio en mantener una herida que no sana y que sigue exigiendo verdad y justicia.

Después de 35 años, las investigaciones no han terminado y aún se sigue buscando la verdad en los despachos judiciales con un precio altísimo en la dignidad humana de quienes aún sufrimos la pérdida de nuestros seres queridos, en aquellos que vieron manipulados los restos de sus familiares enterrados en fosas comunes o equivocadas. La verdad de lo ocurrido deambula expósita entre expedientes y ataúdes.

Con los años seguimos creyendo que es mejor la paz y no la guerra, el perdón y no el odio, la justicia y no la venganza; pero debo decir también que todo esto sería más fácil si hubiera un reconocimiento sobre la verdad y un real arrepentimiento de los victimarios.

Es decir, una conciencia real sobre lo sucedido en términos de sentir que se hizo algo mal, equivocado. Y eso no ha sucedido. Los asaltantes se limitan a decir que fue un “error histórico”, pero en privado señalan que si se repitiera la historia lo volverían a hacer. Los responsables del holocausto, como resultado del accionar indiscriminado de la fuerza, siguen creyendo que se actuó bien; que el objetivo de eliminar a los terroristas se consiguió a sangre y fuego y que los rehenes muertos fueron el precio que se debía pagar para “salvar la democracia, maestro”. Jurídicamente se podría decir que no existe en ellos una conciencia sobre la ilicitud de sus acciones. Eso es lo más complicado en la construcción del perdón.

Pero afortunadamente, poco a poco, se va conociendo todo. Poco a poco el país se va enterando de los hechos como nosotros los vimos y vivimos en esos días. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que ratificó la condena del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, en septiembre del año pasado, es quizás lo más completo y serio que se ha dicho desde entonces. Falta todavía parte de la verdad y esperamos que la JEP y la Comisión de la Verdad se ocupen del tema lo más pronto posible. Esconder la masacre del Palacio de Justicia no ha sido, no es y no será posible si queremos vivir en un país decente y digno para nuestros hijos y nietos.

*Exministro de Justicia, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho administrativo en la Université de Droit D’Economie et de Sciences Sociales de París. Profesor titular de la cátedra de Derecho Romano de la Universidad del Rosario y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia desde 2016.