Nubarrones sobre elecciones en La Guajira

Los guajiros acudirán este domingo a las urnas para elegir a su nuevo gobernador, en medio de una campaña política enrarecida por acusaciones de fraude y falta de garantías. La Misión de Observación Electoral anunció que no hará veeduría en los comicios.

Según cifras del Departamento de Prosperidad Social, La Guajira es el segundo departamento con más personas en condición de pobreza, con un 53,3 %. / EFE

Millonarios desvíos fiscales, contratación irregular, sobrecostos de alimentos, retrasos en la ejecución de programas. El listado de los casos de corrupción en La Guajira es alarmante y deja ver la crisis que desde hace varios años atraviesa un departamento en el que las malas prácticas políticas han sido casi una tradición.

Prueba de ello es que los últimos seis gobernadores han tenido líos judiciales y tres de ellos resultaron sancionados. El caso más reciente es el de Oneida Pinto, quien aunque en principio tuvo que abandonar el cargo por una violación al régimen de inhabilidades, ahora está envuelta en un proceso judicial y a la espera de imputación de cargos por su presunta participación en las amenazas contra Jorge Enrique Vélez, quien la reemplazó en la Gobernación en calidad de encargado.

Con ese panorama como telón de fondo, los guajiros acudirán nuevamente este domingo a las urnas para elegir a un nuevo mandatario, en un proceso sobre el que ya recaen múltiples dudas y cuestionamientos. La situación es tan crítica, que incluso la Misión de Observación Electoral (MOE) anunció que no acompañará la jornada, a raíz de los niveles de polarización, las amenazas entre las campañas y la falta de garantías de transparencia y seguridad.

“Este es el último recurso que tenemos para decirle fuerte y claro al departamento que una democracia no es ir a las urnas de cualquier manera, que una democracia es poder tener un candidato que verdaderamente represente estructuras políticas capaces de luchar contra la corrupción, que tengan unos comportamientos que, por lo menos, se acerquen a lo que la legalidad establece y que tiene que haber una reacción de la ciudadanía cuando se están observando acciones que no permiten ejercicios que representen la voluntad de los ciudadanos”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE.

De hecho, dos de los tres candidatos que se disputan la Gobernación (Norberto Tico Gómez y Luis Gómez Pimienta), enviaron cartas al registrador nacional, Juan Carlos Galindo, denunciando irregularidades en el proceso de selección de jurados de votación en el municipio de Uribia, en donde, sostienen, el 90 % son cuota de Wílmer González, el otro aspirante y quien es avalado por los partidos Conservador y de la U. Las denuncias señalan incluso que en las listas oficiales figuraban tres de sus hermanos y un sobrino.

Una situación sobre la que también hizo referencia Alejandra Barrios, quien señaló que se trata de un municipio al que hay que poner especial atención: “En Uribia hay una centrada disputa frente a quienes fueron elegidos como jurados de votación. Hay acusaciones entre las diferentes campañas de manipulación de la escogencia, pues advierten que estos escaños los terminaron ocupando familiares de un determinado candidato. También hay comportamientos atípicos en términos de votos nulos y tarjetones en blanco, muy por debajo del promedio nacional en las últimas elecciones”, advirtió.

La preocupación por el posible fraude llevó a que Norberto Gómez –candidato de Opción Ciudadana y visto como cercano a la línea del hoy preso exgobernador Kiko Gómez y a Oneida Pinto– pidiera que se realice biometría para controlar el acceso a todos los puestos de votación del municipio, del cual Wílmer González fue su alcalde y quien tendría una presunta vinculación política con el actual burgomaestre y con el registrador local. A su turno, Luis Gómez Pimienta, avalado por la Unión Patriótica y respaldado por sectores del Polo, la Alianza Verde y Mais, solicitó que se sus pendan los comicios hasta que existan garantías.

Ayer en la tarde, la Registraduría anunció que Uribia contará este domingo con 243 mesas de votación en la zona rural y urbana, y que tras la verificación correspondiente de los postulados para ser jurados de votación, 1.299 ciudadanos propuestos por Opción Ciudadana fueron excluidos, algunos por no hacer parte del censo electoral del municipio, otros por ser mayores de 60 años, por no cumplir con el mínimo de escolaridad o por tener registro de inhabilidad en el censo. En cuanto a la denuncia sobre jurados familiares de uno de los candidatos, una vez constatado el vínculo de parentesco, se dispuso su reemplazo.

Las dudas, sin embargo, persisten. Ayer, por ejemplo, las autoridades tradicionales wayuus y varios líderes regionales realizaron un plantón a las afueras de la Registraduría de Uribia para pedir garantías en las elecciones. Lo propio hicieron varios simpatizantes de la campaña de Gómez Pimienta en las instalaciones del organismo en Riohacha. La caldeada situación es casi un déjà vu en un departamento que en los últimos años ha sido protagonista de diversos escándalos políticos. Pero más allá de las acusaciones, señalamientos y dudas, lo cierto es que quien resulte ganador en la jornada de este domingo recibirá un departamento con una crisis administrativa, económica y humanitaria profunda y en el que la corrupción sigue campeando.

Tan es así que solo en el último mes han sido capturadas 20 personas, entre contratistas, funcionarios del ICBF y particulares en el marco de la denominada operación “Bolsillo de cristal”, con la que el ente acusador –con siete fiscales encargados a la tarea– busca sanear el departamento. El capítulo más reciente de esta cruzada contra la corrupción se dio precisamente este martes, cuando las autoridades capturaron en Barranquilla a los hermanos Carmen y Enrique Ávila Chassaigne (conocidos como “Los Nule de La Guajira”), acusados de peculado por apropiación en concurso homogéneo y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. En su caso, según la Fiscalía, hubo un detrimento patrimonial de $20.000 millones con el proyecto para construir 42 megacolegios en el departamento.