Nuevo choque entre la JEP y el Gobierno Nacional por audiencia en la CIDH

Patricia Linares, presidenta de la JEP, y Carlos Holmes Trujillo, canciller. / Archivo El Espectador

Cuando aún no hay claridad sobre el futuro que tendrás las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tendrá que ser definido por la Corte Constitucional, este domingo se conoció un nuevo choque entre el tribunal de paz y el Gobierno Nacional, esta vez por una carta que el canciller Carlos Holmes Trujillo envió a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que le solicitaba la cancelación de una audiencia a la que fue citado el Estado colombiano para el próximo 9 de mayo.

En la misiva, hay una molestia evidente por parte del Trujillo, quien manifestó recibir “con mucha extrañeza” la convocatoria a la audiencia pública, espacio que fue solicitado por la JEP ante el organismo internacional. “A pesar del diálogo permanente que existe entre el Gobierno y la JEP (…) nunca fuimos informados de que la presidencia de ese organismo tuviera la intención de pedir a la CIDH que realizara esta audiencia ni de los objetivos que perseguía con esta petición”, dice el canciller en el documento de firmado el pasado 29 de abril.

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Según el Gobierno Nacional, si bien cualquier persona u organización puede solicitar a la CIDH la realización de una audiencia pública, “es inadmisible que una entidad jurisdiccional, que carece de competencias en el plano internacional, pretenda beneficiarse de dichas disposiciones y acudir directamente a una instancia internacional sin acudir a los canales oficiales”.

A pesar de esgrimir que el Gobierno tiene la disposición proveer los recursos financieros para el funcionamiento de la JEP y “ilustrar sobre los avances y desafíos presentados en la implementación del sistema de justicia transicional”, el canciller Trujillo finaliza pidiendo la cancelación de la cita porque, a su juicio, “fue convocada irregularmente por carecer la entidad solicitante de la personería y capacidad jurídica exigida”. Advirtió que, si la CIDH no atiende la solicitud, el Estado colombiano “no está en condiciones de participar en dicha audiencia ni autoriza la presencia de ninguna entidad del Estado”.

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Linares explica que la JEP “tramitó, como parte interesada, la solicitud de audiencia temática” y explayó “precedentes que muestran claramente la viabilidad de que órganos judiciales y estatales no gubernamentales pidan directamente este tipo de audiencias”. “Por ejemplo, la del Tribunal Constitucional de Perú, en 2007; la del Instituto de la Judicatura de Guatemala en el mismo año; la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en el 2014; y la de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Argentina), en 2015”, dice el documento.

La JEP le dice a Trujillo que coincide con él en que el tribunal de paz hace parte de la estructura del Estado colombiano “y no nos corresponde, ni más faltaba, exponer asuntos domésticos ante una instancia internacional, pues nunca hemos desconocido ni desconoceremos que la rectoría de las relaciones internacionales está en cabeza del señor presidente de la República”.