¿Nuevo Código de Policía podría disparar la corrupción?

En el Congreso, entre defensores y detractores, se cumple la conciliación de una iniciativa que promete levantar ampolla entre los ciudadanos defensores de las libertades por algunas de sus disposiciones.

Archivo El Espectador

El Congreso de la República concluye este lunes sesiones ordinarias con la aprobación final del proyecto que reforma el Código de Policía que estaba vigente desde 1971. Son varias las medidas de protección y garantías a las actividades de esa institución en el país.

Aunque hay un debate sobre una posible vía libre a la extralimitación de los uniformados frente a los Derechos Humanos y las libertades individuales de todos los ciudadanos, hay varias normas claves para garantizar la sana convivencia.

Las polémicas

El representante Harry González García, ponente del proyecto en la Cámara, defendió –entre otras– la posibilidad de establecer ‘toques de queda’ para menores de edad para evitar por ejemplo que los niños, niñas y adolescentes terminen en la calle del Bronx.

“Sacar a los menores de edad de la posibilidad de los ‘toques de queda’ no tiene sentido. Es evidente que los menores están expuestos a situaciones de alteración del orden público, como sucede en Bogotá con las famosas chiquitecas y eso debe evitarse”, sostuvo.

Al respecto, el representante Heriberto Sanabria Astudillo dijo que el nuevo Código sólo busca proteger y garantizar los derechos de los colombianos, pese a la polémica suscitada por la posibilidad de que los uniformados puedan ingresar a las viviendas sin una orden judicial escrita.

“La gente de bien no tiene que darle miedo que la autoridad pueda ingresar a su casa. La gente de bien no tiene que temer que su domicilio sea registrado. Esta misma ley existe en España donde la gente se apadrina con su domicilio”, señaló.

Y precisamente, la representante Angélica Lozano Correa alertó que en cierta medida el nuevo Código puede disparar la corrupción policial porque crea multas y alta discrecionalidad de los uniformados en los operativos.

Un policía puede decretar cerrar un establecimiento durante 45 días y el propietario puede pasar mejor a ‘arreglar’ con el uniformado”, explicó. Sin embargo, aclaró que el nuevo Código se ha mejorado porque se le quitaron varios errores que tenían “veneno”.

Pero en rotunda oposición al proyecto, la representante Ángela María Robledo –quien pidió archivar el proyecto– dijo que la iniciativa “es inconstitucional e inconveniente ya que desconoce los principios que fundamentan la actividad policial en el marco de un Estado Social de Derecho, en donde el fin último es la protección de los derechos humanos y no la coerción ni la restricción de las libertades individuales y públicas”.

“Este Código tiene carácter correctivo en su contenido y alcances, que desconoce la esencia de la actividad policial que debe ser a todas luces preventiva. Buena parte de los comportamientos que define esta nueva ley invaden, en primer lugar, la órbita de competencia de las autoridades administrativas, imponiendo sanciones policivas frente a procedimientos de carácter administrativo que pretenden regular conductas propias del derecho penal o del Código de Infancia y Adolescencia, del Código Civil y del Código Sustantivo del Trabajo, excediéndose en sus atribuciones y desconociendo la naturaleza y funciones propias de la actividad de policía”, dijo.

Lo cierto es que en los próximos días será sancionado por el presidente Juan Manuel Santos el nuevo Código de Policía y empezará un periodo pedagógico para dar a conocer las medidas que establece la nueva norma.