Nuevo intento por el borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo

El proyecto de borrón y cuenta nueva se hundió en la pasada legislatura. / Pixabay

El pasado 12 de junio se hundió en el Congreso de la República el proyecto de ley que proponía una especie de amnistía para los morosos con reporte negativo en las centrales de riesgo, como Datacrédito, que pagaran sus deudas. Sin embargo, iniciada la segunda legislatura, los senadores David Barguil, del Partido Conservador, y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, volverán a radicar este martes la iniciativa en el Legislativo, con la esperanza de que esta vez cuente con mejor suerte.

El articulado es muy parecido, en su integridad, al que se aprobó en plenaria del Senado, con dos propuestas gruesas para modificar la Ley 1266 de 2008, conocida como Ley de Hábeas Data. La primera es la reducción del tiempo máximo de prevalencia de los reportes negativos en las centrales de riesgo, cuando termine la mora, de cuatro a dos años.

“Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los Bancos de Datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será igual al tiempo de mora, máximo dos (2) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación”, dice el artículo 3 del proyecto.

Contexto: ¿Es bueno el borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo?

En ese mismo artículo propuesto, un parágrafo señala que los datos negativos caducarán a los cinco años desde la entrada en mora de la obligación. Luego de este lapso deberán ser eliminados de las bases de datos, siempre y cuando no se hayan iniciado acciones de cobro judicial. Asimismo, en caso de que las obligaciones sean iguales o inferiores al 20 % de un salario mínimo legal mensual vigente, la información negativa no podrá ser reportada mientras no se cumplan al menos dos notificaciones “de las cuales una deberá hacerse 20 días antes de generarse el reporte”.

La segunda propuesta grande es que quienes, a la entrada en vigencia de la ley, en caso de ser aprobada, ya tengan extintas las obligaciones que han sido reportadas y cuya información haya permanecido por lo menos seis meses en las bases de datos de las centrales de riesgo, “contados a partir de la extinción de las obligaciones, serán beneficiarios de la caducidad inmediata de la información negativa”.

“Los titulares que tengan extintas sus obligaciones objeto de reporte, cuya información negativa no hubiere permanecido en los bancos de datos al menos seis (6) meses después de la extinción de las obligaciones, permanecerán con dicha información negativa por el tiempo que les hiciere falta para cumplir los seis (6) meses, contados a partir de la extinción de las obligaciones”, agrega el texto del artículo 10 de la iniciativa.

Un borrón y cuenta nueva en centrales como Datacrédito es muy atractivo para los ciudadanos usuarios del sistema financiero, pero ¿qué implicaciones tendría? En mayo pasado, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, señaló en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que, si bien el proyecto tenía buenas intenciones, “podría generar peores resultados. Cuando los bancos no tienen suficiente información asumen que la gente es mala paga y elevan sus tasas o recortan los montos de crédito”.

Los analistas han advertido que la principal preocupación es la pérdida de información de los usuarios del sistema financiero, pues no se podrá tener un reporte de quienes han tenido un buen historial de pago de los que no. Barguil ha señalado que no se trata de un borrón y cuenta nueva a quienes paguen sus deudas en los primeros seis meses de entrada en vigencia de la ley, sino que una persona saldrá del reporte solamente si ha pagado la deuda completa.

En medio del debate, los ojos miraron hacia Chile, en donde se implementó una ley similar. En ese país, un estudio encontró que la ley afectó a los ciudadanos que tenían menor capacidad de pago. ¿De qué manera? Pues las entidades financieras no tuvieron la información necesaria para diferenciar a los usuarios con buen historial de pago, por lo que, en el primer año de implementada la norma, hubo un incremento de las tasas de interés del 25 al 35 % en los préstamos que se destinaron a la población de menor ingreso. Esto, según algunos analistas, podría pasar también en Colombia. Por el momento, el proyecto apenas será radicado y, por supuesto, el debate ya está anunciado.