Objeciones a la ley estatutaria de la JEP: una vuelta sin rumbo en 80 días

La Corte Constitucional informó este miércoles que los 47 votos a favor de la ponencia negativa en el Senado sí eran suficientes para negar las objeciones a la estatutaria. El presidente Duque queda obligado a sancionarla.

Arriba, el presidente Iván Duque durante el anuncio de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Abajo, los magistrados Gloria Estela Ortíz y Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, anuncian el hundimiento de las objeciones a la JEP este m
Arriba, el presidente Iván Duque durante el anuncio de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Abajo, los magistrados Gloria Estela Ortíz y Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, anuncian el hundimiento de las objeciones a la JEP este miércoles. SIG / Mauricio Alvarao - El Espectador

Ochenta días pasaron desde que el presidente Iván Duque Márquez presentó las objeciones a la estatutaria de la JEP hasta que la Corte Constitucional las sepultó, en una decisión dejó al primer mandatario sin más opción que sancionarla. La noche del 10 de marzo de 2019, el presidente de la República comunicó, en una alocución trasmitida por la televisión nacional, las objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A pesar de que la ley había sido declarada exequible por la Corte Constitucional en agosto de 2018, con los reparos el primer mandatario sometió la norma a un nuevo debate en el Congreso que duró exactamente 53 días, tiempo que muchos sectores políticos anunciaban como perdido al considerar que las objeciones hechas por el jefe de Estado no eran de conveniencia sino de constitucionalidad.

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Iván Duque durante el anuncio de las objeciones a la JEP.
SIG

El 9 de marzo, un día antes de que Duque presentara los reparos a la JEP, el exjefe negociador del gobierno Santos en la mesa de La Habana, Humberto de la Calle, hacía un ejercicio futurista en el que auguraba lo que sucedería con estos. “Hoy, 30 de noviembre de 2019, tras un largo periplo, el presidente de la República sancionó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz”, escribió De la Calle. Se equivocó en el cálculo del tiempo, pero adivinó el final conocido en la tarde de este miércoles, cuando la Corte Constitucional, en una nueva revisión de la norma, enterró de manera definitiva la intención del Gobierno Nacional de hacerle cambios a la ley que sostiene el sistema de justicia transicional, considerado la columna vertebral del Acuerdo de Paz.

El 12 de marzo, el presidente fue replicado por la oposición, que, acudiendo al Estatuto de Oposición, utilizó el espacio en televisión para exponer los argumentos en contra de las objeciones presentadas por el presidente. Fue la primera vez en la historia del país en la que los partidos contrarios al Gobierno utilizaban una garantía que, si bien estaba determinada en la Constitución de 1991, solo fue reglamentada en 2018, es decir, 27 años después.

 
La oposición replicó al presidente Duque a través de la televisión nacional abierta.
Cortesía

Sin embargo, el debate, que terminó con la decisión del tribunal constitucional, revivió situaciones que fueron propias de la división propiciada por las partes durante la campaña del plebiscito por la paz, en 2016. Las noticias sobre agarrones en el Congreso fueron repetitivas, las víctimas quedaron en la mitad de los gritos entre los congresistas, la Comisión de Paz del Senado, de manera paradójica, se convirtió por momentos en el escenario de los improperios entre los defensores y los detractores de la implementación del Acuerdo.

Luego de que la Corte Constitucional —tras una consulta elevada por el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón— se declarara inhibida el 20 de marzo para pronunciarse sobre las objeciones y señalara que esperaría que hicieran su trámite en el Congreso, empezó el largo viacrucis en el Legislativo.

Primera derrota del Gobierno

El 8 de abril, casi un mes después del anuncio de Duque, la Cámara de Representantes tomó una decisión contundente. Con una votación de 110 contra una de 44, la corporación negó las objeciones en medio del grito de victoria del bloque “propaz” en la cámara baja y se convirtió en la primera gran derrota del gobierno Duque, que no tuvo la fuerza política para tramitar sus reparos. La decisión de la Cámara, sin embargo, no quedó por fuera de la polémica y el presidente del Senado, Ernesto Macías, anunció que la demandaría porque, a su juicio, se debía votar primero en Senado que en Cámara. Tiempo después, ese asunto no prosperó.

 
La Cámara de Representantes negó las objeciones con una contundente votación.
El Espectador


La discusión en el Senado fue mucho más larga. Varios días se fueron en el debate sobre los impedimentos, luego en las votaciones de cada uno. Y, cuando todo parecía tener un final, se inició una guerra de recusaciones: Roy Barreras, de la U, interpuso una contra el senador Álvaro Uribe Vélez; Paloma Valencia le interpuso una a Barreras; también se radicó una en contra de Macías. Después, recusaron al senador Laureano Acuña, del Partido Conservador. Luego, recusaron a los senadores uribistas Fernando Araújo y Ciro Ramírez. Ese enredo terminó el 30 de abril, cuando la Comisión de Ética de la corporación, citada de urgencia, negó todas y cada una.

¿Faltó un voto?

En la tarde de ese mismo día, el presidente del Senado sometió a votación la ponencia minoritaria que pedía negar las objeciones. El resultado final fue de 47 votos a favor de esa ponencia y 34 en contra. Ahí se inició otro cruce de tesis: para la mesa directiva, no había decisión, porque, en su opinión, los votos que se necesitaban para negar los reparos eran 48, interpretando que esa era mayoría absoluta de los 94 senadores que conformaban el quorum, luego de excluir a los impedidos.

Contexto: ¿Dónde estaban? Los votos que faltaron para negar las objeciones a la JEP

La oposición y el bloque “propaz”, por su parte, se plantó en que los 47 votos eran suficientes para negarlas y de inmediato abandonaron el recinto de la plenaria para evitar una nueva votación. “Las objeciones que hacían daño a la JEP han sido negadas. Leí la jurisprudencia y está muy claro que para la mayoría absoluta se necesita la mitad de los integrantes, no la mitad más uno”, dijo en ese momento el senador Roy Barreras. El cálculo del senador de la U era el siguiente: “108 miembros, en el peor de los casos. Nosotros consideramos que son 106 porque Iván Márquez y Aída Merlano nunca se posesionaron. Pero, aunque fuesen 108, menos 14 impedidos, son 94 —esas son matemáticas elementales aún para el presidente Macías—. Y la mitad de 94 es 47. Eso dice la ley y la jurisprudencia”.

 
Berner Zambrano, Eduardo Pulgar, José David Name, Miguel Amín, Maritza Martínez, José Alfredo Gnecco, de la U; y Ana María Castañeda, de Cambio Radical, fueron los senadores que se salieron del recinto y no votaron la ponencia de archivo.
Senado / Archivo / Captura de pantalla


En medio de ese remolino jurídico, se empezaron a buscar culpables y todos los ojos apuntaban a dos congresistas: Ana María Castañeda, de Cambio Radical, y Maritza Martínez, de la U, quienes se habían retirado del recinto justo en el momento de la votación. No obstante, también faltaron los votos de Miguel Amín, David Name, José Alfredo Gnecco, Eduardo Pulgar y Berner Zambrano, todos de la U, partido que había anunciado, en una decisión de bancada, que no acompañaría al presidente Duque en las objeciones.

Rumores de mermelada

Al día siguiente, el país amanecía quieto con la conmemoración del Día del Trabajo, pero entre los periodistas que cubrían el debate en el Congreso empezó a circular un decreto en el que se nombraba a Orlando Barbosa Villalba, un viejo conocido de la senadora Martínez, como representante del presidente ante el consejo directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de trabajo de manejo especial La Macarena (Cormacarena). La tormenta se posó, de nuevo, sobre la curul de la congresista del Meta, pues Barbosa no solo era una persona cercana a Martínez, sino que había aportado un poco más de $ 20 millones a su campaña al Senado y había sido secretario financiero de la Gobernación del Meta durante la administración de Luis Carlos Torres Rueda, esposo de la senadora.

 
Las reuniones alrededor de Macías fueron constantes. En la imagen, los legisladores discutían sobre el orden del día.
Cristian Garavito - El Espectador
 
Maritza Martínez, senadora de la U, abandonó el recinto del Senado al momento de la votación de las objeciones.
Archivo


¿Mermelada para Martínez? “No negocio ni me dejo presionar. Si hoy no me permiten dejar mi constancia, igual no voto. Si me lo permiten, claro que voto”, le respondió Martínez a El Espectador y aseguró que el motivo por el que abandonó la plenaria en el momento de la votación había sido una protesta porque no le permitieron dejar una constancia sobre los delitos sexuales cometidos en contra de los menores durante el conflicto armado. “Yo di una pelea muy dura acá en el Congreso que me costó persecución e insultos parecidos a los de ahora cuando presenté la proposición que se refería a los delitos sexuales cometidos contra menores durante el conflicto armado para imponerles penas ordinarias (…) Entonces, si no puedo expresar mi opinión, quiere decir que mi voto tampoco es indispensable”, dijo la congresista. Ese día no hubo votación porque Macías, por un "error", no anunció las objeciones el día anterior en el orden del día y el debate se pospuso. 

La estrategia: sin decisión, a la Corte

Pasado el mediodía del 2 de mayo, Macías abrió el registro para una nueva votación, pero el bloque “propaz”, esta vez acompañado de senadores de otras colectividades que apoyaban las objeciones, como el Partido Conservador, abandonó el recinto y se dirigió a la sala de medio del Senado. Desde ahí se hizo un anunció que fue definitivo: “La decisión que se ha tomado es la de respaldar la votación que ya se presentó. Pedimos que sea la Corte Constitucional la que tome la decisión sobre si se cumplió o no con las mayorías que exige la ley. Para no seguir con esta polarización, que sea la Corte la que defina si estamos con ese quorum para entender que se rechazaron las objeciones”, explicó el senador Germán Varón, de Cambio Radical.

Contexto: ¿Quién ganó en el debate de las objeciones a la estatutaria de la JEP?

 
Los miembros de los partidos que firmaron el acuerdo político se salieron de la plenaria para no votar las objeciones.
Óscar Pérez - El Espectador


En el Senado quedó un ambiente de discordia y, sin una decisión, las objeciones fueron a parar nuevamente a la Corte Constitucional, que ya había avalado la estatutaria. Pero, para muchos, no había lugar a interpretaciones y los números eran contundentes:  en la Cámara, las objeciones fueron rechazadas por una abrumadora mayoría (110-44) y en el Senado la diferencia fue de más de diez votos. El Gobierno Nacional sufría una agria derrota política en su lucha por reformar el Acuerdo de Paz, derrota que quedó ratificada en la tarde de este miércoles con la decisión del tribunal constitucional que, palabras más palabras menos, les dio la razón a los defensores de la implementación al definir que 47 sí era la mayoría y, en consecuencia, dejó al presidente Iván Duque Márquez con la obligación de sancionar la ley estatutaria de la JEP.

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Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil

Política

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