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hace 13 horas

Ocho alcaldes en cinco años en Cartagena: pacto ciudadano o crisis

La capital de Bolívar elige hoy nuevo alcalde en elecciones atípicas. El reciente contrapunteo entre Antonio Quinto Guerra, candidato con grandes posibilidades de ganar, y la Procuraduría, por una presunta inhabilidad, deja el fantasma de una futura suspensión.

En la Heroica muchos dan por hecho que Antonio Quinto Guerra, el candidato más afín a la clase política tradicional, va a ser el nuevo alcalde. El Consejo Nacional Electoral (CNE) le tiró esta semana el salvavidas que le faltaba para dejar a flote su aspiración —lo que no fue ninguna sorpresa— al negar una solicitud de revocatoria por una presunta inhabilidad. Sin embargo, la semana terminó en esa ciudad con un hecho político muy diciente: los candidatos Lía Margarita Muñoz, César Anaya Cuesta y Jorge Quintana declinaron su aspiración y, aunque son apoyos menores, adhirieron a la campaña de Andrés Betancourt, el otro con mayor opción para llegar al Palacio de la Aduana, sede de la administración municipal, en las elecciones atípicas de este domingo.

A pesar de eso, no se prevén sorpresas y por eso las opiniones que se escuchan están condicionadas a la primera posibilidad. Tanto que desde la misma sociedad civil y el sector privado han surgido propuestas que hacen un llamado para rodear al próximo burgomaestre, sea quien sea, con el único objetivo de no poner a la ciudad en una nueva crisis de interinidad. Una situación que, por demás, no sería extraña, pues ha sido la misma Procuraduría General la que ha destapado las cartas en contra de Quinto Guerra y ha llevado hasta las últimas instancias en el CNE su tesis de que el aspirante del Partido Conservador sí tiene una inhabilidad por haber firmado un otrosí en octubre de 2017 en un contrato que tenía con el Ministerio de Vivienda desde enero de ese mismo año y que estaba en ejecución.

Así las cosas, el fantasma de la suspensión, que ha rondado el despacho de la figura del alcalde de Cartagena desde 2011, sigue más vigente que nunca y la ciudad podría quedar, como hoy, a merced de lo que el Gobierno Nacional quiera a través de sus designados. El sector privado, por lo menos, ha tomado posición, no sobre un candidato en particular sino sobre el que será su papel desde el próximo lunes. “El mejor candidato es el que quede y así tenemos que sentirlo los empresarios, pero queremos que trabaje y que tenga claro que la ciudad requiere unas políticas de desarrollo social de largo plazo”, comenta María Claudia Páez Mallarino, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, quien, en lo que parece una salida desesperada a la crisis institucional, le dice al próximo alcalde que los empresarios lo acompañarán.

Por su parte, Carolina Calderón, directora de la Fundación Cívico Social Pro Cartagena Caribe (Funcicar), reconocida en la ciudad por hacer seguimiento a las gestiones públicas del Concejo y la administración distrital, señala que el aporte que puede hacer la sociedad civil en este nuevo proceso electoral atípico y en la corta gestión que tendrá el nuevo alcalde es la vigilancia de la contratación en los macroproyectos que ya están andando y los que, por la falta de institucionalidad, estarían en el limbo, como el Plan Maestro de Drenaje Pluvial, el nuevo Centro Administrativo Distrital, la construcción de la Quinta Avenida del barrio Manga y la realización de los Juegos Deportivos Nacionales. De hecho, ya está en marcha la iniciativa Vigila Cartagena, que cuenta con el apoyo de la Andi y Fenalco, para hacerle seguimiento y control a la inversión pública.

Este asunto es de especial cuidado, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con información de Funcicar, el 93 % de la contratación se hace de forma directa, se tiene un promedio de dos proponentes en las licitaciones públicas y en cinco de cada 10 contratos se presenta apenas un proponente. “Hay un saldo en rojo sobre la democratización de la contratación pública. Creeríamos que estos dos últimos asuntos pueden deberse a la desconfianza en la institucionalidad”, comenta Calderón. En Cartagena no hay entusiasmo por las elecciones, y en ese sentido también se prevé poca participación en las urnas, como consecuencia de la frustración ciudadana por años y años de inestabilidad. Según apunta Calderón, en las elecciones atípicas de 2011, en las que fue elegido Dionisio Vélez Trujillo, la abstención estuvo sobre el 70 %.

Prioridades

El próximo alcalde gobernará durante unos mal contados 18 meses. Es decir que, por más propuestas de cambio que pueda tener en su programa, tendrá que priorizar asuntos puntuales sobre los que los representantes de diversos sectores de la ciudad parecen concordar: ponerle orden a la casa a través de una reestructuración administrativa, recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones locales, gestionar la contratación con transparencia y elegir un gabinete con experiencia que pueda ponerle el acelerador a las necesidades de inversión.

Roxana Segovia, exsecretaria de Educación y actual directora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, simplifica esta idea: “En año y medio lo que se tiene que hacer es organizar la casa y no robarse un peso (…) no hay ciudad, empresa ni tienda de barrio que salga adelante con una gerencia que no tenga continuidad”. Dice esto consciente de que Cartagena ha pagado con creces las consecuencias de una corrupción rampante que se ha tomado todos los espacios de la administración distrital y de una situación de crisis en la que, a su juicio, han tenido mucho que ver los organismos nacionales, al dilatar la toma de decisiones, como es el caso reciente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la candidatura de Quinto Guerra.

Lo cierto es que se augura que la jornada electoral de hoy será tranquila y las autoridades ya han preparado la logística para brindar garantías a los electores. De acuerdo con el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, a la ciudad se han trasladado 50 funcionarios de la entidad para ponerse al frente del proceso, sin contar los apoyos que se recibirán de la Policía Nacional y la Armada. De igual forma comentó sobre el despliegue que hizo la Procuraduría para contar con personal en la mayor cantidad de puestos de votación que puedan vigilar el comportamiento de quienes serán jurados de votación.

Asimismo, la Misión de Observación Electoral (MOE) distribuirá a sus observadores en los puestos de votación más críticos de la ciudad, en donde cerca del 80 % está en un nivel medio, alto y crítico de presentar irregularidades, para registrar posibles delitos electorales y, en lo posible, hacer el acompañamiento del transporte físico de los votos hacia el lugar de los escrutinios. En medio de una desesperanza que se posa como niebla sobre la Heroica, hay destellos fugaces de esperanza d que el próximo alcalde pueda durar en el cargo. Eso está por verse.