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Odebrecht, Santos y Zuluaga: nuevas pruebas
En marzo de este año, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias al Consejo Nacional Electoral (CNE) por el supuesto ingreso ilegal de dineros de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014.
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En el caso de Juan Manuel Santos, las pruebas se relacionan con declaraciones que, un año atrás, rindió ante la Fiscalía Andrés Sanmiguel, gerente de una empresa denominada Gistic Logistics. En un audio revelado por Vicky Dávila, Sanmiguel y Esteban Moreno, gerente de la campaña del Partido Liberal para el Senado en 2014, aceptan que Odebrecht consignó en las cuentas de Gistic Logistics alrededor de $4.000 millones para la campaña del hoy exmandatario.
Por otra parte, Daniel Coronell dio a conocer unos videos donde altos directivos de Odebrecht confiesan a las autoridades judiciales de Brasil que la multinacional entregó US$1,6 millones al publicista brasileño Duda Mendonça para que asesorara la campaña de Óscar Iván Zuluaga.
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A estos episodios se agrega la más reciente denuncia de la apoderada de la petrolera Frontera Energy Corporation, surgida de la quiebra de Pacific Rubiales. Según señaló, la nueva empresa encontró en la contabilidad de Pacific pagos no declarados por cerca de $9.000 millones, presuntamente para financiar las dos campañas presidenciales de 2014.
¿Se violaron las normas electorales?
El límite máximo de gastos de campaña que en su momento fijó el CNE para segunda vuelta presidencial de 2014 fue de $9.499’285.430. La campaña de Santos reportó gastos por $9.475’898.803 y la de Zuluaga por $9.478’321.922. Si las pruebas conocidas son reales, ambas campañas sobrepasaron los topes y además obtuvieron réditos económicos por el recibo de recursos públicos. Es decir, también hubo un enriquecimiento ilícito.
Además, es necesario tener en cuenta que: (1) el mayor volumen de recursos se destinó a la propaganda electoral, (2) Santos no reportó donaciones de particulares y (3) Zuluaga informó que recibió contribuciones particulares por $978 millones aproximadamente. El CNE aprobó las cuentas de los gastos de campaña y autorizó el pago de elevadas sumas de dinero por concepto de reposición de votos.
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Pero los nuevos hechos plantean algunos interrogantes: ¿es adecuado el marco regulatorio del régimen de financiación de las campañas? ¿Tendrán las autoridades electorales la voluntad de abrir y llevar hasta el final las investigaciones?
Las actuales normas electorales
Actualmente, la Constitución fija unas reglas electorales que establecen un sistema mixto de financiación de las campañas, con recursos públicos y privados; permiten limitar el monto de los gastos que los candidatos y sus partidos pueden realizar; permiten, igualmente, limitar el monto de los aportes privados; sancionan la violación de los topes con la pérdida del cargo o la investidura; prohíben a los partidos y candidatos recibir financiación de extranjeros; obligan a las agrupaciones políticas y a los candidatos a rendir públicamente cuentas sobre sus ingresos, y responsabilizan a los partidos y sus directivos por “toda violación o contravención” de las normas electorales.
Además, en la Ley 996 de 2005 existen unas reglas adicionales que deben cumplir las campañas presidenciales: la financiación de estas es preponderantemente estatal; solo las personas naturales pueden financiar hasta el 20 % del monto total permitido como gastos de campaña y el aporte individual no puede ser superior al 2 %; los recursos de las campañas deben manejarse en una cuenta única y exclusiva; deben registrarse los libros de contabilidad ante la autoridad electoral; existe una responsabilidad solidaria entre el gerente y el candidato presidencial en el cumplimiento de las reglas de financiación; el CNE puede adelantar auditorías o revisorías sobre los gastos de campaña y la financiación; si se sobrepasan los topes, la autoridad electoral puede imponer la devolución, total o parcial, de los recursos estatales; si el ganador es quien viola las reglas de financiación, puede decretarse la pérdida del cargo por el Congreso de la República.
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Además, la ley responsabiliza a los partidos y a sus directivos por toda violación o contravención de las reglas electorales. Las sanciones van desde la suspensión de la financiación estatal, el derecho a inscribir candidatos y la suspensión o pérdida de la personería jurídica, según la gravedad de la falta.
¿Qué esperar?
A pesar de algunos vacíos, este sistema tiene tres objetivos: (1) evitar la captura de las campañas por parte de grupos económicos poderosos, (2) proteger la soberanía nacional al proscribir cualquier aporte de extranjeros, y (3) evitar que se altere el principio de “una persona, un voto”, con una sobrerrepresentación de las élites económicas.
Los hechos examinados demuestran que, en la práctica, estas reglas no se cumplieron. Los aportes privados de grandes empresas extranjeras (Odebrecht y ahora Pacific Rubiales) no tuvieron límites. Las autoridades electorales no tienen las herramientas, ni la voluntad, para hacer respetar las reglas de financiación electoral. En cuanto a la financiación, se instauró un subregistro a través de prácticas offshore para evitar la violación de los topes y no declarar los ingresos ilegales extranjeros. Se aprovecharon los vacíos legales para facilitar el ingreso de recursos de financiación ilegal de las campañas a través de los partidos políticos, sin que estos asumieran ninguna responsabilidad.
Las nuevas pruebas aquí mencionadas deberían llevar al CNE a iniciar una nueva investigación. Con las pruebas actuales, el CNE debe encontrar mérito para imponer las sanciones a los directivos, a los partidos que los avalaron y a los propios candidatos, por la violación a las reglas de financiación electoral.
* Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y analista de Razón Pública.