:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/sVo3iSUXtI63g8TH_MQUR6vRUGo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/OX3YPATEKNFQ7MYNHTSXWKOO7E.jpg)
Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría de Libertad de Expresión, se pronunciaron sobre las interceptaciones ilegales (conocidas como chuzadas) que habría realizado el Ejército a conversaciones de magistrados, políticos y periodistas. La CIDH es el órgano consultivo en esa materia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y mediante un comunicado expresó una “grave preocupación” frente a los hechos revelados y narrados por la Revista Semana hace algunos días.
(Para contexto: Iván Cepeda llevará a la CIDH nuevo escándalo de chuzadas)
Como primera medida, la CIDH instó al Estado colombiano a realizar una investigación “exhaustiva e independiente respecto a estas actividades y sus responsables”. Desde Washington hace esa petición, a pesar de que recordar que el 14 de enero pasado la Fiscalía y la Procuraduría declararon a la opinión pública sobre la pesquisa que están llevando a cabo para establecer cómo ocurrieron los hechos. En el comunicado también reconocieron que tanto el presidente Iván Duque como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se comprometieron con hacerle seguimiento a la investigación interna para esclarecer lo sucedido.
(Importante: La denuncia que originó el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército)
Con esa información, el CIDH prosiguió, no sin antes recordar cómo las chuzadas han sido protagonistas de la historia reciente de Colombia. Mencionó el caso de las chuzadas del DAS y la operación Andrómeda. “ Las investigaciones sobre las actividades del DAS avanzaron con lentitud, en cuanto a la Operación Andrómeda no se registraron resultados hasta la fecha”, comentó.
Según se lee, en ambos casos el ente mencionó la injerencia ilegítima realizada a defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. Como un llamado de atención más, la CIDH pide que se indague y rectifique la injerencia de instituciones estatales en estos hechos.
En 2019, David Kaye, relator especial para la Libertad de Opinión y Expresión, emitió un informe sobre la industria de la vigilancia y los derechos humanos. En él señaló el blanco que por supuesto son los periodistas y destacó que interceptar conversaciones, hackear celulares y computadores y vigilar de forma masiva los flujos de comunicación son las principales formas de vigilancia.
“La vigilancia selectiva incentiva la autocensura y menoscaba de manera directa la capacidad de los periodistas y los defensores de derechos humanos para realizar sus investigaciones y para forjar y mantener relaciones con sus fuentes de información”, consideró al respecto la CIDH.
Días atrás los senadores Roy Barreras (del Partido de la U) e Iván Cepeda (del Polo Democrático) menciaron que le pedirían justamente a la OEA en Washington protección para las personas presuntamente interceptadas por el Ejército. “Vamos a hablarle a la CIDH de cómo esto afecta el proceso que se sigue en la Corte en relación con Uribe y lo que denuncia Semana en relación con la magistrada y el hallazgo de los micrófonos y el hecho que se le estuviera entregando información a alguien o algunos dirigentes del Centro Democrático”, dijo en ese momento Cepeda.