ONG europeas le solicitan al Congreso aprobar la ley estatutaria de la JEP

Según la Oficina Internacional para los Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), la iniciativa es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.

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En una carta pública, la Oficina Internacional para los Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), le solicitó al Congreso de la República realizar un ejercicio de responsabilidad política y acelerar la aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Creada en 1995, Oidhaco representa una red de más de 30 organizaciones no gubernamentales de Europa que, desde su sede en Bruselas, acompaña las iniciativas de la sociedad civil colombiana en busca del respeto integral de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como la salida negociada al conflicto armado. La oficina tiene además un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

En la misiva, dirigida a Efraín Cepeda, presidente del Senado; Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, y Hernán Penagos, ponente de la iniciativa, se expresa la preocupación por los graves retrasos que está enfrentando el proceso de implementación normativa del Acuerdo de Paz y, en particular, la aprobación de la ley estatutaria de la JEP. Igualmente, hace referencia al reciente informe "A un año de la firma de los acuerdos", de Taula Catalana per Colòmbia, otra plataforma de organizaciones de derechos humanos, en el que se advierten precisdamente los problemas que hoy persisten, relacionados con los retrasos en dicha implementación y la falta de disposiciones fundamentales para la protección de líderes sociales, el desmantelamiento del paramilitarismo y las garantías para la protesta social.

“El proyecto está pasando actualmente por los diferentes debates en el Congreso y ha sido aprobado en sesiones conjuntas de comisiones primeras de Senado y Cámara, pero falta discutirlo y someterlo a votación en sesiones plenarias. Oidhaco les manifiesta su preocupación dado que en los últimos días se ha tenido que aplazar su debate y votación en el Congreso”, señala el documento, que además recuerda que el 30 de noviembre 2017 se termina la aplicación del procedimiento rápido de implementación normativa de los acuerdos, conocido como “fast track”.

En este sentido, la plataforma enfatiza que la ley que regula la Jurisdicción Especial de Paz, que implica el componente de justicia del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, “es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. La JEP ofrece la posibilidad de juzgar a los y los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra ocurridos con ocasión del conflicto y así contribuir al derecho a la verdad de las víctimas”.

Asimismo, insiste en que la JEP hace parte de lo previsto en el capítulo cinco del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado. “Esta parte fue el resultado de un proceso extensivo de consultas a través de foros y delegaciones de víctimas a la mesa de negociaciones y estipula que en todo el sistema integral las victimas ocupan un lugar central. Además, la Corte Penal Internacional podrá intervenir si no hay garantías de que Colombia pueda juzgar internamente a los responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Por otra parte, de cara a la conmemoración del primer año de la firma definitiva en el Teatro Colón de los acuerdos de paz con las Farc, este 24 de noviembre, Oidhaco insiste en la necesidad de un cumplimiento integral de lo pactado para garantizar una paz duradera, sostenible con justicia social y que respete los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. “Solicitamos, por lo tanto, a los miembros del Congreso de la República priorizar estas consideraciones y agilizar la discusión de la normativa que implemente los acuerdos, en particular el proyecto de ley 008 de 2017 del Senado y 016 de 2017 de la Cámara sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (ley estatutaria)”, concluye la carta.