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En un breve comunicado, la Misión Especial de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal, organizaciones que hacen parte del mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) del cese bilateral del fuego y las hostilidades entre el Gobierno y el Eln, expresaron su preocupación por dos incidentes que violan los protocolos: de un lado, el asesinato de ocho campesinos cocaleros en Tumaco por parte de la Fuerza Pública, y por el otro, el homicidio del gobernador indígena, realizado por la guerrilla en el Chocó.
“Aunque en varias regiones del país, la población ha sentido cierto alivio humanitario que genera la suspensión de dichas acciones, aún se mantienen serios desafíos a la seguridad de las comunidades que viven en zonas de conflicto, como por ejemplo los incidentes de violencia ocurridos en Tumaco en octubre, en el que varios campesinos fueron asesinados. También resulta preocupante la situación en Chocó donde se produjo el homicidio del gobernador y líder indígena Aulio Isarama Forastero el 24 de octubre de 2017, hecho que el Eln reconoció y por el que pidió perdón, y el cual fue calificado por la Coordinación Nacional del MV&V como “una violación a las reglas y compromisos” por parte del Eln”, precisa el documento.
El informe, que se enmarca en el primer mes de funcionamiento del cese bilateral, señala que el mecanismo constituye un valioso “espacio de diálogo y prevención de actos de violencia entre las partes”. A la vez informa que ya están operando los 33 equipos de verificación de la ONU en los territorios establecidos por los protocolos, así como también, dieron a conocer que, sin contratiempos, avanzan las labores de pedagogía acordadas por las partes en la mesa de Quito.
“La Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia instan a las partes a mantener su compromiso y voluntad para afianzar el trabajo del Mecanismo de Veeduría y Verificación, contribuir al propósito fundamental de mejorar la situación humanitaria de la población, y a su vez reforzar la iniciativa de cumplido el plazo, establecer un nuevo cese”, señala el comunicado.
Finalmente, la ONU y la iglesia católica hicieron una advertencia a las partes: “es alarmante la tensa situación en zonas rurales de Catatumbo en Norte de Santander, norte del Cauca y Buenaventura en el Valle del Cauca, ante lo cual hacen un llamado a las partes a hacer todos los esfuerzos posibles para evitar incidentes que pongan en riesgo a las comunidades”.