La opción de una séptima papeleta

El Gobierno descartó un referendo o tramitar una ley que le dé facultades extraordinarias al presidente, como fórmulas para generar un respaldo ciudadano al proceso de paz.

Ayer se instaló la tercera reunión del Consejo Nacional de Paz, buscando luces al proceso de La Habana. /SIG

El proceso de paz de La Habana, entre el Gobierno y las Farc en el centro, y alrededor una serie de propuestas, pronunciamientos, expresiones de rechazo ciudadano —con silbatinas y abucheos incluidos al presidente Juan Manuel Santos— y rumores, que solo alimentan la incertidumbre de una sociedad que si bien en la mayoría de las encuestas se ha mostrado a favor de una salida negociada al conflicto, al mismo tiempo deja ver su escepticismo y desconfianza. Un sentir que las mismas Farc se han encargado de alimentar, con acciones como el ataque de la semana pasada en Buenos Aires, norte del Cauca, en el que murieron once militares.

Un hecho que trajo como consecuencia la reanudación de los bombardeos a los campamentos guerrilleros —suspendidos desde el pasado 10 de marzo como un gesto de desescalamiento del conflicto— y el ultimátum del jefe de Estado, el viernes pasado, en el sentido de ponerle plazos al proceso de negociación. Sin embargo, las últimas horas han sido de consultas y análisis en las altas esferas del Gobierno y el mismo Congreso. Por ejemplo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que hubo una reunión con los partidos de la Unidad Nacional en la que se evaluó cuáles pueden ser los mecanismos que se deben utilizar para garantizar el cumplimiento de la palabra presidencial de que cualquier acuerdo debe ser refrendado por la ciudadanía.

Y es sobre este asunto que corren las versiones. Se ha hablado de un referendo o consulta popular, a realizarse el 25 de octubre, día de las elecciones locales y regionales, con el fin de que sea el pueblo el que manifieste su voluntad sobre el proceso de paz, por ejemplo, sobre los plazos. También se mencionó ayer que el Gobierno estaría pensando en pedirle al Congreso, mediante el trámite de una ley, facultades extraordinarias para tomar decisiones sobre las conversaciones. Sin embargo, según conoció El Espectador, las dos opciones, si bien han sido consideradas, tienen más “peros” que puntos a favor.

“No parece haber forma de sacar un referendo para el mes de octubre. El presidente es respetuoso de la institucionalidad de la Corte Constitucional y no va a convocar un referendo si no hay viabilidad jurídica. No habrá referendo ni consulta para el 25 de octubre sobre el tema de la paz”, enfatizó Cristo. Asimismo, sobre lo de las facultades extraordinarias, señaló que se han analizado las que tiene el primer mandatario según la Ley 418 o de Orden Público, que es la que establece los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados ilegales. “Hay que ver si estas facultades son suficientes o hay que implementar reformas (...), pero esto no tiene nada que ver con leyes habilitantes ni esas cosas que se andan diciendo y que solo pretenden dañar y afectar el ambiente de la negociación”, enfatizó el mininterior.

Es aquí donde surge un tercer camino, que está siendo analizado: tratar de implementar en los comicios del 25 de octubre una séptima papeleta —tal y como se hizo para la Constituyente de 1991—, que no sea vinculante al Ejecutivo pero que busque generar un hecho político o algo así como un “mandato por la paz”. En el Alto Gobierno consideran que esta fórmula podría darles un respiro y un aliento político para poder tramitar, ahora sí, un referendo para abril o mayo de 2016, fecha en la que se espera esté firmado el acuerdo final con las Farc.

Sea como sea, todos los caminos parecen cenagosos. Y la oposición arrecia en sus críticas y hace sus propias propuestas. El expresidente y hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, insiste en su propuesta de que las negociaciones con la guerrilla de La Habana se deben suspender de manera temporal: “Mientras no se dé un cese de actividades criminales por parte de las Farc con concentración en un sitio y que sea verificable, por favor suspendan el avance del diálogo hasta que se dé esa condición, sin levantar la mesa”, dijo.

El otro meollo del asunto es sobre los plazos a los diálogos. Un asunto que parece haber pasado a un segundo plano, pues en el Ejecutivo son conscientes de que podría significar algo así como una cadena al cuello. Lo que se dice es que Humberto de la Calle ha planteado que dichos plazos se establezcan como de seguimiento al proceso y no frente a la firma de un acuerdo final. Una postura que comparte el Polo Democrático, donde algunos de sus dirigentes creen que fijar fechas fatales obligaría a renegociar el Acuerdo Marco pactado con las Farc, lo que podría generar el rompimiento de la negociación.

“No queremos más retórica, no más justificaciones a lo injustificable, no sigan incumpliendo sus promesas (...) Yo fui elegido como presidente de la República para alcanzar la paz, ese bien supremo que nos merecemos todos. Pero no será a cualquier precio. Señores de las Farc, la pelota queda de su lado. Y es hora de que nos demuestren que para ustedes la paz es también ese bien soñado y que la legalidad es su próximo escenario”, manifestó ayer el presidente Santos, en la instalación de la tercera sesión del Consejo Nacional de Paz. Palabras en parte ciertas, de cara a la mesa de diálogos en Cuba. Porque la verdad es que en Colombia, al Gobierno sí que le toca jugar con inteligencia y estrategia para voltear un escenario que hoy se le ha vuelto adverso, en la ciudadanía y en un sector de las Fuerzas Armadas.