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El 12 de abril de 2019, el Centro de Política para los Derechos Humanos de la Harvard Kennedy School (Carr Center) convocó a algunos de los investigadores más distinguidos en el campo de la justicia transicional, con el fin de crear una visión de lo que debe ser el proceso de paz colombiano en los próximos años. La invitación consistía en producir colaborativamente un marco de evaluación tanto de las ambiciones como de los resultados de la implementación del acuerdo con las Farc, utilizando puntos de referencia internacionales.
Esta reunión buscaba dar el primer paso para entender cómo se posiciona el acuerdo de paz de Colombia en la historia global de la justicia transicional. A través de estas comparaciones empíricas, se espera obtener un mejor entendimiento sobre cómo evaluar las ambiciones de los diferentes elementos que constituyen el sistema de justicia transicional en Colombia; cómo evaluar su implementación y cómo adaptar nuestras expectativas a la realidad tan difícil en la cual se implementa.
Los invitados concordaron que el sistema de justicia transicional de Colombia es el más ambicioso y holístico que ha habido en el mundo hasta hoy. Más aún, coincidieron en que es el caso más exitoso de justicia transicional centrada en las víctimas. Esto se debe, por un lado, al papel que los representantes de las víctimas jugaron en la negociación. Por el otro, al compromiso del acuerdo con los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no-repetición. La discusión se dividió en cuatro paneles que abordaron cada uno de estos temas.
En el área de reparaciones, Colombia cuenta con un programa innovador, decretado inicialmente en la Ley de Víctimas en el año 2011 y reiterado por el acuerdo de paz con las Farc. Las reparaciones contempladas en este programa van desde aspectos individuales y materiales hasta colectivos y simbólicos. A nivel global, es el programa más ambicioso y enfocado en las víctimas que se ha implementado hasta la fecha, además de ser el primero en integrar medidas de satisfacción con garantías de no repetición. Por ello, los expertos lo describen como un faro para futuros procesos de reparaciones en el mundo. Reconocen, sin embargo, que el universo de víctimas es muy numeroso y que esto implica grandes dificultades, tanto para reparar a la totalidad de las víctimas, como para satisfacerlas plenamente. Sin embargo, los logros a la fecha no tienen precedente en el mundo. Los expertos recomendaron que se dé amplio apoyo al programa y que su implementación acuda a la priorización estratégica y abra canales amplios de comunicación y retroalimentación con las víctimas.
En términos de justicia penal, Colombia ha hecho más que cualquier otro país del mundo, yendo más allá de lo esperado y requerido por la ley internacional. En este acuerdo no existe una dicotomía entre la paz y la justicia, dado que la justicia estuvo integrada a la paz, y la paz a la justicia. Por ello, es visto como una fuente de esperanza tanto para el país como para el mundo. Para cumplir su mandato, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe recibir apoyo político continuo, y su operación debe ser salvaguardada, al tiempo que debe preservar su articulación con otros componentes del Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.
El compromiso de Colombia con la verdad no tiene paralelo, según los expertos. Las medidas para la búsqueda de la verdad que fueron consignadas en el acuerdo de paz son idóneas para hallar hechos cruciales, promover la reconciliación y el reconocimiento de las víctimas, y construir una narrativa que sirva de base para el debate nacional. A través del reconocimiento de este tipo de verdad —que resulta inalcanzable para los procedimientos penales— las comisiones de verdad de alta calidad, como aquella creada por el acuerdo, tienden a producir resultados positivos.
Para promover estas metas, es necesario garantizar que la comisión cuente con suficientes fondos y visibilidad en del país. Los principales retos tienen que ver con la consolidación de los esfuerzos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con otras iniciativas de búsqueda de verdad, para generar un cuadro preciso y completo. Por otro lado, es fundamental involucrar a la sociedad civil y buscar apoyo a través de estrategias de comunicación amplias y diversas, accesibles para un público amplio; un trabajo que ya está en curso en la CEV. Finalmente, es imperativo pensar en pasos concretos y ejecutables para implementar las recomendaciones de la Comisión, de manera que se integre con las instituciones de justicia y las garantías de no repetición.
Finalmente, el acuerdo reúne medidas necesarias y diversas para proporcionar garantías de no-repetición. La existencia de un tribunal penal que juzgue a los victimarios de los peores crímenes está correlacionada con un aumento en el respeto por la ley y por los derechos humanos. Esta correlación es independiente de la severidad de las penas que pueda imponer dicho tribunal. A pesar de ello, muchos participantes concordaron en que las garantías de no repetición son el componente que más dificultades plantea para el sistema. El legado de violencia de varias décadas, la presencia de otros grupos armados, y la continuidad del problema del narcotráfico hacen que tales garantías sean difíciles de mantener. Hay problemas de confianza en varios sectores, que refuerzan estas dificultades. En estas situaciones es esperable que la violencia se mantenga por un tiempo. Por ello, es importante manejar responsablemente las expectativas, pero también tomar medidas que garanticen la integridad física de los más vulnerables, en especial los líderes sociales y los ex combatientes.
Los participantes, entre los que se destacan importantes académicos como Martha Minow, Kathryn Sikkink, Douglas Johnson, Jennifer Schirmer, entre muchos otros, así como también el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, señalaron que los retos que enfrenta el sistema de justicia transicional se deben a la complejidad de su diseño y su vulnerabilidad a presiones políticas. Insistieron en la necesidad de que las personas a cargo de la implementación que actúen de manera estratégica y expedita, reconociendo al mismo tiempo que ningún diseño institucional es perfecto y que algunas adaptaciones pueden ser necesarias en el camino. Enfatizaron en la importancia de los procesos participativos. Los deseos y necesidades de los principales afectados no pueden obviarse y sus voces deben ser escuchadas en el proceso de implementación. El común denominador en las intervenciones de todos los participantes fue un llamado para que se brinde apoyo doméstico e internacional, tanto en términos políticos como económicos.
El pasado martes y miércoles, con el apoyo de la Universidad del Norte y el Carr Center de la escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, presentamos el informe producto de dichas sesiones. En el marco de las discusiones, los participantes reiteraron la novedad del modelo de justicia transicional colombiano, instaron a las autoridades a que cumplan lo acordado al margen de las discusiones políticas que lo único que comportan son el deterioro de todos sus componentes. Si bien el manejo de las expectativas, tanto de las víctimas como de la sociedad en general debe ser un tema que amerita un especial cuidado, atacar los acuerdos y su implementación no sólo constituiría un pésimo mensaje para la comunidad internacional, sino que conllevaría a un claro retroceso social y humanitario.
A pesar de sus imperfecciones y de las resistencias que genere, hoy podemos decir que Colombia tiene un nuevo producto de exportación: la justicia transicional. El mundo tiene los ojos puestos en nuestro país. La paz no es sólo un activo para los colombianos, sino una señal de esperanza para todos los lugares del mundo donde aún hoy persisten los conflictos armados.
* Escuela de Artes y Ciencias Harvard University.
** Departamento de Derecho Universidad del Norte.