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La bancada de la oposición en la Cámara de Representantes radicó ante la Mesa Directa la proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al considerar que incumplió la primera orden que dictó la Corte Suprema de Justicia a través del fallo de tutela con el que protegió los derechos a la libre protesta de presentar excusas “por los desafueros cometidos” contra los manifestantes en el paro nacional de 2019, según recoge la carta entregada al presidente de la Cámara, Germán Blanco.
“La situación lejos de generar un propósito de enmienda y corrección por parte del Gobierno y la cartera de defensa, ha generado una actitud negacionista del problema que insiste en respaldar de manera solapada el accionar de la Fuerza Pública, profiriendo afirmaciones indefinidas respecto del cabal cumplimiento de normas y protocolos que se suponen representan una garantía de respeto a los derechos humanos de la ciudadanía”, se lee en la proposición.
A lo que hacen alusión es al comunicado del Ministerio de Defensa, del pasado jueves, con el que se asegura que el 11 de septiembre, días antes de proferido el fallo que ordenó pedir perdón, ya había presentado excusas por los excesos de la Fuerza Pública y que “esa espontánea expresión se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”.
La bancada insistió que ese gesto “es un claro desafío a las instituciones democráticas del país” y una evasión a las órdenes judiciales. “Su mensaje nuevamente reedita su posición de respaldar irrestrictamente el actuar del Esmad bajo la falacia de que sus comportamientos se apegan a los protocolos y manuales operativos, y, peor aún, haciendo gala del cinismo que lo caracteriza, acude de manera retroactiva a su pronunciamiento para extender el alcance de este a los nuevos hechos cobijados por la sentencia”.
Más contexto: Mindefensa dice que, antes del fallo de la Corte, ya había pedido perdón.
Sobre este marco, la oposición trajo a colación en la proposición la sentencia 670 de 1998 de la Corte en la que determina que “el Estado de Derecho no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus destinatarios (…) Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas públicas y privadas tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos”.
Al presentar estos argumentos, la bancada hizo un recuento de las manifestaciones acontecidas contra el Gobierno y las agresiones y vulneraciones a los derechos de la ciudadanía en el marco de estas. En ese sentido, recuerda las protestas estudiantiles en 2018 que salió a las calles a pedir más recursos para la educación pública. En estas movilizaciones se presentaron excesos en el uso de bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, agua a presión, explosivos no letales y armas de dotación, así mismo capturas ilegales e injustificadas, agresiones verbales e intimidatorias.
En 2019, recoge, se convocó al paro nacional en el que murió el joven Dilan Cruz tras ser impactado por una munición tipo “bean bag” de un uniformado del Esmad. Además de este hecho, la bancada recuerda también actuaciones por parte de la Fuerza Pública como las presentadas en 2018.
Por último, comenta la muerte del abogado Javier Ordóñez en medio de un procedimiento policial que detonó en nuevas movilizaciones en las que murieron otras 12 personas más. Así como la reciente muerte de Juliana Giraldo, mujer trans, a manos de un soldado en Miranda, Cauca.
“Solo en Bogotá, la Alcaldía, en conjunto con la Defensoría y Procuraduría, tiene reportadas 137 denuncias de abuso policial durante este año, cifra que dista mucho de los datos que reporta la Policía Nacional, que son 38 casos”, dice la bancada con base en un informa de la organización Temblores.
Con lo expuesto, tanto en lo ocurrido en las manifestaciones como lo que, a su juicio, es una falta de Carlos Holmes Trujillo, la oposición concluye que “es posible evidenciar que existen unos patrones de violencia sistemática en contra de la población civil por parte de la Policía Nacional, el Esmad y el Ejército Nacional (…) la falta de liderazgo civil del ministro y sus declaraciones frente a los hechos acá descritos ha llevado a que los responsables no hayan sido sancionados y de esta forma se sigan repitiendo los abusos de miembros de las fuerzas contra los ciudadanos”.
En ese sentido, trayendo a colación también las masacres y el asesinato de líderes sociales, la bancada afirma que la permanencia de Trujillo en la cartera es un riesgo para los colombianos porque, dice, “ha sido incapaz de asumir con humildad y propósito de enmienda las reformas que exige la sociedad para reconciliarse con quienes están llamados a protegernos”.
La proposición firmada por 22 representantes debe ponerse a consideración en la plenaria de la Cámara para hacer la correspondiente citación al ministro que, en caso de ser aceptada, se debatirá ante unos congresistas que defienden a capa y espada su estadía en el cargo versus a otros que piden su salida inmediata de la cartera.
El exministro de Defensa, Guillermo Botero, a quien Trujillo reemplazó, renunció al cargo el 6 de noviembre de 2019 luego de que en un debate de moción de censura en Senado se tuviera un ambiente positivo para impulsar su salida en una próxima sesión. Antecediéndose a ese escenario, Botero dimitió en un ambiente desfavorable a la Fuerza Pública y su gestión por la revelación de que en un operativo militar en el que se bombardeó un campamento de disidencias de las Farc donde se encontraban por lo menos ocho menores de edad.
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