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Este martes, congresistas, concejales, y defensores de derechos humanos enviaron una extensa carta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en la que denuncian la presunta comisión de delitos de lesa humanidad por parte de unidades de la Policía durante las manifestaciones del 24 de agosto de 2018 y el 13 de septiembre de 2020. Hablan de violaciones de los derechos humanos por medio de actos como tortura, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual, deportaciones forzadas y asesinatos, cometidos posiblemente por los uniformados.
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La carta contiene 64 páginas con evidencias e interpretaciones sobre los hechos en mención. Señalan específicamente que aunque en las protestas en el país han nacido como acción para reclamar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el fortalecimiento de la educación pública y medidas sociales y económicas que permitan superar la pobreza extrema, han estado plagadas de continuas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. La prolongación de ello, según los firmantes, le da el carácter sistemático a los actos ilegales de la Policía, con lo que estarían violando el artículo siete del Estatuto de Roma, que habla sobre los crímenes de lesa humanidad. En Colombia, dicho estatuto entró en vigor en agosto de 2009, por ello acuden a este tribunal para revisar estas pruebas.
En la misiva apuntan que en el marco de un poco más de dos años, es decir desde que se posesionó Iván Duque en la presidencia, han muerto 57 personas por el accionar policial, se han cometido 20 actos de tortura, 1.923 detenciones irregulares y cinco actos de violencia sexual. Del total de muertos, por ejemplo, anotan que 14 fallecieron “por el uso indiscriminado de armas de fuego la noche del 10 de septiembre de 2020 en las ciudades de Bogotá y Soacha, luego de una jornada de protestas en contra del abuso policial y del asesinato del ciudadano Javier Ordoñez por parte de un grupo de policías”, se lee en el documento.
“La sistematicidad de estos hechos ha sido acompañada por una ausente investigación penal y disciplinaria en la mayoría de los casos”, dicen en la carta, argumentando que la competencia sobre varios de esos casos la ha asumido la Justicia Penal Militar, “un tribunal que cuenta con jueces militares y que según los estándares internacionales no garantiza los procedimientos que deben regir un juicio justo, y a su vez, no debería conocer de graves violaciones a los derechos humanos”, complementan. Piden que en la investigación preliminar de Colombia, la CPI incluya estos posibles crímenes.
¿De dónde sacan estos datos? Los firmantes detallan que la información ha surgido gracias a denuncias y testimonios recolectados en ocho audiencias públicas y debates de control político, citados para hablar sobre la violencia policial ocurrida en las marchas. “Así mismo se utilizó la información recibida por las organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes, quienes apoderan a varias de las víctimas aquí señaladas, particularmente se utilizó el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la libertad: asunto de todas”. Adicional a esto, utilizaron información oficial de las autoridades informes periodísticos, y la revisión de fuentes abiertas de información.
En el documento se recopilan 75 hechos que narran “la victimización” de 2.007 personas, de las cuales se aporta la identidad de 82. Relatan, por ejemplo, la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, en custodia policial en Bogotá, que desató el 9 y 10 de septiembre fuertes enfrentamientos entre los uniformados y los marchantes, al punto de registrarse los asesinatos mencionados por impacto de balas, varias de ellas en los abdómenes de las víctimas mortales.
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“Según el informe del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Javier Ordóñez recibió golpes en casi todo su cuerpo. Esto le habría ocasionado trauma cerrado de abdomen, trauma en la región lumbar y estallido del riñón derecho, así como ruptura de la arteria y de la vena renal. Se ha informado que los golpes generaron una hemorragia interna de 3.500 cm3 concentrada en el abdomen. De igual forma, la necropsia indica que más de dos personas agredieron a Javier Ordóñez y que se accionaron armas de fuego alrededor del cuerpo de la víctima”, trajeron a colación sobre la muerte de Ordóñez.
Según la carta, hay suficientes pruebas que sustentan la existencia de una política nacional que incentiva el ataque sistemático a la población, por parte de una autoridad civil, como lo es la Policía. Arguyen, además, que los altos mandos de esa entidad "promovieron, alentaron y cooperaron no han sido investigados, procesados o sancionados por sus conductas. “Por el contrario, funcionarios públicos responsables de la dirección de la Policía Nacional constantemente niegan, minimizan o directamente ignoran la existencia de los crímenes cometidos contra la población civil por agentes de la policía, lo que ha prolongado los efectos de la violencia durante la actual administración política del país”, puntualizan al respecto.
De hecho, se van directamente en contra del Gobierno: "Durante la actual administración, el presidente de la República, Iván Duque Márquez y su ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, han sostenido una política de negación de la comisión de estos crímenes y graves hechos, intentado eludir que se trata de casos aislados, como conductas de algunos “malos agentes” o el conocido discurso de las “manzanas podridas"”, dicen.
Sobre el asunto, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, manifiesta que “señalamos que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, están incumpliendo ordenes judiciales y burlando a la justicia, lo cual, puede ser un detonante de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia”.
Por ello, solicitan a la CPI que analice la información suministrada a la luz del Estatuto de Roma para que “determine la existencia de fundamento razonable para incluir dentro del examen preliminar sobre el país esta situación”. Así mismo, que realice una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos, en específico, sobre la investigación, procesamiento y sanción judicial de los responsables materiales y máximos responsables involucrados en los presuntos delitos de lesa humanidad, en el marco de la protesta social.