Ordenan reemplazo de registradores investigados

El registrador Carlos Ariel Sánchez nombró registradores ad hoc ante riesgo de fraude electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil defendió este lunes el papel que viene adelantando para combatir la corrupción y el posible fraude electoral.


Al conocer las críticas por los 78 funcionarios de la Registraduría que están siendo objeto de investigaciones por irregularidades en la inscripción de cédulas, intervención en política, parcialidad política e incumplimiento de sus labores, el registrador Carlos Ariel Sánchez dijo que “es la propia Registraduría la que inició y adelanta las investigaciones sobre esos funcionarios”.


"Sobre los registradores investigados, mientras se adelanta la respectiva investigación, los reemplazamos con registradores ad hoc, no los dejamos manejar las elecciones para brindar garantías a los electores y defender nuestro sistema democrático" enfatizó


En ese sentido, Sánchez admitió que "en esta época de elecciones los riesgos aumentan, sin embargo, en la Registraduría estamos interesados en la transparencia del proceso electoral y en eso trabajamos de la mano de la comunidad y las autoridades".


En la Registraduría recuerdan que son 78 de más de 3.500 los trabajadores que están siendo investigados.


Este lunes El Espectador reveló que hay 78 funcionarios investigados; de estos, 58 son registradores municipales, el eslabón más importante y garante de transparencia en un proceso electoral.


Esta preocupante información fue entregada por la Registraduría a la Misión de Observación Electoral (MOE). Al respecto su directora, Alejandra Barrios, manifiesta que “no se trata de una cifra menor, son los registradores municipales los encargados de garantizar la trasparencia, y si esas garantías no existen, de ahí para abajo la legitimidad de la organización del proceso electoral se viene abajo. Es importante aclarar que estos procesos se encuentran en investigación y los funcionarios no necesariamente son culpables, pero en procura de la transparencia no deberían estar a cargo de vigilar el proceso”.


Uno de los temas que más inquietud genera es que coincidencialmente las regiones en donde se presentan riesgos por violencia, empleo de subsidios del Gobierno a cambio de beneficios electorales o trasteo de votos coinciden son Magdalena, Córdoba, Chocó y Bolívar, dejando claro que los ilegales quieren ganar el poder regional sin importar las vías que sean necesarias para lograrlo.


La solicitud de medidas por parte de la Registraduría no son nuevas y tienen un complejo precedente: el pasado 22 de agosto el mismo presidente Juan Manuel Santos advirtió una serie de irregularidades que se estaban presentando con el registro de firmas para la inscripción de los candidatos a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero y Susana Correa, a quienes, señaló Santos, les propusieron solucionar problemas en el registro de las firmas para inscribir sus candidaturas a cambio de $200 millones y ayudarles a ganar las elecciones por $2.000 millones.


Por esta denuncia se ordenaron 19 traslados de funcionarios de la Registraduría en el Valle del Cauca y se dio la salida de uno de los funcionarios más importantes de la entidad, el exdirector de Censo Electoral Hollman Ibáñez Parra, quien resultó salpicado con el escándalo. Además, fue cambiado el mecanismo de revisión de firmas para avalar las aspiraciones independientes.


Las alarmas están prendidas, la solicitud de marginamiento de estos funcionarios frente al proceso electoral de octubre ya fue realizada, ahora resulta necesario que la Registraduría tome medidas para evitar que las elecciones resulten afectadas por los principales responsables de la transparencia.