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El presidente Iván Duque citó a los partidos de gobierno e independientes para discutir los ánimos para la construcción de un acuerdo nacional que lidere reformas que blinden la extradición y mejoren puntos del pacto suscrito entre las Farc y el Estado en noviembre de 2016. A los ojos de las víctimas, el consenso que busca el Ejecutivo, convocado en el marco del escenario que despertó la situación jurídica del excomandante “Jesús Santrich”, atenta contra la verdad.
“Llamamos a los partidos políticos que se apartaron de validar las seis objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP a negarse a ser parte de un pacto que desconoce el Acuerdo de Paz. El pretexto de mejorar la JEP no es otro más que imposibilitar que conozcamos las verdades: negadas, ocultas y tergiversadas sobre nuestras victimizaciones y las del país”, se lee en un comunicado.
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Para ellos, el rumor que rondaba en los sectores políticos, acerca de decretar conmoción interior para extraditar a Santrich, intentaba “acabar moralmente a la JEP”. “Estos hechos han estado antecedidos por una campaña de presiones y desprestigio por medio de sectores que se oponen a la verdad histórica y judicial del uso de mecanismos ilegales para interceptar a la Corte Constitucional, así como de presiones indebidas a la Corte Suprema de Justicia”, expresaron y resaltaron los hechos que, a su juicio, entorpecen el actuar judicial en el país, especialmente los casos relacionados con el proceso de paz.
En ese sentido, las organizaciones de víctimas destacaron que el acuerdo que se está fraguando ignora el incumplimiento del Estado en las zonas de violencia en el país. “Nuevos criminales, que no son propiamente disidencias de las Farc, operan (en nuestros territorios) con la ineficacia de sectores de la Fuerza Pública y con el miedo o silencio de los alcaldes, tomando nuestras tierras, reclutando a nuestras hijas e hijos, forzándonos al silencio, al desplazamiento y al exilio”, denuncian al unísono.
En ese orden de ideas, enumeran lo que para ellos son las omisiones del Estado que ahondan en la dificultad de cumplir con el proceso de paz: ausencia de la Fuerza Pública, planes de inclusión social en los territorios afectados por la violencia, ausencia de una política de protección ambiental eficaz y coherente, además de una estrategia para devolverles sus tierras, obstaculización a la Comisión Nacional de Garantías y el incumplimiento en la satisfacción de los derechos básicos.
Además de estas situaciones, expusieron con preocupación las reiteradas muertes a líderes sociales y excombatientes de las Farc. “Todo parece indicar que estamos ante una cruzada para evitar la verdad, para crear nuevas dinámicas de guerra e impedir la paz completa”, expresaron calificando este complejo fenómeno.
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En conclusión, reiteraron su principal angustia: “Se está imposibilitando la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la posibilidad de lograr el cierre del conflicto político armado y que se respeten los derechos de los comparecientes exguerrilleros, exmilitares, y algunos de los llamados terceros. Tememos que ante un pacto excluyente e inviable tomen las medidas de excepción para acabar la paz pactada y limitar más nuestro derecho a la paz, a la verdad, a la justicia restauradora y las garantías de no repetición. Quienes firmamos defendemos la paz acordada”.
Algunas de las organizaciones firmantes son Familias víctimas secuestro y asesinato diputados del Valle del Cauca, Comité Desplazados de El Aro, Asociación de Mujeres Desplazadas de Ríosucio, Familiares de Desaparecidos del Palacio de Justicia, Familiares víctimas de la violencia política de Tumaco, Red Defensa del Agua la Vida y el Territorio, Asociación Campesina de Caldono, Consejo Comunitario del Naya, entre otros.
Este martes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que no se trabajará en ninguna propuesta hasta conocer las decisiones referentes a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP y la apelación al fallo del tribunal transicional sobre la garantía de no extradición a Jesús Santrich. "El Gobierno no está ofreciendo nada distinto a una revisión de la situación, para nadie es un secreto que hubo indignación frente a lo que sucedió la semana pasada. Por eso este tema fue parte de la conversación. El país requiere una respuesta para que no haya impunidad", comentó la jefe de la cartera política a Blu Radio, refiriéndose al hecho relacionado con el excomandante de las Farc.
Para ella, este acuerdo que se está construyendo busca "revisar esas normas (producto del Acuerdo de Paz) para que sean corregidas y puntualizadas, para que no haya fisuras, para que no haya impunidad, para que se mantenga el orden legal y constitucional". Igualmente, Gutiérrez explicó que, en un primer momento, se habló con los partidos de gobierno e independientes porque es con los que hay coincidencia ideológica o una posibilidad de esta.