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Las voces conocedoras del tema coinciden al afirmar que el abogado Pablo Elías González Monguí, nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tiene una hoja de vida profesional y académica envidiable. Se graduó de la Universidad Libre el 21 de agosto de 1980. Desde ese momento empezó a labrar su camino como litigante y destacado consultor en temas sobre todo penales, en diversas entidades, como el Banco Mundial y la Unión Europea. Una carrera que con el tiempo lo ha llevado a reunir dentro de su patrimonio invaluable por lo menos 18 libros sobre derecho penal, derechos humanos y derecho internacional humanitario, de los que fue autor, editor o coordinador. Además tiene tres especializaciones y es doctor en derecho de la Universidad Externado de Colombia.
Al tiempo, la carrera profesional de González se fue edificando. El primer cargo importante que tuvo como servidor público fue el de jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en 1989, durante la gestión de Alfonso Gómez Méndez como procurador. Desde ese puesto, en años en los que los carros bomba de Pablo Escobar o los crímenes políticos, como el de Luis Carlos Galán, aterrorizaban al país, llevó investigaciones de largo aliento en contra de los violentos. Uno de los hitos más significativos fue la estructuración de la indagación por la ola de asesinatos en Trujillo (Valle del Cauca), en donde murieron más de 330 personas y que alcanzó su momento más crítico con el asesinato, el 17 de abril de 1990, del sacerdote Tiberio Fernández Mafla, cuyo cuerpo descuartizado fue rescatado del río Cauca.
Esa investigación destapó las conexiones que había entre el cartel del Norte del Valle y miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, aunque no prosperó, el presidente Ernesto Samper tuvo que negociar con la Organización de Estados Americanos (OEA) una comisión que viniera al país para pedir cuentas ante la impunidad en el caso de Trujillo. El informe entregado por el organismo multilateral no sólo reabrió el caso, sino que motivó la construcción del parque monumento de Trujillo, en conmemoración a las víctimas.
Cuando Gómez Méndez llegó a la Fiscalía, en 1997, se llevó a González Monguí con él. Allí lo nombró director del CTI, desde donde desarrolló fuertes operativos en contra del paramilitarismo y la guerrilla, acompañado, entre otros, de los fiscales Virgilio Hernández y Pedro Elías Díaz Romero, hoy magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). González Monguí fue pieza clave para evitar un desenlace peor en el secuestro de la entonces periodista de El Espectador Jineth Bedoya, pues una vez se supo de él se movió rápidamente en un operativo que permitió que ella fuera encontrada en un sector despoblado cercano a Villavicencio.
Durante su tiempo como fiscal encargado, en 2001, asumió varios casos de connotación nacional, entre ellos el del general (r) Rito Alejo del Río, en contra de quien apoyó una medida de aseguramiento. Sin embargo, su sucesor, Luis Camilo Osorio, revocó la decisión.
González se dedicó después al ejercicio del litigio. Recientemente, en calidad de apoderado del excongresista Aristides Andrade, logró su absolución en la Corte Suprema de Justicia después de un largo proceso de 10 años dentro de un montaje judicial en el que se pretendió acusar al político santandereano del asesinato de David Núñez Cala, dirigente de Barrancabermeja. También ha sido apoderado del empresario cartagenero Alfonso Turco Hilsaca.
Llega, entonces, a la UNP un funcionario que sabe en carne propia lo que es estar amenazado en su territorio, a asumir la labor de proteger la vida de los que hoy viven el mismo flagelo en las regiones del país, especialmente los líderes sociales y comunitarios. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo —ni siquiera entre los organismos públicos existe coincidencia en el número global de casos—, desde el 1º enero de 2016 hasta el 22 de agosto de este año van 343 defensores de derechos humanos asesinados en el país. Este, sin duda, será el mayor reto para González, debido a que, a pesar de que el Gobierno ha establecido nuevas medidas de protección para los líderes sociales, estará en sus manos implementarlas y que no suceda, como denuncian las voces en los territorios, que “las normas se pierden en el camino hacia las regiones”, siendo las más afectadas Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Arauca.
El nombramiento de González Monguí, que lo tomó por fuera del país, parece saldar lo ocurrido con el anuncio de Duque de designar en la UNP a Claudia Ortiz, una decisión que el presidente echó para atrás luego de que la oposición encendiera la polémica argumentando falta de garantías por las publicaciones hechas por Ortiz en redes sociales en contra de miembros de la oposición y de la FARC, hasta el punto de que varios anunciaron que, de materializarse el nombramiento de Ortiz en la entidad encargada de brindarles la protección, renunciarían a sus esquemas de seguridad. En el Centro Democrático algunos ven con tranquilidad la llegada de González Monguí a la UNP, aunque los sectores más radicales del partido uribista consideran que su perfil dejará tranquilos a los sectores de izquierda.
Para el presidente Duque, el propósito inicial de la UNP es que “en las próximas dos semanas tengamos esa política articulada de prevención, de respuesta a alertas tempranas, que nos permita enfrentar este fenómeno”. Confía en el conocimiento en temas de seguridad con el que cuenta González, por lo que “ayudará a construir esta política donde tengamos la protección integral a los grupos de personas que puedan ser sujetos de amenazas”.