Palo por Palacino

La pelea institucional más grave de los últimos tiempos entre la contralora y el fiscal ya se desbordó. El telón de fondo de la controversia es el caso Saludcoop.

Eduardo Montealegre, fiscal. / Archivo. Sandra Morelli, contralora. / Archivo

El origen de la guerra frontal entre la contralora Sandra Morelli y el fiscal Eduardo Montealegre tiene nombre y apellido: Carlos Eduardo Palacino, expresidente de Saludcoop. Desde que Montealgre se posesionó como fiscal, Morelli puso bajo la lupa los millonarios contratos que como abogado había suscrito Montealegre en calidad de defensor de Palacino y Saludcoop desde el año 2006. La respuesta de Montealegre fue declararse impedido para investigar a su excliente. No obstante, declaraciones de lado y lado aumentaron la tensión entre Morelli y Montealegre. Ni siquiera el jalón de orejas del presidente Juan Manuel Santos hizo que amainara la tormenta.

Pero la declaratoria de guerra se formalizó ayer cuando el fiscal le pidió a Morelli que se retractara de la acusación que lanzó hace dos semanas, según la cual incluso ya posesionado en su nuevo cargo Montealegre siguió ejecutando el contrato de asesoría con Saludcoop y, por lo tanto, recibiendo dineros de éste. Molesto el fiscal, con pruebas en mano, señaló desde Cartagena que Morelli ha dicho una mentira del tamaño de una catedral y que si eso hace con una personalidad como el fiscal general, qué no hará contra cualquier particular. Montealegre mostró una resolución de la Superintendencia de Salud en donde se certifica que desde el 28 de marzo de 2012 cedió sus contratos de Saludcoop al abogado Camilo Vela, aunque por un error que ya fue corregido seguía apareciendo como contratista de esa EPS.

Precisamente la semana pasada la emisora W Radio informó que aparecían en el sistema de la EPS hasta septiembre de 2012 dos contratos del fiscal Montealegre por $950 millones y $250 millones. El mismo fiscal pidió rectificación de dicha información y hoy todo parece claro según el certificado de la Superintendencia: se trató de un error humano. No obstante, la guerra contra la contralora parece ya no tener reversa. Justamente el pasado miércoles la contralora delegada Maribel Cavanzo Puerto, en un fallo de 378 páginas, condenó a Palacino y a otros directivos de Saludcoop por $1,4 billones, al hallar evidencias de que con recursos públicos de la salud se financiaron viajes estrambóticos, compras de torres de hoteles, se dieron bonificaciones excesivas, se patrocinaron proyectos en el exterior y hasta suntuosas remodelaciones de casas campestres.

Por ejemplo, entre los hallazgos de la Contraloría se estableció que se financió un viaje en octubre de 2007 a Singapur para los directivos de la EPS y allí sólo tenían previsto tratar la adquisición de un edificio ubicado en el norte de Bogotá por un valor de $72 mil millones. También se encontró que honorarios de sus abogados fueron pagados con cargo a los recursos del sistema de salud y entre estos mencionó cinco contratos por un valor total de $3.246 millones a favor de Montealegre y dos contratos más a favor de Jaime Lombana por $616 millones. En otras palabras, la Contraloría de Morelli estableció que con dineros de la salud se le pagó al hoy fiscal. Todo este cruce de hallazgos es el telón de fondo de una pelea que se salió de su cauce.

Con un antecedente que genera preocupación: hace más de un año, el 17 de octubre de 2012, la Procuraduría sancionó al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino y a 11 de sus directivos por el multimillonario desfalco a la EPS. El Ministerio Público señaló que había pruebas contundentes de que se hicieron cobros ilegales al Fosyga sobre facturas que nunca fueron pagadas. Más de 8 mil cheques falsos fueron la prueba de estas irregularidades. De esta forma la Contraloría y la Procuraduría ya han finalizado sus pesquisas por el caso Saludcoop; pero en la Fiscalía no parece haber avances contundentes. Se sabe que se investiga a Palacino y a un arquitecto de su confianza, Eduardo Barrera, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Asimismo, hay otras dos indagaciones que involucran a directivos de la EPS que habrían fabricado recobros con datos de personas aparentemente muertas y un expediente preliminar para determinar si se cobraron ilícitamente las solicitudes al sistema de salud de personas de regímenes especiales como profesores o integrantes de la Policía para pagar clubes campestres como el de Villa Valeria. Pero además el despacho del vicefiscal investiga a la contralora Morelli por presuntas interceptaciones ilegales, por el contrato de arrendamiento de la sede de la Contraloría en Bogotá —se indaga si uno de los dueños del lote, Jaime Aroch, sería un lavador de la mafia— y porque, justamente en el caso Saludcoop, se hicieron copias espejo de los computadores de la EPS y se ordenó cruzar un listado de 57 nombres de exministros, un magistrado de la Corte Constitucional y hasta una periodista para verificar si aparecían en esos PC.

La guerra está declarada. En los pasillos de la Contraloría la tesis es que el excliente del hoy fiscal es el verdadero detonante de esta pelea de marca mayor.

Cronología de la caída de Saludcoop

11 de mayo de 2011
La Superintendencia de Salud interviene Saludcoop, argumentando “la falta de confiabilidad en sus manejos contables”.

11 de julio de 2012
Se anuncia que se prorrogaría la intervención de la EPS por diez meses, porque la realidad financiera de Saludcoop resultó más grave de lo que se halló en mayo de 2011.

17 de octubre de 2012

La Procuraduría inhabilita por 18 años para ejercer cargos públicos a Carlos Palacino y lo multa con $56 millones por estafa e incremento injustificado del patrimonio.

10 de mayo de 2013
La Supersalud decide prorrogar hasta el 11 de mayo de 2014 la intervención de la EPS, porque todavía “la información contable no genera confiabilidad”.

13 de noviembre de 2013
La Contraloría le ordena al expresidente de la EPS Carlos Palacino y 14 funcionarios más la restitución de $1,4 billones que fueron desviados de recursos de la salud.