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Desde la semana pasada, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miguel Samper Strouss, se encuentran enfrascados en una fuerte discusión en medios de comunicación y las redes sociales. Un rifirrafe en el que también han ‘salido al baile’, como se dice coloquialmente, Patricia Linares y María del Pilar Bahamón, presidenta y secretaria ejecutiva, respectivamente, de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por estos días en ojo de la tormenta, tras la captura del exfiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, el viernes pasado junto a otras tres personas, implicado en un supuesto soborno para influir en el proceso de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.
Valencia prendió la mecha cuando reveló, documento incluido, que Samper había suscrito un contrato por $50 millones con la JEP, a finales del año pasado, para trabajar por un mes en el desarrollo del punto cinco del Acuerdo de Paz de La Habana. "Yo estoy denunciando lo que veo que está pasando en la JEP. Nos deben una explicación", expresó. Explicación que dio Bahamón, quien defendió el contrato argumentando que se ajustó a los requerimientos legales de la entidad y que el plazo para su ejecución no fue de siete días sino de 40 días, además de destacar la “experiencia profesional y trayectoria” de Samper.
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El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras ha ripostado yéndose lanza en ristre contra la senadora uribista en la red de Twitter, recordando que su hermano, Pedro Agustín Valencia, fue nombrado cónsul en Miami, según él, sin tener los méritos para ello, a su vez con documentos sobre su hoja de vida y el decreto de nombramiento. “¿Qué méritos tiene su hermano, el recientemente nombrado Cónsul en Miami, para ejercer la carrera diplomática? ¿Derecho al trabajo?”. Esta última pregunta tiene que ver con las declaraciones de Valencia en las que ha dicho que su hermano tiene derecho a trabajar.
En otro trino, Samper se refirió a la contratación de una de las personas que la acompañó en su campaña al Senado, también revelando los documentos que así lo ratifican: “¿Su gerente de campaña, Juan Guillermo González, se ganó un contrato de 40 millones de pesos limpiamente en el Senado? ¿O también es derecho al trabajo?”. Según el exfuncionario, la congresista del Centro Democrático “es muy buena para ver la paja en el ojo ajeno, pero no para ver la viga en el ojo propio”. Y enfatizó: “Mis actividades en el sector público y en el privado son de cara al país, totalmente abiertas al escrutinio de la ciudadanía, como debe ser. Tal es mi convicción de rectitud de cada una de mis acciones. Así deberían ser los nombramientos a dedo de Paloma Valencia”.
Asimismo, Samper recordó que una cuñada de la legisladora del Centro Democrático fue contratada por uno de los organismos del Estado: “¿Qué hace la esposa de su hermano, Valeria Saldarriaga, ocupando uno de los más altos cargos en la Agencia de Renovación del Territorio? ¿Derecho al trabajo?”. Con preguntas directas planteadas en dos trinos más: “Usted dice que los cargos públicos no pueden ser entregados a gente sin mérito porque eso es ‘mermelada’. Con el nombramiento de su hermano, ¿es ‘mermelada light’?” y “Usted, que tanto defiende la ‘ética pública’, ¿por qué no le cuenta al país la verdad sobre sus cuotas y contratos?”.
En este tire y afloje ha salido a flote la presunta relación que en el pasado habrían tenido las mencionadas funcionarias de la JEP,Linares y Bahamón, con Samper. Según reveló W Radio, en 2016, cuando estaba al frente de la Agencia Nacional de Tierras, este habría nombrado a Harold Enrique Linares, hermano de Linares, como experto código G3, grado 8 del despacho del director general de la planta temporal de la entidad. Además, Bahamón fue directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), donde era jefe, precisamente, de Harold Enrique Linares.
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Otro nombre que apareció fue el de Claudia Linares Prieto, también hermana de Patricia Linares, nombrada desde el 12 de septiembre del año pasado como jefe de oficina en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, uno de los tres organismos del Sistema Integral de Justicia, Verdad y No Repetición. Luz Marina Monzón, directora de ese organismo, le dijo a la emisora que fue ella quien la buscó “para liderar un proceso que hace parte de su experiencia en gestión del conocimiento”.
Ayer, en un comunicado público, María del Pilar Bahamón, explicó todo su recorrido como funcionaria pública, negando conocer al expresidente Ernesto Samper y haber pertenecido a algún partido político, y recalcando que las posiciones y cargos desempeñados “han obedecido a mi idoneidad y trayectoria al servicio de lo público sin reproche o tacha alguna”. La hoy secretaria ejecutiva de la JEP estuvo en el IDU en 2011 y en 2013 estuvo con el Ministerio de Justicia realizando una labor para la Oficina de Información en Justicia.
“Para entonces no conocía al doctor Miguel Samper. En enero de 2014 fui nombrada como directora general de la USPEC por invitación del doctor Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia y del Derecho. En dicho Ministerio se desempeñaba como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa el doctor Miguel Samper, quien venía de ser director de Justicia Transicional y también viceministro de Promoción de la Justicia. Miguel Samper no tuvo nada que ver con mi nombramiento”, refirió.
También negó haber nominado a Harold Linares, quien se desempeñaba como director de infraestructura en la USPEC, pues cuando asumió ese cargo este ya se encontraba contratado y por estar vigente la Ley de Garantías, mantuvo el equipo que encontró. Posteriormente, Bahamón dice que volvió al sector de las telecomunicaciones y fue asesora del ministro de las TIC, David Luna, cartera en la que también ya había acompañado a los anteriores ministros, María del Rosario Guerra, Daniel Medina y Diego Molano.
Sobre su llegada a la JEP, aseguró que en junio de 2018 fue escogida como secretaria ejecutiva, luego de surtir un proceso de selección entre 62 aspirantes. “Para ese momento no conocía a la doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP, y mi elección se efectuó en el seno de un cuerpo colegiado”.
Bahamón defendió la contratación de Miguel Samper, entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre del año pasado, para hacer acompañamiento a la JEP en la definición de los mecanismos de articulación entre los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP) y de este con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
“El contratista cumplió satisfactoriamente sus obligaciones, y con la ejecución de dicho contrato se logró establecer los mecanismos de articulación, consolidar una ruta para el funcionamiento del Comité de Coordinación Interinstitucional y establecer un protocolo de cooperación e intercambio de información entra las instituciones que conforman el Sistema, paso fundamental para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Vale la pena mencionar que la supervisión del contrato del doctor Miguel Samper fue realizada por el Subsecretario Ejecutivo de la JEP, quien dio cuenta de su satisfactoria ejecución. En la contratación del doctor Miguel Samper nada tuvo que ver la presidenta de la JEP, la doctora Patricia Linares”, concluye el comunicado.