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El coordinador de la Comisión de Seguridad Aérea del Senado, Juan Manuel Galán, denunció que, anualmente, Panamá recibe de las aerolíneas colombianas US $ 18 millones de dólares por el control que ejerce al tránsito de aeronaves sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, suma que debería corresponderle al país “si ejerciera completa soberanía de su espacio aéreo”.
Según los estudios e informes de la Comisión, a Colombia se le señala que no tiene la administración completa de su espacio aéreo, debido a la falta de infraestructura y tecnología, cuando en realidad cuenta con los equipos necesarios para ejercer esta actividad de control desde 1995, cuando el Gobierno Nacional dispuso en el archipiélago un radar administrado por la Fuerza Aérea, con el cual se puede controlar el tránsito de las aeronaves.
“Colombia solo administra los servicios de aeronavegabilidad hasta los 18 mil pies de altura, donde solo pueden transitar aeronaves pequeñas, mientras que Panamá administra la altura superior a ese límite, donde se movilizan las grandes aerolíneas comerciales de pasajeros y de carga, que son quienes pagan al país vecino, la administración del espacio”, señala la denuncia.
La Comisión de Seguridad Aérea le remitió una carta a la Cancillería, el pasado 24 de abril, solicitándole un pronunciamiento oficial. La respuesta de esta se dio el 5 de mayo y fue también una misiva en la que le traslada la petición al director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, por tratarse de un asunto de su competencia.
Por su parte, el senador Galán le pidió al Estado colombiano iniciar de manera inmediata negociaciones con Panamá, en cuanto al servicio de administración de la aeronavegabilidad por encima de los 18 mil pies, “en aras de recuperar la soberanía plena y exclusiva del espacio aéreo situado sobre su territorio”.