“Para mí lo importante son las soluciones, no las agresiones”: Iván Duque

Según el primer mandatario, no se puede ser triunfalista frente a la pandemia, la cual se derrota con disciplina y cultura de autocuidado. / Presidencia

Foto: Nicolas Galeanoo

El próximo viernes 7 de agosto, el presidente Iván Duque llegará a la mitad de su mandato. Dos años de un programa de gobierno que se vio trastocado con la aparición de la pandemia del COVID-19, que obligó a cambiar todos los planes y dirigir todos los esfuerzos no solo a mitigar el impacto en la salud de los colombianos, sino a definir estrategias para la reactivación económica.

En medio del ajetreo diario, el primer mandatario sacó un espacio para responder vía correo electrónico esta entrevista a El Espectador, en la que aborda temas referentes a la atención de la pandemia —incluyendo cuestionamientos que desde algunos sectores le hacen— y también asuntos relacionados con la imperiosa recuperación de la economía, la implementación de la paz, las relaciones internacionales y su relación con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otros; se anima incluso a hablar del legado que espera dejar en 2022.

A dos años de haber asumido la jefatura del Estado, ¿cómo cree que le ha ido?

Hay muchos avances importantes que nos motivan a trabajar duro todos los días. Logramos la mayor reducción de cultivos ilícitos en seis años, una de las menores tasas de homicidios en 40 años, la menor tasa de secuestros en cuatro décadas, quintuplicamos la capacidad instalada de energías renovables no convencionales, logramos que más de 150.000 jóvenes lleguen gratuitamente a la educación pública y hemos concluido importantes obras de infraestructura, vivienda y transformación digital. Hasta que llegó el COVID-19, teníamos el mayor crecimiento económico en casi cinco años, además de reducir la pobreza multidimensional. Son muchos logros que motivan, pero seguimos enfrentando también grandes retos y continuaremos adelante con amor por el país.

Sin duda, cualquier balance que se haga debe girar en torno a la pandemia y cómo se ha enfrentado. Y uno ve que las cifras todos los días crecen, que hay días con más de diez mil contagios y los muertos también se incrementan. ¿De verdad vamos bien?

Una pandemia es una tragedia para la humanidad. Nadie canta victoria en una pandemia, pero debemos reconocer logros muy importantes para el país. Tenemos tasas de contagios y muertes por millón de habitantes que son inferiores a las de muchos países desarrollados y muchos de América Latina. Tenemos una letalidad baja comparada con muchos países, y el RT (la tasa reproductiva del virus) se encuentra en 1,16, según los cálculos de la OMS y la OPS, además de haber crecido más de un 60 % las UCI: pasamos de 5.600 a más de 8.000 a la fecha, y llegaremos a 10.000, cuando hay países de la región que tienen menos de 600. Tenemos una red de más de cien laboratorios y somos el segundo país con más pruebas PCR. A eso se suma que hemos creado una reserva estratégica nacional para dispersar elementos de protección personal en el país. Todos esos esfuerzos han hecho que el manejo de la pandemia haya sido reconocido por la propia OMS y la OPS. Desde luego, nadie puede ser triunfalista y todo lo que hagamos solo es exitoso en la medida en que los ciudadanos contribuyan con su disciplina y cultura de autocuidado.

Presidente, todos los días usted les hace reconocimiento a los médicos, como primera fila en la batalla contra el coronavirus. Pero se oyen reclamos desde regiones apartadas de meses sin sueldo y falta de elementos de protección, que hacen pensar que algo está fallando. ¿Qué puede estar pasando?

El COVID-19 afectó los sistemas de salud de los países más ricos del mundo y, desde luego, ha amenazado los sistemas de salud de países de ingreso medio como Colombia. Sabemos que tenemos deudas históricas con el sector, pero hemos venido actuando para enfrentar la pandemia y fortalecerlo. Vamos rumbo a duplicar las UCI, hemos acelerado el esquema de punto final, hemos puesto en marcha un plan de pago de deudas laborales, hemos activado el pago por capacidades de UCI, hemos dispersado millones de elementos de protección personal en el territorio y hemos adoptado medidas para el personal médico, incluyendo la bonificación a la primera línea de acción frente al COVID-19 y el pago de canastas propias para atender la pandemia. Todo esto es un esfuerzo monumental en medio de esta situación, pero también he sido muy claro en que nuestro compromiso con Colombia implica que dejemos un sistema de salud fortalecido como nunca antes, después de esta emergencia.

En una reciente entrevista con diario el “The Hill”, usted decía que es la ciencia, por encima de todas las cosas, la que está guiando sus decisiones para enfrentar el virus. ¿Por qué entonces se le dijo no a la recomendación de las asociaciones médicas de implementar una cuarentena estricta en Bogotá?

Nosotros tenemos un grupo asesor científico y médico conformado por expertos independientes. También hemos obrado de la mano de la OMS y la OPS, y adicionalmente contamos con reconocidos expertos internacionales de la Universidad Johns Hopkins, con quienes se evalúan las medidas. Hemos, además, construido indicadores claros de seguimiento y monitoreo, y todo este proceso ha sido reconocido internacionalmente. La información, las capacidades, las pruebas y el rastreo activo que tenemos hoy han motivado las intervenciones finalizadas de control y cerco epidemiológico para evitar cuarentenas generalizadas.

“Sin salud no hay desarrollo y sin desarrollo no hay salud”, dijo en el discurso de instalación del Congreso. Viendo las propuestas sobre renta básica que se han hecho, ¿se contempla acoger algunas de esas peticiones, ampliar la cobertura del programa Ingreso Solidario, aumentar el monto o volverlo permanente?

Nosotros como gobierno hemos construido unas herramientas sociales que son una renta básica para enfrentar la pandemia, incluso mucho más agresiva que en muchos países comparables con Colombia. Hemos adelantado giros extraordinarios a 2,7 millones de Familias en Acción por cuatro meses, hemos entregado giros extraordinarios a 1,7 millones de adultos mayores por cuatro meses, hemos entregado giros extraordinarios a 270.000 Jóvenes en Acción por cuatro meses, hemos hecho la devolución del IVA efectiva a un millón de hogares y creamos Ingreso Solidario por 15 meses para tres millones de hogares. Sumado esto a que hemos pagado el 40 % de un salario mínimo y la mitad de la prima de junio a casi tres millones de trabajadores por cuatro meses. Esto es algo que no se ha hecho en ningún otro país de América Latina y mucho más cuando se agregan millones de raciones del ICBF para familias, millones de entregas del PAE en casa y casi dos millones de mercados. Esto es una realidad que supera cualquier esquema de renta básica para enfrentar esta pandemia.

¿Cuál será la orientación de política económica pospandemia: hacia la austeridad y privatización?

Estamos con el propósito claro de enfrentar la pandemia, reactivar el desarrollo social, proteger a los más pobres y retomar la senda de sostenibilidad macroeconómica. Lo hemos hecho con un marco fiscal creíble, que ha generado confianza de los mercados y los inversionistas. Nuestra ruta es un nuevo compromiso por el futuro de Colombia.

¿El Gobierno tiene planeado salir de sus inversiones en empresas como Ecopetrol con el fin de buscar más recursos para enfrentar la pandemia y lo que viene después de ella? En general, ¿qué planes hay de enajenación de la participación estatal en empresas?

En estos temas hay mucha especulación, habladurías e incluso falsas noticias. La nación tiene activos en empresas por más de $70 billones y muchas necesidades de inversión para el bienestar del país. Los activos deben valorarse y evaluarse, y el Estado debe tener la viabilidad de sustituir algunos de esos activos de manera responsable para que tengamos mejores vías, colegios, hospitales, acueductos, viviendas, etc. Ese ejercicio es pensando en el futuro de Colombia y debe ser un criterio para cualquier gobierno.

¿Cuáles son los pilares fundamentales del compromiso que asumió para la generación de más de un millón de empleos?

Movilizar en proyectos públicos, privados y público-privados más de $100 billones en inversión. Esto incluye vías, puertos, aeropuertos, proyectos digitales, energías limpias, vivienda, conectividad, desarrollo social, vías terciarias y paz con legalidad, mediante catastro multipropósito y aceleración de obras PDET, entre otros. También, por supuesto, reactivar sectores productivos, con seguridad, de manera gradual y proteger el empleo.

¿Tendrá el país la capacidad fiscal para sostener los programas sociales y los de reactivación económica, tras los niveles de endeudamiento que se están asumiendo en la pandemia?

Ese es nuestro reto: que entendamos que para enfrentar la pandemia el país tendría mayor déficit, mayor deuda y mayores retos fiscales. No obstante, como lo ha dicho el FMI, este es el momento de actuar de manera contracíclica y combinando las herramientas de presupuesto directo y el apalancamiento de recursos del Estado mediante esquemas de financiamiento. La responsabilidad que hemos aplicado es lo que nos permite apostarle a la sostenibilidad fiscal con el primer marco fiscal de la región en tiempos de pandemia.

¿Cómo puede ayudar el Gobierno a que las EPS no se conviertan, como ya lo son, en el cuello de botella contra el COVID-19, por la demora y falta de rigor en la toma y entrega de resultados de las pruebas?

En marzo, Colombia tenía solo el laboratorio del INS para pruebas COVID-19, y fue el primero de América Latina en poder hacer esas pruebas PCR con el protocolo Berlín. Hoy tenemos más de cien laboratorios haciendo más de 30.000 pruebas diarias, convirtiendo a Colombia en el segundo país de la región que más pruebas PCR ha realizado. Todo esto ha ocurrido en un período récord y claramente tenemos que hacer más ágil y eficaz el proceso con todos los integrantes de la red de salud. Acá no se puede generalizar, porque hay actores que han desarrollado grandes capacidades y hay otros que no están actuando con toda la eficacia, y por eso hemos fortalecido la inspección y vigilancia en la Supersalud para sancionar a quienes no están cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Salud, advirtiendo que son muchos los operadores que han dado un gran salto cuantitativo y cualitativo en materia de pruebas.

¿Qué va a pasar con las reformas pensional y laboral de las que se habló el año pasado antes de que se cayera la Ley de Financiamiento? ¿Se van a presentar este año? Si no es así, ¿se presentarán en lo que le resta de su gobierno?

La Ley de Financiamiento salió adelante por segunda vez con el gran apoyo de muchos sectores y mostró sus efectos al lograr que en 2019 Colombia tuviera un crecimiento mayor al regional, al mundial y al de los países de la OCDE; de hecho, en enero y febrero de 2020 estábamos creciendo por encima del 4 %. Estoy convencido de que este gobierno asumirá el gran reto de equidad y justicia social, como es proteger la dignidad de la vejez y brindarle dinamismo a la inversión laboral de los jóvenes de Colombia. Acá hay muchos a los que les gusta hablar de “reforma”, pero el país necesita equidad y por eso no claudicaremos en buscar la protección de la vejez y darle a la juventud una oportunidad acelerada de poder trabajar dignamente.

¿En la reforma tributaria que se está contemplando se va a incluir una evaluación minuciosa de las exenciones tributarias y una política más fuerte para perseguir los capitales que se fugan hacia paraísos fiscales?

Yo he sido claro: este no es momento de reformas tributarias. Nadie hace reformas tributarias en medio de una pandemia. Nosotros sacamos adelante las leyes de crecimiento económico con importantes resultados en recaudo, reducción del déficit, activar la inversión, etc. Colombia tiene que recuperar la senda fiscal de manera sostenible después de la pandemia, y debe hacerlo con los principios de equidad, eficiencia y progresividad que menciona la Constitución, pero, además, luego de recuperar una senda ordenada de crecimiento.

¿Qué medidas piensa tomar para evitar la quiebra de las universidades públicas? La Nacional ya habla de un déficit de $80.000 millones…

Este ha sido el gobierno que más recursos ha otorgado a la educación y a la universidad pública. También hemos habilitado canales de apoyo en medio de la pandemia y llegaremos a cerca de 180.000 jóvenes que estudian gratuitamente en estos centros educativos en menos de doce meses. La universidad pública sabe que estamos trabajando con ellos para enfrentar una pandemia con efectos impredecibles de carácter social y económico a nivel mundial. Es un trabajo coordinado, juicioso, en el que estamos haciendo los mayores esfuerzos para encontrar una salida en medio de esta afectación por la pandemia.

¿Qué va a pasar con sus políticas de economía naranja con una perspectiva de crisis productiva en todos los ámbitos?

La seguiremos impulsando, porque creemos en el poder de la cultura y las industrias creativas. No solo hemos puesto en marcha el mayor programa de incentivos al sector por cerca de $2,1 billones en los próximos dos años, sino que pondremos a consideración del Congreso el proyecto de ley Reactivarte, que busca brindarles un fortalecimiento único a los recursos para cultura. A esto se suma el alcance de los BEPS, Ingreso Solidario y los proyectos de cogestión. Colombia, con los incentivos que tenemos, será líder regional en producción y coproducción con beneficios incomparables.

¿Qué va a suceder con los decretos que se cayeron la semana pasada? ¿Cómo se pueden mantener a flote las medidas que promulgaban?

Analizar en detalle el alcance de las sentencias y proceder conforme a ellas. Nosotros obramos dentro de la Constitución y la ley, y hemos contado con una gran colaboración armónica de poderes para enfrentar esta pandemia, bajo un principio claro de independencia. Hemos reaccionado ante la pandemia con todas las herramientas jurídicas y logrado un marco normativo integral para proteger a nuestro país.

Usted decía en su campaña, respecto a la paz, “ni trizas ni risas” e insiste en lo de la “paz con legalidad”. ¿El Gobierno va a apoyar o impulsar nuevas iniciativas legislativas que pretendan modificar la JEP?

Nuestro gobierno responde a la paz con realidades y no con discursos o papeles. Hemos sacado adelante la estructuración de 14 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuando recibimos dos; hemos cuadriplicado las hectáreas en el Banco de Tierras; hemos puesto en marcha la aplicación de un catastro multipropósito y hemos dado vida a efectivos proyectos colectivos e individuales. Todo esto en dos años, pero, además, reduciendo los cultivos ilícitos de la manera más profunda en seis años. Frente a la JEP, el país exige verdad, justicia, reparación y no repetición.

En tres años no hay una sola condena por reclutamiento de niños, no han entregado información sobre las rutas y los vínculos con el narcotráfico, ni han entregado los bienes para reparar a las víctimas. Colombia quiere que existan sanciones frente a estos hechos que fueron ostensibles durante décadas y ese llamado lo hago con todo el respeto institucional; pero una justicia lenta pierde credibilidad y mucho más cuando fue creada para sancionar a los máximos responsables del terrorismo, que se sometió a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En una reciente declaración, su antecesor, Juan Manuel Santos, dijo que la única forma como usted puede recobrar gobernabilidad es alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz, que en su concepto es buena parte de lo que el país necesita. ¿Lo ve así? ¿Cree que le falta gobernabilidad?

En dos años hemos logrado un amplio respaldo internacional a nuestra agenda de paz con legalidad y lo hemos logrado con resultados probados ante el Consejo de Seguridad de la ONU y, además, exigiendo verdadera justicia, genuina verdad, genuina reparación y genuina no repetición. En materia de apoyos a nuestra agenda, el Congreso nos ha acompañado en la reforma de las regalías, en las leyes de crecimiento, en las leyes anticorrupción, en la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, en la Ley del Veterano, en la Ley TIC, en las leyes del PAE, en la Ley de Movilidad Eléctrica. Con contadas excepciones en las que ha mediado nuestro pedido, hemos sacado adelante la gran mayoría de nuestras iniciativas con el apoyo del Congreso de la República.

Usted hablaba en campaña y en su mismo discurso de posesión de unir al país, pero cada vez está más polarizado. ¿Cuál cree que podría ser su aporte como jefe de Estado para lograr esa unidad?

Logré la Presidencia con la mayor votación en la historia de Colombia y lo asumí con humildad y compromiso. Nunca ataqué en el plano personal a mis contendores, y como presidente, nunca he caído en la confrontación personal de contradictores. Propuse un gabinete paritario, lo logramos; propuse un camino para una nueva generación en el gobierno y lo hemos cumplido; tenemos un equipo de personas que votaron por el no y por el sí construyendo la paz con legalidad y estamos trabajando por una Colombia más justa, más segura y más moderna. Para mí lo importante son las soluciones, no las agresiones.

Esta pandemia va a dejar más pobres, más desempleados, empresarios quebrados y mucho descontento. Las protestas de finales del año pasado van a volver en algún momento, Ante la certeza de que seguramente le espera una situación política muy difícil después de la crisis, ¿qué propone?

Al país en medio de esta pandemia no lo sacamos adelante con protestas, sino con trabajo en equipo, con solidaridad, con cooperación, con reactivación, con vocación de patria. Acá trabajamos para enfrentar esta tragedia de la humanidad y mi único propósito es que podamos proteger la vida y al mismo tiempo reactivar empleos, oportunidades e ingresos, empezando por los más vulnerables. Este hermoso país lo tenemos que sacar adelante y no dejar que los que apelan al discurso de odio profundicen las crisis con intereses electoreros.

¿Qué responde a quienes dicen que las medidas que ha tomado su gobierno en la pandemia han limitado los derechos ciudadanos?

Las medidas las hemos tomado con la Constitución en la mano y sometidos a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Acá actuamos para proteger la vida y el desarrollo social.

¿Las comunidades afectadas con cultivos de coca se quejan porque el Gobierno no cumple el Programa de Sustitución Voluntaria, que hace parte del punto 4 del Acuerdo de Paz, y sigue erradicando forzadamente en medio de la pandemia, lo que ha causado enfrentamientos con el Ejército, ¿qué les puede decir?

Nuestra política “Ruta Futuro” es integral. Hay erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, pagos por servicios ambientales, contratos de protección natural y también herramientas de precisión. La lucha es integral y ha demostrado que logramos la mayor reducción de cultivos ilícitos en seis años.

¿Qué se está haciendo para reducir la estigmatización que persiste desde sectores políticos nacionales y regionales contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, quienes siguen siendo asesinados?

Para empezar, cuando comparamos el período de 2016 a agosto de 2018 con los dos años de nuestro gobierno, hay una reducción de los asesinatos de líderes sociales, amparado en las cifras de la ONU que se usan desde el gobierno anterior como referente. Pero yo no busco aplausos, porque deberían ser cero estos atroces crímenes. Pero además, hemos desarrollado una agenda novedosa con la Acción Comunal, el sector más afectado, donde tenemos bancos de proyectos, iniciativas de formación y una política pública. En este caso, nunca había ido un presidente en 60 años a sus encuentros y ya he participado en cuatro para fortalecer el liderazgo social de Colombia.

¿Se van a impulsar las normas que faltan para cumplir con la implementación del punto 1, sobre reforma rural integral (por ejemplo, lo de la jurisdicción agraria), y el punto 2, sobre apertura democrática?

Nuestro gobierno está comprometido con el desarrollo del campo y con mejores oportunidades para los campesinos, y esa agenda no depende de ningún capítulo; es nuestra convicción. Vamos adelante con el catastro multipropósito, vamos adelante con las vías terciarias, con Agricultura por Contrato, con multiplicar los servicios de extinción, con el emprendimiento cooperativo campesino y muchas otras cosas más, incluyendo la jurisdicción agraria.

Ante la polémica suscitada por la petición del alcalde de Medellín de una misión médica desde Cuba, ¿tiene Colombia hoy el personal suficiente para atender las UCI? ¿El Gobierno nacional podría pedir ayuda internacional en caso de ser necesario? ¿Acudiría a Cuba?

Colombia es uno de los países con más UCI por millón de habitantes en la región y uno de los países con más intensivistas por millón de habitantes en América Latina. Tenemos muy buena medicina y profesionales de excelencia. Además, con el Ministerio de Salud tenemos un plan detallado de contingencias y con fases, donde el uso de profesionales es de uso extraordinario y solo para una situación en la cual no haya personal en Colombia. En los últimos días, con la disminución significativa de uso de UCI en Barranquilla, la ciudad y la red han apoyado a otros lugares del país con personal idóneo.

¿Cómo toma los posibles condicionamientos frente a derechos humanos que ha hecho el Congreso de los Estados Unidos para seguir dando ayuda militar a Colombia?

Hemos mantenido una relación muy constructiva con el Congreso de los EE. UU. y con los dos partidos. Para un gobierno comprometido con los derechos humanos, como el nuestro, todo lo que contribuya a que se consolide la defensa de los mismos es bienvenido. Colombia hace un esfuerzo económico y humano en la agenda de seguridad y lo hace con la Constitución en la mano.

¿Qué tan cercano es en realidad del fiscal Barbosa y cómo interpreta que sin completar un año ya estén pidiendo su cabeza?

Conozco a Francisco Barbosa desde cuando fuimos compañeros en la universidad y, más allá de una amistad, lo que puedo decir de él es que es una persona preparada, estudiosa, rigurosa, de valores y, además, una persona que ejerce el servicio público con patriotismo. En Colombia, a todos los funcionarios les demandan el nombramiento, es una práctica común, pero al fiscal Barbosa lo eligió la Corte Suprema por unanimidad, por sus calidades profesionales, para un período de cuatro años.

¿Cómo califica el tono y la argumentación de los discursos de la oposición?

La oposición siempre es necesaria en una democracia. Hay quienes la hacen con altura y propuestas, y también quienes acuden al insulto, el odio, las noticias falsas. En eso la ciudadanía no se deja engañar, porque el país valora a quien construye y no a quien destruye. Colombia necesita soluciones, no agresiones.

¿No se desdibujó Juan Guaidó y terminó metiendo a Colombia en una política exterior innecesaria?

Juan Guaidó no ha metido a Colombia en nada. Nosotros, con más de 50 países, lo hemos reconocido como presidente interino de Venezuela, al igual que hemos reconocido a la Asamblea Nacional. Maduro es un dictador al que he denunciado ante la CPI hace años y el gobierno anterior desconoció el resultado de su elección. Acá actuamos con congruencia y coherencia, multilateralmente.

¿Cómo está su relación con Claudia López?

Mi deber, como presidente, es ayudar y contribuir a que a los alcaldes y gobernadores del país les vaya bien, en beneficio de los ciudadanos.

¿Cuáles han sido su mejor día y su peor día de gobierno en estos dos años?

Todos los días le pido a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá que me guíe y me acompañe para sacar lo mejor de cada situación de la vida, sea una alegría o una adversidad.

¿Y cuál espera que sea su legado después de 2022?

Dejar a Colombia en el camino de la modernidad del siglo XXI, como un país donde la legalidad y el emprendimiento construyan equidad.