Alternativas, sector por sector, frente al denominado “paquetazo”

Paro nacional: ¿cómo apagar el incendio?

Aunque son múltiples y diversas las consignas, reclamos y peticiones de quienes se movilizaron en el país, expertos explican que el primer paso para atenderlos y conjurar un estallido social se reduce al diálogo constructivo, coordinación en los ámbitos de Gobierno e interés genuino en negociar.

La mayoría de los manifestantes hicieron llamados contra la violencia en todas sus formas. / Foto: Gustavo Torrijos

Detrás de la ola de protestas y manifestaciones que se vivieron este jueves en diferentes partes del país —empañadas por hechos de violencia y vandalismo aislado, pero reavivado por un cacerolazo espontáneo e histórico que retumbó con fuerza en Bogotá— hay reclamos, problemáticas y llamados que, si bien son diversos y de variado calibre, lograron congregar a numerosos sectores alrededor de una jornada de movilización social para demandar del Gobierno Nacional alternativas de solución.

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Lo ocurrido ayer —pese a los disturbios, que solo en Cali obligaron a los ciudadanos a armarse en contra de vándalos, así como los enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública, como los vividos en el centro de la capital— se configura, con creces, en un fuerte, legítimo y agudo llamado de atención para el Ejecutivo.

Aunque hay consenso frente al descontento popular que han causado ciertas propuestas políticas y económicas que eventualmente podría poner en marchar el Ejecutivo y que sus opositores han aglutinado en el denominado “paquetazo” de Iván Duque, lo cierto es que cada queja o exigencia requiere de un análisis particular y la atención puntual de alguna de las carteras de gobierno.

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Para los analistas, es evidente que, por ejemplo, la misma fórmula que se aplique para atender los reclamos de los estudiantes no funcionaría con la que se ponga en marcha para los sindicatos que se oponen a la reforma laboral. Sin embargo, al margen de la petición específica y del sector involucrado, los expertos coinciden en que hay alternativas básicas para atender las protestas y evitar que escalen hasta un estallido social semejante a lo ocurrido en Chile o Bolivia.

La fórmula, sin más, incluye un diálogo constructivo en los que los sectores se sientan verdaderamente escuchados y que despejen el camino en búsqueda de acuerdos, a lo que se suma disposición y voluntad genuina del Ejecutivo para modificar sus políticas y cerrarles el paso a radicalismos. También —señalan los expertos consultados por este diario— mayor coordinación entre ministerios para no mandar mensajes inequívocos o contradictorios. En otras palabras, sentarse a hablar con ellos, tener ánimo de negociación y voluntad de cambio.

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Ante ello, Duque ha insistido en una mesa de concertación que permita dirimir los conflictos. No obstante, los analistas sostienen que primero se necesita un ambiente de confianza y franqueza que, entre otras, permita superar la estigmatización contra algunos sectores. A continuación, las recomendaciones de expertos, sector por sector, de lo que se puede hacer para apagar el incendio desatado por el paro.

Reforma tributaria 

Luego de que la Corte Constitucional dejó sin piso la llamada Ley de Financiamiento, el Ejecutivo trabaja en otro proyecto de reforma tributaria en el Congreso que no estará exento de nuevos y variados remiendos. Entre otras, se han criticado eventuales rebajas de impuestos a multinacionales que se traducirían en más tributos a la clase media. 

En opinión de Isidro Hernández, investigador y magíster en política económica, lo central debe ser la generación de empleo y la expansión de la economía, pues no se puede pasar por alto que el colombiano es “un sistema tributario inequitativo y la gente lo percibe”. Por ello, aboga por “no seguirles haciendo el juego a las fuerzas económicas que sacan tajada de las reformas” y apuntar a la equidad. “Hay sectores que se benefician y que tienen presión en el Gobierno. La gente aguanta hasta cierto punto, pero se debe velar por el interés general”.

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Reforma laboral 

Aunque Duque ha reiterado que no se está preparando ninguna reforma laboral, el partido que lo llevó al poder —el Centro Democrático— radicó una iniciativa que permite, entre otros puntos, contratos de trabajo por horas o días para jóvenes entre 18 y 28 años, lo que ha sido visto como una precarización de las condiciones laborales. 

Stefano Farné, quien dirige el Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la U. Externado, sostiene que lo básico es dialogar, pues hay desconfianza: “El Gobierno ha dado claros indicios de que tiene una relación privilegiada de diálogo con empresarios y menos con sindicalistas”. 

Sin desconocer el aumento del desempleo y la caída de la ocupación, Farné indica que la propuesta de trabajo por horas no puede desecharse del todo, pues podría llegar a ser útil en ciudades medianas, en sectores como el de servicios generales. Sin embargo, aboga por garantías de seguridad social y no agravar la situación laboral. 

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Cambio pensional 

Si bien Duque ha dicho que “no existe ninguna reforma pensional” y que “no es urgente, ni necesaria”, en octubre se filtró un borrador que apuntaba, entre otras, a eliminar el régimen de prima media y aumentar gradualmente los aportes de cotización. Para los sindicatos, también se quitarían derechos y se privatizaría Colpensiones. 

Según Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social, un primer error fue preparar la propuesta a apenas dos meses de que termine sesiones el Congreso, dado que estos temas “merecen una discusión más amplia” y, pese al costo político, se debe subir la edad de pensión, pues “hay que financiarla por más tiempo. Hoy la gente es más productiva y su expectativa de vida es mayor”. 

A su turno, Isidro Hernández, magíster en política económica, alega que lo básico es coordinación, ya que mientras el minhacienda, Alberto Carrasquilla, apoyó el fin del régimen de prima media, la mintrabajo, Alicia Arango, dice que el presidente se opone. “Que se pongan de acuerdo. Perdieron credibilidad y reputación, y no hay política económica o social que prospere así”. Frente a la propuesta, explica que hay que considerar el ingreso de la gente con miras a 2030, pues hay una población cada vez más adulta. “Se debe pensar qué hacer con los ingresos de los que serán mayoría”. 

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Crímenes de líderes sociales 

A principios de mes, la ONU y la CIDH alertaron que Colombia sigue siendo el país de la región con más asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Solo en 2019, recordaron, se han documentado 63 crímenes y otros 43 están en verificación. 

A esto se suman hechos como el supuesto ocultamiento de la muerte de ocho menores durante un bombardeo o casos como la muerte del excombatiente Dimar Torres, lo que ha exacerbado los ánimos de los manifestantes. Para Iván Garzón, director del Programa de Ciencia Política de la U. de la Sabana, en el tema de los crímenes la solución debe ir más allá de la presencia del Estado en los territorios, involucrando más a comunidades y sectores sociales en materia de “protección, resguardo y cuidado”.

A su turno, Andrés Macías insta a prestar mayor atención a las amenazas, y critica que la primera reacción del Ejecutivo ante los crímenes sea “estar a la defensiva y desconocer las denuncias”. Finalmente, Andrés Nieto, experto en seguridad, propone analizar las condiciones de los que están en riesgo; trabajar con gobernaciones y alcaldías, agilizar protocolos de categorización de los riesgos y atender las alertas de la Procuraduría o la Defensoría. 

Reclamos de los estudiantes 

Además de oponerse a eventuales reformas en materia laboral o pensional, el movimiento estudiantil —activo no solo en esta, sino en otras movilizaciones recientes— también reclamó más recursos y el cumplimiento de acuerdos, con todo y que recientemente el Centro Democrático ha dicho que “el presupuesto aprobado para educación es de $44,1 billones y hace dos años era de $38 billones”. 

Para la líder estudiantil Jennifer Pedraza, el Gobierno debe objetar el artículo 44 del Presupuesto General, que deja entrever que el Ejecutivo usaría parte de los dineros de las universidades públicas para pagar demandas o fallos contra la nación: “Han dicho que lo van a hacer, pero nada”. También pide asignar al sector los recursos provenientes de ciencia y tecnología, “un acuerdo incumplido que viola lo pactado en 2018”. 

Para los estudiantes, la marcha sirvió además para rechazar hechos como la corrupción en la Universidad Distrital y el cumplimiento de acuerdos con los maestros (Fecode). 

Regular la protesta 

Apenas en octubre, el entonces mindefensa, Guillermo Botero, insistió en regular la protesta social, argumentando que debe ser “ordenada, (para) que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. Se trata de un pendiente que en la movilización de ayer le cobraron al Gobierno. A ello se sumaron los allanamientos a algunas organizaciones y la militarización de algunas ciudades. 

Para la profesora Catalina Jiménez, investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la U. Externado, se trata de una propuesta negativa, que va en contravía de la espontaneidad de las movilizaciones y del derecho a que la gente sea escuchada. “Se trata de una acción para que la ciudadanía pueda incidir y en este punto el Gobierno debe jugársela a no radicalizar ni estigmatizar la protesta. Hay que escuchar los reclamos”. Según la docente, limitar la expresión frente al descontento popular generaría más desconfianza. 

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-Redacción Política ([email protected])

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