:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/uJyBovmn69xwHjaIC_OHM6VW6NU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/7O2MS5ZXQNHX3FUNWV4EBZL3YY.jpg)
El Centro Democrático radicó en la Cámara de Representantes un nuevo proyecto que promete debate. Se trata de una iniciativa que buscará añadir un parágrafo al artículo 20 del Código de Policía y que le dará facultades al director nacional de la institución para conformar grupos especiales de agentes que puedan patrullar las ciudades vestidos de civil y que no tengan la obligación de usar el uniforme. El objetivo es que los patrulleros se puedan camuflar en la ciudadanía, en zonas estratégicas de cada ciudad, que serían definidas por las autoridades, para atacar delitos específicos, como microtráfico, “raponeo” o “cosquilleo”.
(Lea: Centro Democrático propone limitar la libertad de cátedra en colegios)
El representante Óscar Villamizar, autor del proyecto, explica que la Policía hoy tiene la facultad de tener agentes de civil, pero estos obedecen más a labores de inteligencia que están a cargo de la Dijín o la Sijín. “Lo que planteamos es que se pueda hacer el patrullaje con agentes de civil, porque lo que hacen las bandas criminales cuando hay un policía uniformado es moverse de los sectores, ya que tienen identificada a la autoridad”, manifestó.
La tesis del congresista es que al contar con patrulleros de civil, los delincuentes no tendrían plena certeza de quién podría capturarlos y, en consecuencia, “o tendrían que esforzarse más para cometer un delito o no lo cometerían por el temor de ser aprehendidos”. La exposición de motivos de la iniciativa argumenta que la figura del policía vestido de civil ya ha sido aplicada en países como España, Brasil, México, Perú y Argentina, “donde de manera efectiva se han evitado crímenes y asaltos en las calles y establecimientos de comercio”.
Desde ya, hay voces dentro del Congreso que hacen reparos al proyecto al cuestionar de qué forma se podría tener un control sobre los agentes de policía que estén de civil, si estos también podrían requerir a ciudadanos del común y cómo evitar abusos en eventuales manifestaciones, teniendo en cuenta que, a simple vista, sería mucho más complejo identificarlos. Según Villamizar, todos contarían con las placas y con otras distinciones que deberían definir la institución policial.
La nueva propuesta del uribismo va en la línea de las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Ivan Duque para “fortalecer” la seguridad ciudadana. Por ejemplo, el primer mandatario anunció el miércoles, luego de una reunión con la dirección de la Policía Nacional y los comandantes en las ciudades de la red de participación cívica, que ya se cuenta con 800.000 integrantes en todo el país, reafirmando que el objetivo es que los ciudadanos colaboren entregando información a las autoridades. “No puedo dejar de hacer una exaltación al trabajo que se ha venido adelantando con la línea 167, que ha permitido liberar parques y entornos escolares de la presencia de vendedores de droga”, expresó.
Sin embargo, la determinación del Gobierno aún genera algunas preguntas, como de dónde salieron los colaboradores, en qué regiones operarán, quién los controlaría o si contarían eventualmente con armas. El último interrogante, además, va de la mano de la nueva política de porte de armas que expidió el Ministerio de Defensa, que hará una especie de descentralización para que se puedan otorgar los permisos, aunque, según Guillermo Botero, jefe de la cartera de Defensa, se buscará disminuir la discrecionalidad y evitar los “amiguismos” para contar con un arma de fuego. La promesa del mindenfensa también señala que los requisitos serán mucho más estrictos.