La paz con las Farc, más allá del gobierno Santos

El uribismo ha dicho que buscará ganar la Presidencia en 2018 para reversar lo pactado en La Habana. Con ello deja claro que su No al plebiscito lo que busca es acabar con lo hecho más que una renegociación. Por eso, hay quienes creen necesario que el próximo jefe de Estado sea alguien que garantice la implementación de la paz. ¿Se puede echar para atrás lo acordado?

“El triunfo del Sí será un mandato ciudadano para los próximos gobiernos”. Fue lo que dijo el domingo  el presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con El Espectador,  en respuesta a la pregunta si le preocupaba que quien lo suceda en el poder no sea alguien verdaderamente comprometido con la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con las Farc.

De hecho, el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, acérrimo opositor de las negociaciones con esa guerrilla, ya ha notificado que su principal objetivo es ganar la Presidencia de la República en 2018 para desmontar los acuerdos.

“Hemos dicho muy claramente de manera pública que los acuerdos de paz en La Habana tienen muchos aspectos inconvenientes para el país y que no garantizan una paz estable y duradera (…) Si llegamos al poder en 2018, haremos todo lo posible para enmendar esos errores y ajustar los acuerdos, porque los consideramos inconvenientes para el país y para una paz estable y duradera”, dijo recientemente el senador uribista Alfredo Rangel.

Así las cosas, frente a la postura del primer mandatario y la del uribismo, la pregunta que queda es: ¿puede un futuro gobierno revesars los acuerdos con las Farc? Por ahora, lo claro es que la apuesta del presidente Santos es que una masiva votación por el sí en el plebiscito le dé la suficiente legitimidad política a lo pactado. Mientras tanto, hay quienes creen que se hace absolutamente necesario que quien lo suceda en la Casa de Nariño sea alguien que garantice la implementación de la paz. Y en esa perspectiva, ya se proponen nombres y se hacen cábalas.

Se supone que el acuerdo final de paz está blindadoDe acuerdo con lo pactado, una vez se realice el plebiscito y si el acuerdo queda refrendado, se activa el Acto Legislativo para la Paz, que dispone que éste entrará a formar parte de la Constitución. Es decir, tanto el actual gobierno como los futuros están constitucionalmente obligados a respetarlo.

Además, hay que recordar que una vez firmado el acuerdo final, haya sido aprobado por el Congreso y refrendado por los ciudadanos, el jefe de Estado efectuará una declaración ante el Secretario General de Naciones Unidas, solicitándole que el pacto sea anexado a la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad, con el que dicho organismo aceptó la misión de ser el verificador y coordinador del mecanismo que velará por su cumplimiento. En otras palabras, ello le da un aval ante la comunidad internacional difícil de desconocer.

De un u otra manera, esas dos “movidas” blindan el acuerdo del vaivén de los acontecimientos políticos futuros. Sin embargo, más allá de esa estrategia y a la hora de los análisis de fondo, hay quienes consideran que buena a parte de esa estabilidad dependerá en gran medida de dos focos esenciales: el adecuado tratamiento del tema agrario, entendido como la principal problemática que dio origen al conflicto armado, y las garantías para que la apertura política de la que se habla en los textos del acuerdo se cumplan de verdad. 

Para el profesor Marco Romero Silva, del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto de la Universidad Nacional, la sobrevivencia de los acuerdos dependerá del punto sobre la participación política de esas nuevas fuerzas. Estas tendrán que ser protagonistas del nuevo orden y, además, columna vertebral que obligue precisamente a esos gobiernos venideros a cumplir lo pactado, sin distingo de partido. 

Los acuerdos de La Habana prevén todo un paquete de reformas para estimular el pluralismo político, y además para fortalecer las organizaciones sociales. Allí es concebida una sociedad civil que puede ejercer contrapeso en las decisiones del Estado, para que los distintos intereses se organicen y puedan reivindicar sus aspiraciones en esa escena pública democrática”, explicó el docente.

Pero además, para Romero Silva, el problema agrario es probablemente el más importante y sobre el cual existen los mayores retos.  Y en este sentido, considera que la gestión en torno al acceso a tierras y formalización de las mismas será trascendental para la paz duradera. Así, en cuanto al acceso a la tierra, se prevé la entrega de al menos siete millones de hectáreas, la gran mayoría correspondientes a procesos de formalización. 

El Estado civil debe llegar a los territorios (…) la presencia del Estado ha sido esencialmente militar, por lo que el gran desafío no solo será llevar sino establecer redes de protección social como salud, vivienda, educación y servicios públicos. Este es el reto principal de la transición que implican los acuerdos, no solo el acceso a tierras, sino un enfoque integral que asegure que los sistemas productivos implementados se puedan articular con las garantías sociales”, enfatizó.

De ahí que, como lo dijo el presidente Santos, el académico considere que la participación popular en el plebiscito se hace fundamental, primero, como factor de legitimidad de los acuerdos y, segundo, porque ofrece una gran oportunidad y responsabilidad a la sociedad para expresar un mandato de paz, que suscite un punto de inflexión definitivo a la prolongada guerra que vive el país.

“Si triunfa la abstención o la oposición, el proceso de La Habana no se detendrá, pero debilitará su implementación y relación con la construcción de la paz sostenible, tal como ocurrió en Guatemala. Allí, una minoría rechazó los acuerdos en el contexto de una abstención del 80 % de los ciudadanos”, concluye Romero Silva.