La paz es la principal tarea del Estado constitucional

El profesor alemán Bernd Marquardt, experto en Derecho Constitucional Comparado, realiza un análisis de la coyuntura política por la cual atraviesa el país.

"Solo el 17% del censo electoral negó los acuerdos de paz, en vista de la indiferencia de las dos terceras partes del pueblo soberano en cuanto a tal cuestión", anota el profesor Marquardt.
"Solo el 17% del censo electoral negó los acuerdos de paz, en vista de la indiferencia de las dos terceras partes del pueblo soberano en cuanto a tal cuestión", anota el profesor Marquardt.AFP
A veces la ciencia jurídica tiene que salir de su torre de marfil para aclarar e intervenir en debates públicos que han estado centrados más en emociones que en argumentos. La situación actual del rechazo del plebiscito para la paz es una de estas situaciones.
 
Derechos humanos como la paz son irrevocables e imprescriptibles. Esta no es una idea revolucionaria, sino el común denominador que cualquier estudiante de Derecho aprende desde el inicio de la carrera. Una de las primeras constituciones de Colombia, la de Tunja de 1811, se afilió a esta perspectiva del Estado constitucional de los valores que incluye una limitación absoluta de la soberanía del Estado moderno: ningún rey ni dictador, ni otra institución –y tampoco el pueblo soberano como tal– puede negar esta limitación absoluta de sus facultades. Dicha limitación es un consenso en el mundo constitucional y democrático del siglo XXI. El Estado constitucional es un sistema de valores interdependientes, y dichos valores, a veces, entran en mutua tensión, pero para resolver tales conflictos se puede aplicar una perspectiva sistémica en la cual el núcleo de un valor central –en nuestro caso la paz– no puede ser anulado por parte de nadie.
 
La paz es aun más que un derecho humano y fundamental: es una finalidad del Estado, y así se ha desarrollado históricamente, inclusive desde los siglos anteriores al constitucionalismo moderno, que empieza en 1776. También es una meta-finalidad del Derecho, como insistió el gran filósofo del Derecho Gustav Radbruch: “la justicia es la segunda gran tarea del Derecho, pero la primera es la seguridad jurídica, la paz”. Es decir, que en la jerarquía de los valores constitucionales, primero está la paz.
 
En el plebiscito del 2 de octubre no compitieron dos propuestas de paz, sino una propuesta basada en la ‘ética de la paz positiva’ que buscó confirmar un acuerdo de paz que, en perspectiva comparada, es sólido y equilibrado, mientras que los oponentes argumentaron una mera ‘meta-preferencia para la paz’. Dicha meta-preferencia es una constante antropológica que también han usado los guerreros más agresivos de la historia universal, inclusive Adolf Hitler. Ellos articularon la idea de que, evidentemente, la paz sería mejor que la guerra; pero lamentablemente tal paz no sería posible mediante un camino directo, pues las injusticias del pasado deben saldarse primero.
 
Pues bien, muchos entre quienes votaron por el ‘No’ se afilaron a este esquema, a veces sin darse cuenta. En cambio, la ‘paz positiva’ se fundamenta en el rechazo de la venganza, como ya lo articuló la Paz territorial de Maguncia de 1235 con su idea central de ‘que nadie sea el vengador de la injusticia recibida’, o el filósofo Baruch Spinoza, que estipuló: “La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia”.
 
Ahora hay que dedicarse más profundamente al carácter del plebiscito. No fue la manifestación de la madurez democrática de Colombia, sino muy al revés, una farsa, algo anti-democrático bajo la vestimenta de lo seudo-democrático. En general, el Estado constitucional se fundamenta en la democracia representativa y muchas constituciones del mundo son muy reservadas frente a elementos de la democracia directa, pues la historia comparada de los plebiscitos es la del populismo abusivo: autócratas acentuados como Napoleón, Napoleón III, Hitler y Pinochet los usaron para legitimarse en una ola de emociones incitadas. En el contexto colombiano existe la particularidad de que el populismo abusivo no fue utilizado por el gobierno sino por la oposición, pero con métodos análogos. Solo un país en el mundo aplica con mucha frecuencia referéndums democráticos: Suiza, y de su experiencia se deduce que cumplen con precondiciones indispensables, en particular la información equilibrada y la moderación de los actores.
 
El plebiscito colombiano muestra las siguientes debilidades significativas: primero, el pueblo necesitaba estar bien informado para conocer los contenidos e implicaciones del ‘Sí’ y del ‘No’, es decir, existe la precondición indispensable de la difusión sistemática de folletos breves con resúmenes equilibrados, racionales y bien entendibles de las características e impactos principales de los acuerdos, además del acompañamiento análogo en la televisión pública, pues solo en este caso puede partirse de una decisión democrática real sobre el asunto en cuestión; sin embargo, en este caso hizo falta una mejor difusión de aquella información, mientras que la oposición acudió sistemáticamente a estrategias de desinformación, basadas en la alteración de las emociones en la gente, pues conectaron el tema de la paz con cuestiones bastante secundarias, de modo que muchos colombianos decidieron, al fin, sobre políticas de orientación sexual, impuestos o peligros irracionales de ideologías desconocidas por las ciencias sociales, como el supuesto ‘castrochavismo’. De tal manera, al pueblo le arrebataron su soberanía y fue transformado en una especie de rehén de las artes seductoras.
 
En segundo lugar, entre más un plebiscito se acerca a la afectación del núcleo de un derecho fundamental (como la paz), tanto más dejan de ser suficientes las meras mayorías marginales que adoptaron la decisión. Un elemento central de la democracia moderna es la protección suficiente de las minorías, es decir, la mayoría que vive en las ciudades centrales de Colombia no puede condenar a la población que vive en el campo, a vivir por años adicionales inmersos en un conflicto armado que niega todo derecho fundamental consagrado en la constitución.
 
Tercero, solo el 17% del censo electoral negó los acuerdos de paz, en vista de la indiferencia de las dos terceras partes del pueblo soberano en cuanto a tal cuestión. Esta minoría no es suficiente para negar una finalidad del Estado constitucional como la paz.
 
De tal manera, no es posible entender el plebiscito ‘anti-paz’ como vinculante. Ya de modo anticipado la Corte Constitucional aplicó mucha fuerza argumentativa para suavizar el carácter vinculante, negándolo en términos generales, subrayando la intocabilidad del derecho a la paz y las facultades estatales para el orden interno, expresando el carácter no obligatorio para las ramas del Estado, excepto el presidente, pero también en este caso solo con una obligación política y no jurídica.
 
El plebiscito hubiera podido servir como un ritual político para fortalecer los acuerdos de paz, así previsto en la expectativa tan segura como inocente de la victoria del ‘Sí’, pero en el caso de la victoria del ‘No’ es jurídicamente ‘Nada’, pues es imposible que una política ‘anti-paz’ sea obligatoria jurídicamente. Sin ser un requisito constitucional se eligió una estrategia peligrosa, sin experiencia al respecto y de modo inocente, lo que es una lección para el futuro, pero ningún mandato.
 
En vista del hecho de que no es viable renegociar la paz con la guerrilla en el sentido de propuestas como 30 años de cárcel para ellos o la exclusión política cimentada, quedan solo tres salidas: insistir en el carácter no vinculante del plebiscito, anular el mismo por vía judicial a causa de sus defectos no subsanables, o repetir el mismo bajo condiciones materialmente democráticas. Señor presidente, si yo fuera su asesor recomendaría materializar rápidamente los Acuerdos de Paz; así cumple usted con su deber constitucional de dirigir al país hacia la paz interna, aunque implique el riesgo de enfrentarse con la oposición; en este caso tendría buenas opciones para entrar en los libros de historia como el gran Presidente que salvó la paz.
 
 
Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Director del Grupo de Investigación Constitucionalismo Comparado. Experto en Derecho Constitucional Comparado. Doctorado summa cum laude (1999) en Derecho y segundo Doctorado Superior (Habilitation centroeuropea, 2003), de la Universidad de Sankt Gallen en Suiza.
 

 

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