Pensando en elecciones regionales

La legislatura en este primer semestre estará marcada por la inasistencia de los congresistas, que se dedican a impulsar sus candidatos a alcaldías y gobernaciones para octubre.

Se espera poco trabajo legislativo, al menos en el primer período, que va hasta diciembre. / Archivo - El Espectador

Para nadie es un secreto que en épocas de elecciones de mandatarios locales y regionales, el Congreso de la República está marcado por las ausencias, pues senadores y representantes a la Cámara se dedican a acompañar y hacerles campaña a sus candidatos. Al fin y al cabo, es desde allá que se construyen las bases políticas que después les sirven para asegurar sus curules en el Capitolio. Y esta vez no será la excepción, más aun teniendo en cuenta que el pulso que se vivirá en las urnas el próximo 25 de octubre será entre santismo y uribismo, teniendo como telón de fondo el proceso de paz con las Farc en La Habana.

Ya el expresidente Álvaro Uribe ha dicho que el cese unilateral del fuego, declarado por la guerrilla desde ayer, tiene fines políticos y se trata de una estrategia para apoyar electoralmente al Gobierno. En respuesta, el presidente Juan Manuel Santos reconoce que ese cese servirá para que la campaña proselitista y las elecciones se desarrollen en un entorno más tranquilo: “Los anuncios recientes, relacionados con el conflicto armado y el proceso de paz, estoy seguro de que van contribuir a que los comicios que se avecinan sean aún más seguros, más pacíficos”, expresó la semana pasada desde Cartagena

¿Qué esperar entonces del Congreso instalado ayer para la legislatura 2015-2016? Por los lados del Ejecutivo hay tres proyectos que iniciaron trámite en el período anterior y que continuarán su curso: el nuevo Código de Policía (pendiente para segundo debate en la plenaria del Senado), la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres, (pendiente de su penúltimo debate en la Comisión Quinta del Senado) y el de viviendas seguras (pendiente del segundo debate en la plenaria de Cámara).

Del primero es mucho lo que se ha dicho. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el objetivo es generar una norma que mantenga las condiciones para la convivencia en el país y determine el ejercicio del poder, la función y la actividad de la Policía, de conformidad con la Constitución y la ley. Sin embargo, hay quienes consideran que se les están dando facultades desbordadas a los uniformados, que recuerdan el fallido estatuto antiterrorista del gobierno Uribe, que se cayó en la Corte Constitucional, por ejemplo, al autorizar a la Policía para ingresar a un inmueble sin orden escrita por un juez.

Las llamadas Zidres están destinadas, según el Gobierno, “a disminuir la pobreza, promover el desarrollo económico y social de la zona, mejorar las condiciones agrológicas del suelo, incentivar la conservación del medio ambiente, promover el acceso a la propiedad de la tierra de los campesinos y promover el empleo”. Pero sus críticos —congresistas de izquierda y organizaciones como Oxfam, Codhes, el Cinep y la Comisión Colombiana de Juristas— afirman que se trata de “un intento por legalizar el acaparamiento de tierras, favorecer la extranjerización, eliminar requisitos para la adjudicación de baldíos y expropiar a campesinos que no cumplan con los parámetros productivos”.

En cuanto a la ley de viviendas seguras, lo que se busca es establecer medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos. No faltó quien insinuara que lo que se iba a hacer era generar más burocracia, pues el proyecto plantea la creación de la superintendencia delegada para el control de curadores urbanos, adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro, que se encargará de la inspección, vigilancia y control del proceso de selección de estos funcionarios.

El Gobierno anuncia además otras iniciativas a radicar. Por el Ministerio del Interior, se plantea una modificación de la Ley del Deporte y una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. El Ministerio de Hacienda tendrá la obligación de presentar el presupuesto general de la nación para 2016, al tiempo que se habla de una ley de reforma a entidades sin ánimo de lucro y a los licores y otros monopolios. Por los lados del Ministerio de Justicia llegará la ley estatutaria de la administración de la justicia (que reglamenta algunos aspectos de la reforma al equilibrio de poderes) y la Ley de Pequeñas Causas. Y el Ministerio de Cultura buscará modificar la Ley 666 de 2001, sobre la estampilla pro-cultura.

Una agenda que se ve no muy ambiciosa. El ministro Cristo dice que hay una tarea de gobierno por definir, que son pocas las prioridades y que el mismo presidente Santos ha insistido en no tener cantidad sino calidad en los proyectos. Y de paso reconoce que, efectivamente, el período legislativo que arranca estará marcado por la inasistencia, al menos en este semestre: “No se puede desconocer que cada cuatro años las elecciones regionales generan un interés de los partidos, que tienen un compromiso mayor de trabajo en las regiones, lo que dificulta la asistencia en las plenarias y las comisiones”.

Por supuesto, son de esperar los debates políticos, muchos de los cuales estarán marcados por la polarización política santismo-uribismo, buscando incluso en algunos casos tener efectos en lo electoral. Y, como siempre, estarán las polémicas en torno a temas como la legalización de la marihuana para usos medicinales o la eutanasia. “Esperamos un compromiso muy claro de los congresistas, como lo tuvieron en el primer año, que logramos sacar toda la agenda muy compleja y muy rica. Esperamos el apoyo de unos temas que son muy importantes”, concluye Cristo.

 

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