Permitirán que periodistas ingresen a cárceles del país

Con importantes propuestas fue radicado el Informe de Ponencia para tercer debate del proyecto de ley que busca modificar el Código Penitenciario.

En relación con el régimen de visitas, los ponentes de la reforma al Código Penitenciario aceptaron la propuesta del Gobierno de eliminar el artículo que hacía referencia a las visitas de la prensa a las cárceles y avalaron también la propuesta que establece que de toda visita a un establecimiento penitenciario o carcelario, sea a los internos o a los funcionarios que allí laboren debe quedar registro escrito.

El artículo establece que de incumplirse este registro se cometería una falta disciplinaria grave.

Uno de los cambios presentados ante la Comisión Primera del Senado le apunta a establecer “especiales condiciones de reclusión para los sindicados y condenados que hayan sido postulados a la pena alternativa prevista en la Ley 975 de 2005 o que se hayan desmovilizado como consecuencia de un proceso de paz con el Gobierno Nacional”.

Lo anterior, bajo la premisa del enfoque diferencial que establece también condiciones especiales de reclusión a las personas según su género, edad, pertenencia a minorías étnicas, orientación sexual, situación de discapacidad, entre otros.

En el capítulo del servicio médico penitenciario y carcelario, se incluyeron propuestas que le apuntan a que los egresados de los programas de educación superior del área de la Salud puedan, previa reglamentación que se expida para tal fin dentro del año siguiente a la promulgación de la ley, llevar a cabo su servicio social obligatorio en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

En cuanto a los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la propuesta incluye que en los establecimientos donde no existan permanentemente jueces de este tipo éstos deberán realizar al menos dos visitas semanales a los establecimientos de reclusión que les sean asignados.

También se endurecen las sanciones para quienes hagan un uso indebido de telecomunicaciones en los centros de reclusión, estipulando que el uso del teléfono celular por fuera de los casos autorizados será considerado como falta gravísima para el funcionario que así lo permita o facilite.

En cuanto a la asignación de recursos para el sistema carcelario, también se propuso un artículo nuevo que incrementa a un 60% los ingresos provenientes de los derechos por registro de instrumentos públicos y otorgamiento de escrituras destinados a la Superintendencia de Notariado y Registro, a partir del año 2014. Este incremento (10%) se destinaría exclusivamente a la adquisición de terrenos, el diseño, construcción, refacción, reconstrucción y equipamiento de los establecimientos de reclusión a cargo de la Nación.

Asimismo, se presentan propuestas en términos de clasificación de los establecimientos de reclusión, de tal forma que además de Cárceles de detención preventiva, Penitenciarías, Centros de arraigo transitorio, Cárceles y penitenciarías de alta seguridad, Cárceles y penitenciarías para mujeres, Cárceles y penitenciarías para miembros de la Fuerza Pública Pública; y Colonias agrícolas,

También se sugieren otros dos tipos: Casas para la detención y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de profesión u oficio; y los Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental y personas con trastorno mental sobreviniente, bajo la dirección y coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social, en los cuales será recluidas las personas con trastorno mental permanente o transitorio con base patológica.

De igual forma, se proponen nuevos artículos relacionados con los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, el control de la medida de prisión domiciliaria, la ejecución de la medida de prisión domiciliaria, la redención de la pena durante la prisión domiciliaria y sobre el pago del mecanismo de vigilancia electrónica, entre otros.

Este proyecto inicia de esta manera su tercer y penúltimo debate antes de ser aprobado como ley de la República.