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Coincidiendo con la presentación en Ginebra (Suiza) del informe de Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores dederechos humanos en Colombia —que alertó sobre la tasa de impunidad en sus crímenes, históricamente del 95 %— la ministra del Interior, Alicia Arango, se refirió a la polvareda política tras sus declaraciones en las que afirmó que en el país son asesinadas más personas por robos de celulares que por ser líderes sociales o defensores de derechos humanos.
La funcionaria dijo no entender el porqué de la controversia, manifestando que, si bien el Gobierno está pendiente de la seguridad y garantía de los defensores, tampoco puede olvidar que “hay muchas mamás y papás que están llorando a sus hijos por motivos distintos a ser líderes (…) no entiendo por qué tanto escándalo cuando lo que quiero decir es que en Colombia matan a mucha gente y, como ministerio de la seguridad ciudadana, también debemos estar pendientes de esas muertes, nos duelen”, aseguró en declaraciones a W Radio.
De paso, Arango recalcó la tesis según la cual no existe sistematicidad en los crímenes de líderes sociales, “porque los números lo muestran”, y defendió que en el 53 % de los casos hay esclarecimiento de los homicidios. “Aquí, como con otras muertes, el motivo no es ser solo líderes. Lo que pasa es que somos un país violento, horroroso”, agregó. Y aunque también dijo que se disculpa si ofendió a alguien con sus declaraciones, reafirmó que no se retractará de ellas.
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Lo dicho por la ministra se da justo en medio de la tensión diplomática entre el gobierno del presidente Iván Duque y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, por cuenta de un informe que advirtió que 108 defensores fueron asesinados en Colombia en 2019, la mayoría en municipios con “un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional”.
Ante las palabras de Arango, no se hicieron esperar las consideraciones de los políticos. En el contexto de efervescencia y preocupación por la situación de violencia y la violación a los derechos humanos en época de posconflicto, Roy Barreras, senador del Partido de la U, expresó su rechazo a las declaraciones de la ministra, argumentando que es un mal comienzo en su rol como encargada de la política. “No más sofismas para confundir a la opinión. La muerte de los líderes y de los reincorporados no para y la política negacionista de la paz los estimula”, enfatizó.
Para el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, la exposición de Arango sobre los crímenes de líderes sociales es un paso en falso que está observando la comunidad internacional, que se suma a peticiones como la hecha por el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, quien pidió sacar a la ONU del país. “Es una gran torpeza agredir a la ONU, y mucho más pedir su expulsión. En ese contexto, banalizar el asesinato generalizado de quienes lideran a las comunidades y reducirlo a un mero problema estadístico, es profundizar la crisis”, afirmó.
Contrario a su postura, la senadora uribista María Fernanda Cabal expresó que el intento de “los sectores de izquierda” por prestar atención a la declaración de Arango, es un factor distractor lleno de “exceso de sensibilidad”. “Lo que dijo Alicia sonó mal, pero qué se le puede hacer. Lo que ella quiso decir es que en este país matan por cualquier cosa. Si se daña la relación con la ONU, ¿qué importa que se dañe, qué favor nos ha hecho la organización? Creo que el gobierno Duque por fin se sacudió. Han cumplido con el Acuerdo pero sentaron una postura”, puntualizó.