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Hablar de regular la movilización social despierta polémica por tratarse de un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que enfrenta a los manifestantes con el Gobierno y la Fuerza Pública. Basta mirar los recientes hechos, ocurridos en la última semana de septiembre, cuando estudiantes de la Universidad Distrital protestaron por un caso de corrupción en la institución, hechos a los que se sumaron alumnos de la Pontificia Universidad Javeriana, aprovechando la oportunidad, además, para marchar en contra de los desmanes del Esmad en ese tipo de escenarios. En 2017, la Corte Constitucional pidió al Congreso reglamentar el asunto al tumbar 29 artículos del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) que establecían los mecanismos para salir a las calles, e impuso un plazo de dos años. Han sido varios los intentos dentro del Legislativo, pero ninguno ha prosperado.
A esas tentativas por regular la protesta social se suma la del senador de la Alianza Social Independiente (ASI) Jónatan Tamayo, más conocido como Manguito, quien va a radicar hoy en el Congreso un proyecto de acto legislativo de tres artículos para restringir la movilización ciudadana de lunes a viernes. Es decir, las personas que quieran manifestarse sobre la educación, el trabajo, la paz o cualquiera que sea el tema que las convoque, podrán hacerlo solamente los sábados y domingos. “El espíritu de las marchas no puede ser perjudicar a otros”, es el argumento principal del parlamentario simpatizante del uribismo, pese a pertenecer a un partido independiente y de origen indígena.
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En el interior del Capitolio, como era de esperarse, ya hay opositores al proyecto. “Además de ser un disparate, la propuesta es abiertamente inconstitucional, violatoria de todos los derechos políticos y de participación ciudadana”, dijo el senador del Polo Democrático Iván Cepeda. Igual opina Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, quien cree, también, que es una iniciativa que entorpece la función legislativa. “Esta afecta la buena imagen del Congreso, le quita seriedad en momentos en que debemos concentrarnos en temas fundamentales en materias como la paz, derechos sociales y medio ambiente”.
Voces al margen de la actividad legislativa desmienten los argumentos del senador Manguito al asegurar que “el derecho a la protesta siempre afecta a otros derechos, lo importante es que no sea una afectación grave”, la cual está tipificada con tres delitos, según explica el rector de la Universidad Externado y expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao. Además de tachar la propuesta de inconstitucional y antidemocrática, el exmagistrado sostiene que el proyecto desconoce los tratados internacionales que protegen la manifestación ciudadana, pues “para poder limitarla se necesita una justificación mayúscula”.
Tanto él como los abogados Soraya Gutiérrez, del Colectivo de Abogados José Alvear, y Juan Manuel Charry recuerdan la discusión lograda sobre el tema dentro del Acuerdo de Paz. “En este se incluyó el derecho a la protesta como derecho fundamental y hay una resolución (1190 de 2018) que dice cómo debe ser el actuar del Esmad en las manifestaciones, por tanto no es necesario el proyecto del senador Tamayo”, manifestó el expresidente de la Corte.