Piden a la CIDH que vigile actuaciones del Procurador durante proceso de paz

La solicitud la hizo el senador Iván Cepeda quien señaló que el jefe del Ministerio Público puede afectar las negociaciones.

El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, le expuso a la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, la dimensión y trascendencia del proceso de paz para Colombia, destacó los avances que se están logrando en la mesa de conversaciones frente a los ejes temáticos del Acuerdo general para la terminación del conflicto, y recordó la importancia del respaldo de la comunidad internacional en el desarrollo de este proceso.

Cepeda expresó su preocupación por las constantes intervenciones públicas y otras acciones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en discrepancia con el proceso de paz, tales como la apertura de indagación disciplinaria preliminar contra servidores públicos en 2013, a raíz de los viajes de algunos servidores públicos a la Habana para reunirse con integrantes de la mesa de negociación. También se refirió a las declaraciones que realizó el jefe del Ministerio Público, frente a la delegación de víctimas que viajó a La Habana, en rechazo a la inclusión de las víctimas de agentes del Estado y de grupos paramilitares en dicha comisión. En esa ocasión, el procurador dijo: “Diluir a las víctimas de la Farc en el universo de víctimas del conflicto terminará acogiendo la estrategia de las Farc de mutar de victimarios de los colombianos en víctimas del Estado y la sociedad”.

Del mismo modo, la afirmación del procurador Ordóñez en el foro de víctimas de las Farc ante el Congreso, el pasado 14 de agosto, de que los acuerdos del proceso de paz permitirían una “gigantesca operación de lavado de activos del narcotráfico”.

Para el legislador, es necesario y admisible que diversos sectores hagan críticas y expresen reparos sobre el actual proceso de conversaciones, como aspecto sustancial de la participación democrática en la construcción de la paz, y el Procurador General, como el encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, debe ejercer constante observación y vigilancia en dicho proceso. No obstante, Cepeda aseguró que “dichas funciones y prerrogativas no deben incluir acciones discriminatorias contra las víctimas de agentes del Estado y de grupos paramilitares, ni pueden llegar a constituirse en ataques directos al proceso de paz”.

En consecuencia, el congresista le solicitó a la CIDH hacer seguimiento especial de las actuaciones y pronunciamientos del procurador, relacionados con el proceso de conversaciones de paz que se adelanta en Cuba entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, y que incluya en el informe anual ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la preocupación por la actuación del procurador Ordóñez ante el proceso que busca la paz en Colombia.


Carta de Iván Cepeda Castro

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2014.

Comisionada
TRACY ROBINSON
Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Doctor
EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Respetada señora Presidenta y respetado señor Secretario Ejecutivo, reciban un cordial saludo.

Como es de su conocimiento, desde agosto de 2012 se adelanta en la ciudad de La Habana, Cuba, el diálogo entre las delegaciones del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-ep) tendiente a lograr la paz en Colombia. Este proceso se lleva a cabo mediante una mesa de conversaciones en la que se tratan seis ejes temáticos contenidos en el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Estos diálogos de paz son de gran relevancia para nuestro país y han contado con la atención y el decidido respaldo de la Comunidad Internacional. Su objetivo es constituirse en el camino para la solución política de un conflicto armado que se ha extendido durante seis décadas, y que ha dejado como consecuencia al menos 218.000 personas asesinadas, 27.000 personas secuestradas, 25.000 víctimas de desaparición forzada, 1.754 víctimas de violencia sexual, y más de 4.700.000 personas desplazadas de manera forzada[1]<file:///C:/Users/lina.yepes/Downloads/CIDH%20Procurador%20Paz.docx#_ftn1>. Por su parte, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno Nacional reconoce el registro oficial de más de 6.739.978 de personas víctimas en Colombia.

En el camino del diálogo, hoy se cuenta con trascendentales avances, al existir preacuerdos parciales en tres de los puntos de discusión -Política de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de drogas ilícitas-. De igual manera, desde hace un mes, la Mesa de Conversaciones inició la discusión sobre el eje de víctimas y sus derechos.

En dicho propósito hasta la fecha se conoce el acuerdo en torno a una declaración de principios que guían la discusión. Ambas partes han reconocido a las víctimas en su condición de ciudadanos con derechos, han aceptado su responsabilidad, han establecido que los derechos de las víctimas no son negociables, que la discusión sobre la satisfacción de esos derechos requiere su participación, y que no están en La Habana para “negociar impunidades”. Se han establecido como principios el esclarecimiento de la verdad, la reparación, las garantías de protección y seguridad, y la no repetición; y como objetivo la reconciliación de toda la ciudadanía, y su contribución a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas.

En coherencia con lo establecido en la declaración de principios, la Mesa de Conversaciones solicitó a La Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, la realización de tres foros regionales y uno nacional, los cuales se llevaron a cabo entre el mes de julio y principios de agosto del año en curso, en los que se recogieron las propuestas de las víctimas para ser llevadas a la Mesa de Conversaciones, teniendo como criterios para la selección de quienes participaron en dichos espacios la priorización de víctimas directas de todos los hechos victimizantes y de todos los actores del conflicto, teniendo en cuenta los enfoques poblacional, geográfico y de género.

Como pueden constatar ustedes, Colombia comienza a concebir que el acuerdo de paz estable y duradera por la vía del diálogo puede estar cerca y que la Mesa de Conversaciones de La Habana puede llegar a poner punto final al conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental.

Es en este contexto, en el que quiero en mi calidad de Senador de la República y defensor de derechos humanos expresar a ustedes mi preocupación por las permanentes declaraciones y actuaciones públicas del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien ejerciendo la jefatura del Ministerio Público, ha desplegado ingentes esfuerzos que buscan obstruir, e incluso amenazar la conclusión exitosa de este proceso de paz.

A continuación presento a ustedes un breve resumen de algunas de las declaraciones y actuaciones representativas de lo que afirmo:


1. Apertura de indagación disciplinaria preliminar contra servidores públicos quienes participan en el proceso de paz

El procurador Ordóñez ha señalado que como parte de la función disciplinaria que ejerce le corresponde emprender, si se encuentra mérito, acciones contra cualquier servidor público que participe en el proceso de paz, incluidos los miembros de la delegación gubernamental en la Mesa de Conversaciones. El 25 de septiembre de 2013, la Procuraduría abrió una indagación preliminar de carácter disciplinario para investigar los viajes de algunos servidores públicos a la Habana para reunirse con integrantes de las Farc-­ep, manifestando que existían personas que habrían viajado sin la respectiva autorización del Gobierno Nacional, actuación que fue interpretada por varios servidores públicos como un mecanismo de disuasión para acercarse al proceso de paz.

Sobre este aspecto, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, afirmó: “No es un delito acudir a La Habana sin permiso del Presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con las Farc o con el ELN en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están expresamente señaladas en el Código Penal”[2]<file:///C:/Users/lina.yepes/Downloads/CIDH%20Procurador%20Paz.docx#_ftn2>.

3. Delegación de las víctimas que van a La Habana

Frente a la decisión de la Mesa de Conversaciones de recibir a varias delegaciones de víctimas en La Habana, el procurador Ordóñez expresó su rechazo frente a la inclusión en dicha delegación de víctimas de agentes del Estado y de los grupos paramilitares, insistiendo en que quienes deben acudir a La Habana son exclusivamente las víctimas de las Farc.

Sobre el particular, el procurador Ordóñez aseguró: "Todas las víctimas del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, pero los victimarios sentados en La Habana son las Farc y por tanto quienes deben ser escuchadas allá son sus víctimas. Diluir a las víctimas de la Farc en el universo de víctimas del conflicto terminará acogiendo la estrategia de las Farc de mutar de victimarios de los colombianos en victimas del Estado y la sociedad"[4]<file:///C:/Users/lina.yepes/Downloads/CIDH%20Procurador%20Paz.docx#_ftn4>.

4. Acuerdos del proceso de paz permitirían una “gigantesca operación de lavado de activos del narcotráfico”

Sobre el acuerdo parcial en torno a la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, el procurador Ordóñez declaró ante medios de comunicación su preocupación por lo que, según él, podría ser una enorme operación de lavado de activos del narcotráfico. “Ese acuerdo [el del tercer punto tratado en la Mesa de Conversaciones de La Habana, nota fuera de texto] da la impresión de convertirse, más bien, en una gigantesca operación de lavado de activos, en la que millones de dólares quedarán legalizados”, dijo el procurador Ordóñez en una audiencia con las víctimas de las Farc, realizada en el Congreso de la República[5]<file:///C:/Users/lina.yepes/Downloads/CIDH%20Procurador%20Paz.docx#_ftn5>.

5. Acerca de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas

Finalmente, sin que se hubiera aún instalado oficialmente la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y sin que hubiera comenzado sus labores, el procurador Ordóñez fijó la siguiente posición: "’[L]a verdad no puede ser la que quieren los victimarios de las Farc’, y advirtió que este tipo de ejercicios ocultan la responsabilidad de la guerrilla ‘en graves violaciones a los Derechos Humanos a través de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios’. ‘Por eso extraña mucho a la Procuraduría que se haya pactado una Comisión que contribuya al esclarecimiento de la verdad, cuyo informe deberá ser difundido a manera de un nuevo credo que explica a conveniencia de la Mesa de Conversaciones, del propio Gobierno y de las Farc, la violencia que esa organización ha desplegado durante décadas contra la sociedad’"[6]<file:///C:/Users/lina.yepes/Downloads/CIDH%20Procurador%20Paz.docx#_ftn6>. Vale mencionar sobre este asunto, que una vez conocida la nómina de los integrantes de la Comisión Histórica, se pudo comprobar que está conformada por académicos e investigadores científicos quienes cuentan con amplio reconocimiento nacional e internacional.

(...)

Hacer críticas y expresar reparos sobre el desarrollo del actual proceso de conversaciones en La Habana es necesario y admisible como aspecto sustancial de la participación democrática en la construcción de la paz. El rol del Procurador General como el encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, sin duda, requiere su constante observación y vigilancia en el proceso de paz.

No obstante, a mi juicio, dichas funciones y prerrogativas no deben incluir acciones de abuso de la función pública, extralimitaciones u omisiones que no solo impliquen violaciones de los derechos de los ciudadanos, sino además ataques directos al proceso de paz. De esa clase de abusos y actuaciones arbitrarias hace parte recurrir a la amenaza de ejercer el poder disciplinario contra los servidores públicos que participen en el proceso de paz, desfigurar ante la opinión pública el sentido de los acuerdos a los que se está llegando en la Mesa de Conversaciones, discriminar a las víctimas de la violencia reconocidas por el propio Estado, o atribuirse la función de señalar al Gobierno Nacional cuándo y en qué condiciones debe poner fin a los diálogos de paz.

Sobre los hechos anteriormente mencionados de manera respetuosa pongo en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres consideraciones:

En primer lugar, debo señalar que las declaraciones y las actuaciones del Procurador General de la Nación en torno a la exclusión que debería producirse de las víctimas de agentes del Estado y de grupos paramilitares de las delegaciones de víctimas que estarán en la Habana, se constituyen en violación al derecho a la igualdad contenido en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 2º de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Las víctimas de acuerdo a nuestra Constitución Política son sujetos de especial protección. Al rechazar la participación de un sector considerable de las víctimas en el proceso de paz y en el diálogo sobre sus derechos, el procurador Ordóñez viola abiertamente las disposiciones de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y de la Constitución de Colombia, y además desconoce su posición de garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de todas y todos los colombianos.

En segundo lugar, la postura reiterada del procurador Ordóñez, utilizando su investidura, de sugerir o exigir en forma abierta la terminación de los diálogos de paz en La Habana, mina la posibilidad de resolver el conflicto armado en Colombia. Esto significa atentar contra la posibilidad de acabar con la violencia que genera cada año numerables violaciones a los derechos humanos y millones de víctimas.

En tercer lugar, se debe advertir que el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Al respecto la Corte Constitucional colombiana al pronunciarse frente a la naturaleza de la paz dentro del ordenamiento jurídico nacional ha manifestado: “La Paz constituye (i) uno de los propósitos fundamentales del Derecho Internacional; (ii) un fin fundamental del Estado colombiano; (iii) un derecho colectivo en cabeza de la Humanidad, dentro de la tercera generación de derechos; (iv) un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos individualmente considerados; y (v), un deber jurídico de cada uno de los ciudadanos colombianos, a quienes les corresponde propender a su logro y mantenimiento”[7]<file:///C:/Users/lina.yepes/Downloads/CIDH%20Procurador%20Paz.docx#_ftn7>. Lejos de atender dicha disposición la actuación del procurador Ordóñez pareciera no buscar corregir deficiencias del proceso de conversaciones, sino obstaculizar su continuidad, generando en la opinión pública el mensaje reiterado de que el mejor camino es interrumpirlo o clausurarlo.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, en mi calidad de víctima, de defensor de Derechos Humanos y de Senador de la República, acudo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar de manera respetuosa las siguientes acciones:

1. Hacer especial seguimiento de las actuaciones y pronunciamientos del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez, relacionados con el proceso de conversaciones de paz que se adelanta en la ciudad de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc-ep.

2. (...)

3. Incluir en el informe anual ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la preocupación por la actuación del procurador Ordóñez ante el proceso que se adelanta para la búsqueda de la paz en Colombia.

Atentamente,

IVÁN CEPEDA CASTRO
SENADOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA