Senador Castro pide a la Corte Constitucional declarar inexequible la Ley de Crecimiento

El senador Castro advierte que la reforma constitucional está dando exenciones tributarias por $9 billones.

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A través de una carta, el senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, le pidió a los nueves magistrados de la Corte Constitucional, quienes tienen pendiente el estudio de constitucionalidad de la segunda reforma tributaria del Gobierno –más conocida como Ley de Crecimiento–, declarar inexequible la Ley.

“La pasada reforma tributaria (Ley de Crecimiento) no solo evade el cumplimiento de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, sino, por el contrario, beneficia a una pequeña parte de la población”, escribe el senador antes de entrar a detallar sus consideraciones.

Para más contexto: Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento.

En principio, para el congresista el actual Sistema Tributario otorga exenciones que benefician a las grandes empresas y a las clases más pudientes. “El sistema no beneficia precisamente a los más pobres”, manifiesta, anexando análisis e investigaciones que constatan su postura.

Así pues, como recoge en la carta con las diferentes investigaciones, en 2016 los beneficios tributarios superaron los $10 billones; en 2018, en $27 billones. También trae a colación al profesor y economista Salomón Kalmanovitz, quien ha señalado, según su resumen, que “los regalos que está otorgando el Estado con la Ley de Financiamiento equivale al 3.4% del PIB, monto determinante si se tiene en cuenta que el total del recaudo tributario en Colombia ronda solo el 14%”.

Y citando al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Castro destaca que con la reforma tributaria el Estado dejará de percibir $9 billones. “Lo que refleja dicha Ley de Crecimiento es que muchas de las gabelas otorgadas en reformas anteriores no fueron modificadas y no hay una amplia justificación técnica para otorgar beneficios tributarios a ciertos sectores de la economía”, insiste.

En segundo lugar, se refiere a los tres días sin IVA. “Según un análisis presentado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en los estudios realizados en EE. UU. sobre esta propuesta, se evidenció que la mayoría de los compradores que accedían a estos beneficios no eran las familias menos favorecidas, sino, por el contrario, compradores sin hijos y con ingresos altos”.

También: ABC de la reforma tributaria 2019.

Sigue en su carta de justificación: “Esta medida tiende a debilitar al sistema tributario, disminuye el ingreso del país y no llega a las clases más bajas. Se debe de pensar en estrategias diferentes respecto al IVA, por ejemplo, bajar la tasa del 19 al 15% con miras a incentivar el consumo y en llave con la eliminación de algunas exenciones tributarias ya señaladas”.

Por último, expone uno de los temas bandera del Gobierno que se empezó a hacer efectivo en medio de la pandemia por el coronavirus como medida para ayudar a las familias que es el relacionado a la devolución del IVA y a otras medidas positivas, como la reducción de aportes de seguridad social en salud para pensionados e incentivos tributarios para quienes promuevan el empleo juvenil.

“El problema con estas medidas es que el país deja de percibir ingresos y aumenta su gasto fiscal. Dificultad que podría ser solucionada si se eliminaran las exenciones tributarias que ascienden a los $9 billones”, indicó, insistiendo la necesidad de eliminar dichas gabelas a las grandes empresas y las personas con más dinero, especialmente cuando el país necesita liquidez para atender la crisis por el coronavirus.

Así mismo, compartió algunas ideas que, a su juicio, sí cumplen con los principios de los que habló sobre el Sistema Tributario: el impuesto a las bebidas azucaradas que, explica, generaría un ingreso de $1.4 billones y desincentivaría el consumo de este tipo de bebidas; así como el impuesto al tabaco que recogería $2 billones. “Medidas como estas representan ingresos y beneficios en torno a la salud pública del país”, concluyó.

En octubre de 2019, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Financiamiento, reforma tributaria que el Gobierno presentó en 2018 para cubrir el hueco fiscal, al encontrar que hubo vicios de trámite durante la aprobación del proyecto. Por ende, le dio al Ejecutivo hasta finales de 2019 para presentar y sacar adelante una nueva reforma.