Piden a Fiscalía y al CNE investigar al comité del No de Juan Carlos Vélez

Los senadores Claudia López e Iván Cepeda solicitaron a las autoridades abrir una investigación "seria y urgente" a ese comité promotor del No por presuntas irregularidades en aportes de empresas bananeras.

Juan Carlos Vélez fue el gerente del comité promotor del No que fue denunciado por los congresistas Claudia López e Iván Cepeda. Archivo

Por irregularidades que habrían cometidos algunas de las empresas bananeras que aparecían en la lista de financiadores del comité “La Paz es de Todos”, los senadores Claudia López e Iván Cepeda pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Fiscalía General que se abriera una investigación “seria y urgente”.

“Además del escándalo sobre la manera en cómo fue manipulada la opinión pública a través de engaño, parece que se suma a eso financiación de empresa bananeras que estarían acusadas e implicadas en investigaciones judiciales por paramilitarismo”, señaló Cepeda.

La denuncia, a raíz de un artículo publicado en el portal Verdad Abierta, señala que algunos de los aportantes a este comité que promovió el No en el plebiscito, que era gerenciado por Juan Carlos Vélez, tendrían vínculos con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. (Lea:Así fue la financiación del comité por el No de Juan Carlos Vélez Uribe)

“Según la publicación, algunas de las personas y empresas aportantes a la campaña del no, han sido señaladas por Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, exjefe paramilitar del Frente Árlex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC, como financiadores de ese grupo”, señala el documento presentado por ambos congresistas.

Señalan también que algunos de los financiadores estarían involucrados en apropiaciones irregulares de predios, a través de grupos irregulares, que pertenecen al Consejo Comunicatiro de Puerto Girón (Apartadó, Antioquia).

“Es tan grave este hecho que la misma Corte Constitucional, mediante Auto 460 del 22 de septiembre de 2016, requirió a la Fiscalía para que investigara los delitos de desplazamiento y apropiación de territorios colectivos de las comunidades afro del Urabá”, dice el documento.

Según explican los senadores, los hechos que revela el artículo periodístico configurarían irregularidades como la “financiación prohibida proveniente de personas investigadas por delitos relacionados con la financiación de grupos armados ilegales”, la “financiación derivada de actividades ilícitas o con objeto de financiar fines antidemocráticos” y el “incumplimiento de los límites a la financiación privada”.

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