Piden a Fiscalía investigar a cúpula de Farc por delitos sexuales

Marta Lucía Ramírez, exministra y candidata presidencial. / Archivo

En una carta dirigida al fiscal general Néstor Humberto Martínez, la exministra y candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, pidió al ente acusador que abra una investigación de oficio a los integrantes de la cúpula de la hoy desarmada guerrilla de las Farc para se les endilgue una responsabilidad por los presuntos delitos sexuales que habrían cometido contra menores de edad.

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Según argumenta Ramírez, “los delitos sexuales en donde la víctima sea un menor de edad quedaron excluidos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), lo que implica que el competente para iniciar o continuar con las investigaciones respectivas por estas conductas es la Fiscalía”, señala la exministra.

En el mismo sentido, la aspirante a la Presidencia de la República, trae a colación en la misiva -ya en poder de Martínez- un informe publicado por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en el que se indica que, a julio del año pasado, tenía conocimiento de que había 232 casos documentados en los que se señala la responsabilidad de los miembros de la exguerrilla por delitos sexuales, en su mayoría, contra menores y que estarían listos para ser revisados por la JEP. “Situación que ya no es posible por lo cual es menester que se continúe con las investigaciones de estos casos”, agrega Ramírez.

Aunque sobre el particular todavía no hay respuesta por parte del ente acusador, es importante recordar que el artículo al que hace referencia la exministra tiene que ver con la propuesta surgida de los congresistas de la U Maritza Martínez y Efraín Torres quienes pidieron, en medio de la discusión de la ley estatutaria de la JEP, negar los beneficios que dicha norma contempla para los responsables de delitos sexuales contra menores.

Se trata del artículo 146 de la JEP en el que se expresa que a los responsables de estos delitos se les aplicará la pena que viene contemplada en el Código Penal, sin ninguna clase de beneficios o subrogados penales. Lo que no quiere decir, según la interpretación de los propios legisladores, que sea excluidos del sistema. Habrá que esperar, en todo caso, qué determina la Corte Constitucional que ahora es la encargada de estudiar el contenido de dicha ley.