Piden investigar a Supersalud por presunto aumento salarial en un 43%

El salario del funcionario pasó en dos meses de $12,5 millones mensuales a $20,7 millones.

Una aguda denuncia se conoció sobre las actuaciones del superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobos.

El presidente de la Academia del Pensamiento Conservador de Antioquia, Lucas Cañas, pidió que se investigue al Superintendente porque, al parecer, a través de varias resoluciones se aumentó el salario de manera unilateral en un 43%.

“Nos preocupa mucho que mientras los militares, policías e infantes de marina que ponen sus vidas a diario en riesgo por defender a la democracia, apenas tengan un incremento salarial del 3%, altos funcionarios del Estado, según las denuncias interpuestas en la Procuraduría, la Contraloría y la Auditoría, se aumenten el salario en un 43%”, sostuvo. (Vea aquí las denuncias).

Según él, un aumento del salario en ese momento “no tiene presentación, es infame y descarado en un sector donde se presentan a diario tantos actos contra la vida de los colombianos…no es posible un aumento salario a su antojo”.

“Le pedimos a los entes de control que nos cuenten a los colombianos si es legal o no que de manera unilateral se presenten estos incrementos salarias desproporcionados”, señaló Cañas.

De momento no se conoce una respuesta del superintendente de Salud sobre esta denuncia que surgió desde el Partido Conservador.

¿Qué dice la Contraloría?

La Contraloría quiere echar para atrás una decisión del Gobierno que autorizó el aumento del sueldo del superintendente de Salud. Según la entidad, este incremento salarial –que pasó de $12’511.461 en 2012 a $20’762.328, incluida una prima técnica– “contraviene a todas luces los principios de economía y de equidad”, teniendo en cuenta que en este caso el aumento fue de 43,4%, mientras “para un gran porcentaje de los colombianos (…) fue apenas el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, que para 2013 fue de 2,44%. A través de un oficio del pasado 8 de abril, Luis Carlos Pineda Tellez, director de vigilancia de la Contraloría Delegada para el Sector Social, le pidió a la oficia jurídica del ente fiscal que demande el Decreto 2383, de noviembre de 2012, que autorizó el incremento salarial.

Al ser cuestionado por este hecho, el superintendente de Salud, Gustavo Morales, le dijo a El Espectador que él no participó, ni opinó, ni fue consultado sobre la fijación de su salario y recalcó, además, que no cuenta con el fuero ni la competencia para hacerlo. “Entiendo que ese ajuste se hizo a través de un decreto que ya estaba en trámite cuando yo me posicioné (en octubre de 2012). Si lo quieren demandar que lo demanden, y que los jueces decidan si es ilegal o no. Ningún funcionario puede decir que yo llamé a preguntar en qué iba este decreto o a intrigar”.

En una carta que Morales le respondió a José Villamil, director de la Veeduría Nacional de Salud, sobre este mismo tema, le dice que “no puede usted imputarme la expedición de un decreto firmado por el presidente de la República, dos ministros y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)”. Efectivamente, al revisar el decreto, los responsables y firmantes del decreto que autoriza el incremento son el ministro de Hacienda, Mauricio Cardenas Santamaría; el de Salud, Alejandro Gaviria, y la directora del DAFP, Elizabeth Rodríguez Taylor.

¿Cómo justifican ellos esta alza del 43,4%? Según Gerardo Lubin Burgos Bernal, secretario General del Ministerio de Salud, expuso lo siguiente: “Hay sectores en los que la inspección, la vigilancia y el control son más complejos. En este caso se debe tener en cuenta el número de actores y la estructura misma del servicio de salud, en el que se debe garantizar calidad, oportunidad y suficiencia. Estamos hablando de un servicio altamente especializado”.

Y recalcó, además, que son múltiples los actores que están sujetos a la vigilancia y el control en este sector: las EPS como aseguradoras, las clínicas y hospitales como prestadoras de servicios (Burgos destaca que son más de 13 mil en el país) y, además, las múltiples fuentes de financiación. “Esta alta complejidad del sector nos llevó a definir una remuneración que esté acorde con el cúmulo de responsabilidades. Hay otros sectores que también tienen una alta complejidad como la nuestra: el financiero, donde el superintendente tiene un ingreso mayor que el nuestro; el de sociedades o el de industria y comercio. Menciono estos ejemplos simplemente para señalar que la decisión que tomó el Gobierno fue nivelar la complejidad del cargo con la remuneración”.

El Decreto 1029 de 2013, que establece las remuneraciones para los empleados públicos, señala que los superintendentes de Puertos y Transportes y el de Sociedades recibirán $6’216.247 mensualmente; que el Financiero tendrá una asignación básica de $8’662.350 más otros beneficios salariales y prestaciones; y que el de Salud tendrá una remuneración de $14’280.013. A estas cifras habría que sumarle una prima técnica mensual que se calcula según sus títulos académicos y sus publicaciones en revistas especializadas.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública existen otros superintendentes con salarios mayores al de salud. Por ejemplo, el de Industria y Comercio, que recibe mensualmente $21’468.316 y el Financiero, que gana $30’022.387.