Piden llevar a indagatoria a magistrado de Judicatura

El magistrado Néstor Raúl Correa fue denunciado por el presunto delito de peculado.

El Espectador
11 de septiembre de 2013 - 04:28 p. m.
Néstor Raúl Correa, presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura.
Néstor Raúl Correa, presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura.

El abogado Andrés Medina, quien demandó ante la Comisión de Acusaciones al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, consideró irrisorio que "los dineros que fueron aprobados para capacitar a quienes imparten justicia en Colombia y a la Rama Judicial en general, se desvíen en el camino con falsedades a través de decisiones arbitrarias que no fueron notificadas".

Por ello, el jurista le pidió a la Comisión que actúe como debe ser y siente un precedente en la historia jurídica del país de cara al desvió de recursos de la rama judicial.

“Esto no tiene presentación, es inaudito que se desvíen los recursos destinados para capacitar a un sector tan debilitado como es el que imparte justicia en nuestro país, donde los salarios, las condiciones laborales y la seguridad son muy regulares. Debemos dejar un antecedente y así evitar que este tipo de hechos se vuelvan a cometer”, señaló.

Medina advirtió que llevará sus denuncias a instancias internacionales y asociaciones gremiales de derecho en el mundo y si es el caso “convocar a una huelga en favor de la capacitación del sector judicial en nuestro país”.

“Los antecedentes del magistrado Néstor Raúl Correa indican que en el pasado se vio envuelto en el llamado escándalo del proceso 8.000 donde se le vinculó al interior de las indagatorias que se adelantaron por dineros calientes provenientes del narcotráfico”, dijo.

Medina agregó que “es importante que el magistrado le diga a los colombianos la verdad, toda vez que los documentos y actas son claras en la destinación de los más de mil millones de pesos que no fueron invertidos en educación para el sector”.

La denuncia de Medina advierte la presunta celebración irregular de 20 contratos para la reparación y reconstrucción de los palacios de justicia de Mocoa, Cali y Manizales.

Por El Espectador

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