Piden que nuevos magistrados de la Corte Constitucional no hayan tenido vínculos con el Gobierno

Para los firmantes de una carta enviada al Gobierno, la Corte Suprema y el Senado, no puede esperarse que la Corte asuma su tarea y realice los valores y principios que le están encomendados si el reclutamiento de sus miembros se realiza en el círculo íntimo del poder que está llamada a vigilar.

Redacción Politíca
26 de abril de 2017 - 09:27 p. m.
Actualmente hay cuatro vacantes por llenar en la Corte Constitucional.  / Archivo
Actualmente hay cuatro vacantes por llenar en la Corte Constitucional. / Archivo

En una carta pública, un grupo de exconstituyentes, exmagistrados de las altas cortes y exministros, entre otras altas personalidades del país, le pidieron al Gobierno Nacional y a la Corte Suprema de Justicia que no postulen como candidatos a la Corte Constitucional, donde actualmente hay cuatro vacantes por llenar, a personas que hayan tenido vínculos con la actual administración del presidente Juan Manuel Santos, bien sea como funcionarios, asesores o contratistas. Y en este sentido, le solicitan también al Senado de la República tener en cuenta esta recomendación para no elegirlos.

“El imperio del Estado de Derecho y el objetivo trascendental de mantener a cada autoridad en su órbita propia, exige que quienes integran la Corte Constitucional estén en capacidad de garantizar al país su independencia de los poderes políticamente activos y su imparcialidad como máximo órgano de control del ordenamiento superior, encargado, además, de mantener la producción normativa en su marco constitucional de la manera más estricta”, señala la misiva.

Y agrega: “No puede esperarse que la Corte asuma su tarea y realice los valores y principios que le están encomendados si el reclutamiento de sus miembros se realiza en el círculo íntimo del poder que está llamada a vigilar, llevando a él personas subordinadas al Ejecutivo por vínculos de dependencia y de gratitud frente a quien los honró con su confianza y gratificó con sus mercedes y, menos aún, si contribuyeron a la construcción de las políticas del gobierno y a su traducción en normas, cuya validez les correspondería juzgar inmediatamente después de su eventual elección”.

Entre los firmantes se encuentran Carlos Lleras de la Fuente, Hernando Yepes Arcila, Carlos Esteban Jaramillo, Jesús Vallejo Mejía, María Claudia Rojas, Rubén Darío Lizarralde, Jorge Bustamante, Pedro Medellín, Virginia Garcés, Oscar Ortiz González, Lorena Garnica, Andrés Vernaza, Carlos Hugo Ramirez, Paola Tamayo y María Paula Robayo.

“¿Qué seguridad puede tener el país en las decisiones que tome una Corte integrada, así sea parcialmente, por magistrados que deben evaluar la juridicidad de normas cuya emisión recomendaron y cuya elaboración misma es fruto de su aporte profesional?”, preguntan estos en la carta. Y advierten que es de gran inconveniencia que el Poder Ejecutivo coopte la Corte Constitucional: “No podemos dejar de recordar fenómenos de reciente ocurrencia derivados de la práctica de reclutar magistrados para la Corte Constitucional con manifiesto descuido o con la intención de premiar lealtades o promoverlas para el inmediato futuro”.

Este escenario, sugiere el escrito, lleva a que, por razones de ética pública, ajenas en todos los casos al deseo de agradar al poder, “los magistrados no pueden ni deben pronunciarse sobre textos normativos en cuya concepción, estructuración o promoción hayan participado a uno u otro título. Infortunadamente las reglas vigentes sobre recusación e impedimentos no logran cubrir situaciones cuya nocividad no debe repetirse. De ahí la necesidad de afrontar el problema desde los que pueden ser sus orígenes”.

Y concluye: “Nuestras apreciaciones no constituyen pronunciamiento sobre las calidades personales o profesionales de los candidatos presentados que, en la medida en que existan, se convierten en coartadas para una postulación y una elección políticamente incorrectas y jurídicamente tramposas, porque atentan en el inmediato futuro contra la validez y vigencia de nuestra institucionalidad democrática y amenazan de manera preocupante la autonomía e independencia del tribual que debe garantizar la integridad y supremacía de la Constitución”.

      

Por Redacción Politíca

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