Piedad Córdoba pide a la JEP llamar a paramilitares que extraditó el gobierno Uribe

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Según la exsenadora, “no hay razones jurídicas ni políticas para que la JEP se convierta en un tribunal exclusivo para exguerrilleros y exmilitares”.

En una nueva carta, pero esta vez dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la excandidata presidencial Piedad Córdoba pidió que se llame a comparecer ante el tribunal de paz a los exjefes paramilitares que fueron extraditados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que fueron excluidos de Justicia y Paz.

“Tras casi 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, llegó la hora de la verdad, llegó la hora de las víctimas (…) Me dirijo a ustedes en mi condición de víctima del paramilitarismo de Estado, profundamente preocupada por mis derechos y los de millones en mi condición”, señala la excongresista.

Para Córdoba, “no hay razones jurídicas ni políticas para que la JEP se convierta en un tribunal exclusivo para exguerrilleros y exmilitares, excluyendo por esta vía de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a las víctimas de la violencia paramilitar”. Y advirtió que el acuerdo de paz nunca “proscribió per sé conducta ni actor alguno del conflicto armado para que estuviese vetado para esta Jurisdicción”.

“La aceptación de paramilitares meramente como ‘financiadores’ y ‘colaboradores’ no contribuye al esclarecimiento del conjunto de lo acaecido en el conflicto ni a la reparación integral de sus víctimas”, expresa Córdoba en esa carta.

Además, refiere que la inexistencia de una norma que permita la comparecencia de los exjefes paramilitares a la JEP “no puede ser excusa para una jurisdicción de rango constitucional como la JEP”.

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“Como víctima directa, solicito que la JEP llame a comparecer a los 17 jefes paramilitares extraditados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2008, que fueron excluidos de Justicia y Paz, y cuyos múltiples delitos de lesa humanidad, grave crímenes de guerra y graves infracciones del DIH no han sido asumidos por esta jurisdicción”, indica la exsenadora liberal.

Por otra parte, se refirió a la figura que, ante el limbo jurídico que existe, se podría utilizar para que estos testimonios lleguen a la JEP: “El derecho internacional y el mismísimo jefe paramilitar Salvatore Mancuso han puesto sobre la mesa la figura jurídica idónea que permita la competencia de la JEP para la reparación de las víctimas del paramilitarismo: la de agente de estado de facto”.

“El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en el Asunto de Nicaragua en 1986 declaró agente de estado de facto de los Estados Unidos, a un grupo paramilitar de la Contra. Si la JEP se reconoce como competente ante los llamados AENIFP (Agentes del Estado No Integrantes de la Fuerza Pública), ¿no podría reconocer entre estos a los combatientes del paramilitarismo de estado, agente de facto del estado colombiano, acorde con el derecho internacional?”, concluye.

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Lo que pide Córdoba va en línea con el proyecto de ley radicado por el senador Roy Barreras, para que se cree la figura de los testigos comparecientes y los exjefes paramilitares que estarían ad portas de llegar a Colombia, como Salvatore Mancuso o Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, puedan acudir al tribunal y, en caso de que sus testimonios sean esclarecedores, obtengan los beneficios jurídicos del acuerdo de paz.

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