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La historia de la lucha de los derechos políticos para la mujer no empezó el día que ganaron el voto. Como lo anotó Ofelia Uribe de Acosta, cuando ese hecho se consumó el 27 de agosto de 1954, “el derecho al sufragio femenino no fue una dádiva ni del general Rojas, ni de ningún presidente”. Fue obra de las mujeres cuando se decidieron a concretarlo. Para llegar a ese momento, muchas sumaron sus vidas a esa causa: Mercedes Abadía, Matilde Espinosa, Rosa María Aguilera, Hilda Carriazo, Lucila Rubio de Laverde. La lista es tan larga como la historia que se empezó a escribir con manos femeninas.
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Así pues, antes del derecho al voto, que les permitió a las mujeres aspirar a cargos de elección popular, las décadas de los 20 y los 30 fueron el terreno abonado que antecedió las luchas sufragistas y su llegada al Congreso. Un compendio de leyes, actos legislativos y decretos se expidieron a lo largo de ese período y que, poco a poco, fueron reconociendo a las colombianas como sujetos de derechos. La primera luz de ese largo camino, en 1921, fue la posibilidad que les otorgó el Estado de recibir directamente sus sueldos, sin intervención alguna.
Unos años después, se les reconoció su titularidad en cuentas de ahorros, así como que se les permitió la constitución del patrimonio familiar, a favor de las esposas e hijas. Esto, más adelante, llevó a que las mujeres podían administrar esos bienes y celebrar contratos, sin ningún tipo de permiso por parte de ningún hombre. En 1933, el Ministerio de Educación otorgó, quizá, uno de los derechos más reclamados: la posibilidad de terminar la secundaria e ingresar a la universidad. El primer peldaño para la preparación profesional que muchas cursaron para poder hacerse elegir. Esto significó, también, la posibilidad de entrar a lo público y ejercer como funcionarias.
Por eso, después de 135 años de vida republicana, el derecho al voto se convirtió en la puntada final de ese trasegar por buscar su reconocimiento político. Y antes de que esto fuera ley, dos constituyentes dieron testimonio de la lucha por alcanzar esos privilegios: Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. La primera nacida en Popayán, hija del líder conservador Guillermo Valencia y hermana de Guillermo León Valencia, que sería presidente entre 1962 y 1966. Después de su participación en la Constituyente, fue la primera gobernadora del país y del Cauca y después ministra de Educación, embajadora ante la Unesco y, finalmente, senadora por la Alianza Nacional Popular (Anapo).
Esmeralda Arboleda, por su parte, es un testimonio vivo de la brega por los derechos políticos, desde los primeros congresos femeninos que deliberaron a partir de 1930 y en apoyo al desarrollo de la Ley 28 de 1932, que le dio derechos civiles a las mujeres casadas. Fue el derecho a desempeñar cargos públicos que se incluyó en la reforma constitucional de 1936. Por discrepancias con Rojas fue destituida de la Constituyente, pero luego fue la primera senadora electa en 1958, ministra de Comunicaciones del gobierno de Alberto Lleras, de nuevo parlamentaria en 1966 y embajadora en Austria y alterna ante la ONU.
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En el primer cuatrienio del Frente Nacional, Esmeralda Arboleda fue la única senadora de la República y por la cual esa corporación tuvo que construir un baño especial para ella, ya que los que habían era de hombres, según recuerda su nieta Camila Uribe. Pero a la Cámara de Representantes llegaron ocho mujeres: la educadora antioqueña Cecilia Lince Velásquez; la reconocida Bertha Hernández, esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez; Carmenza Rocha Castilla, que en los años 60 fue el símbolo de la mujer en la política en el departamento del Tolima; Anacarsis Cardona Toro, que fue respaldada por el electorado de Caldas; Teresa Santamaría, también antioqueña y muy activa en la causa del sufragismo; y María Paulina Nieto e Isabel Vall-Serra.
En 1962, en paralelo con el gobierno de Guillermo León Valencia, creció el número de mujeres congresistas. En un parlamento de pesos pesados como Alfonso López Michelsen, los expresidentes Darío Echandía y Mariano Ospina Pérez, o los dirigentes Evaristo Sourdís, Alfredo Araújo Grau, Otto Morales Benítez y Virgilio Barco Vargas, al Senado llegó, en calidad de suplente por Cundinamarca, la destacada dirigente Ofelia Uribe de Acosta, que desde el periódico Agitación Femenina en Tunja, o en los micrófonos de Radio Cristal en Bogotá, en los años 40, fue artífice de los derechos políticos para la mujer.
Además, repitió como senadora principal Bertha Hernández. A la Cámara, desde diversas regiones, llegaron diez parlamentarias. Por la Corriente Unionista Conservadora en Antioquia ingresó Sofía Medina Gómez, con suplencia de otra mujer, Cecilia González Arcila. También por ese departamento, por el liberalismo, llegó una dirigente de largo recorrido en la política colombiana: Migdonia Barón Restrepo. Por las listas del Chocó resultó electa Nazly Lozano. El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), que orientaba López Michelsen, logró en Cundinamarca elegir a María Helena de Crovo, después ministra de Trabajo.
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En ese momento, el expresidente Rojas Pinilla comenzaba a ganar la batalla legal por recobrar sus derechos políticos y sus seguidores, aglutinados en la Anapo, llevaron al Congreso a su hija, María Eugenia Rojas. A lo largo del cuatrienio 1962-1966, en medio del desafío de las “Repúblicas independientes”, mientras nacían las Farc o el Eln y el gobierno Valencia se atrincheraba en los planes anticomunistas concebidos desde Washington, en el Congreso las voces de María Eugenia Rojas, Bertha Hernández o María Helena de Crovo testificaron la intervención de las mujeres en los debates públicos.
Con ellas también participaron en la Cámara, Nelly Turbay de Muñoz, con respaldo del electorado liberal del Huila. Cecilia Muñoz, en las listas del MRL en el Valle del Cauca. Pepa Calderón de Lozano, que alcanzó una curul en Cundinamarca con respaldo del liberalismo. Además de las nombradas, en calidad de suplentes entraron al Congreso 1962-1966, María Francisca de Medina, en representación del Tolima; Mercedes Lloreda de Garcés, con el apoyo del conservatismo doctrinario del Valle; Gabriela Zuleta Álvarez, por Caldas; Meida Meza de Palomo, de Córdoba; y Amanda de Montejo, por Cundinamarca.
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