Sin la oposición, plenaria del Senado aprobó ascenso del general Zapateiro

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El actual comandante del Ejército recibió el espaldarazo de 74 senadores. Contra el uniformado figuran dos procesos activos a nivel penal: uno por peculado por apropiación y otro por tráfico de influencias. También una investigación disciplinaria en estudio preliminar.

En una acalorada sesión del Congreso –en la que la oposición resolvió retirarse y usando por primera vez la virtualidad como recurso de discusión y votación–, la plenaria del Senado aprobó el ascenso del actual comandante del Ejército, mayor general Eduardo Zapateiro, quien ahora asume como general.

El uniformado, a quien la oposición le enrostró las investigaciones que tiene en curso, recibió 74 votos a favor y ninguno en contra. Como reveló El Espectador en junio pasado, en materia penal figuran dos procesos activos contra el ahora general Zapateiro. Uno por peculado por apropiación y otro por tráfico de influencias. Se reseña además que tuvo cinco procesos por tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, falsedad ideológica y prevaricato, pero todos fueron archivados.

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A nivel disciplinario, el mayor general Zapateiro registra también un caso en estudio preliminar: un proceso relacionado con presuntas amenazas y presiones contra una juez de instrucción penal militar”. Recién a finales de junio, luego de recibir el primer visto bueno del Senado (el de la Comisión Segunda) al general Zapateiro le archivaron otros tres casos: una queja por malversación de fondos, abuso de autoridad y, finalmente, el caso de la desaparición de Jaime Enrique Quintero, papá del futbolista Juan Fernando Quintero, ocurrido en 1995.

La plenaria del Senado también votó el ascenso de otros cinco uniformados. Para el grado de general –el máximo grado en la jerarquía castrense–, el jefe del Estado Mayor Conjunto, mayor general de la Fuerza Aérea Jorge León González. Para el grado de mayor general de Infantería de Ricardo Perico Pinto y el contralmirante Camilo Gómez Becerra. Finalmente, para brigadier general o contralmirante al capitán de Navío Orlando Alberto Cubillos y el coronel Jorge Torres Mora.

Reparos de la oposición

La oposición –que en junio pasado, durante primer debate, había pedido suspender el ascenso de los seis uniformados– resolvió retirarse de la sesión haciendo hincapié en las investigaciones y los procesos que salpican a altos mandos militares por corrupción, interceptaciones y, más recientemente, los llamados perfilamientos, y en los que podrían terminar inmersos los recién ascendidos.

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“No podemos continuar con el proceso de ascensos cuando no se han esclarecido los hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos al interior de las Fuerzas Militares. El Senado no puede ignorar estos graves hechos, que deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes. Tenemos el debe de decirle al país que reprochamos estos hechos”, dejó como constancia el partido Alianza Verde.

En su momento, la solicitud realizada por la oposición fue interpretada por el oficialismo como una afrenta al orgullo y la investidura militar, y alegó que se están violando derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

De la sesión también se retiraron otros parlamentarios como Antonio Sanguino (Alianza Verde) e Iván Cepeda (Polo Democrático), integrantes de la Comisión Segunda del Senado, que en junio dio el primer visto bueno al ascenso. Precisamente ellos enviaron un derecho de petición al Ministerio de Defensa, respaldados por Feliciano Valencia (MAIS), en el que solicitaban frenar el trámite.

Expresaban preocupación por el riesgo de premiar a oficiales inmersos en faltas disciplinarias, penales o fiscales, y porque, haciendo uso de su nuevo rango, “profundicen su actuar delictivo y desvíen las investigaciones”.

Sesión subida de tono

El partido FARC también se abstuvo de votar los ascensos y la senadora Victoria Sandino aseguró que “no era momento” de hablar de dichos ascensos, “en especial de quienes están cuestionados”. Recordó también que el otrora movimiento guerrillero al que perteneció ya le pidió perdón al país y a las víctimas por los hechos cometidos durante el conflicto. Eso sí, reclamó que los militares no han pedido perdón por hechos como el crimen del excombatiente Dimar Torres.

La intervención de Sandino fue criticada por senadores del oficialismo, como José Obdulio Gaviria y Paola Holguín, del Centro Democrático, quienes dijeron que la FARC está impedida para participar en este tipo de debates. De hecho, Gaviria –sin mencionar a Iván Cepeda y ante los reparos expresados por este– aseguró que “se desvivió” por lograr la liberación del prófugo Jesús Santrich, hoy uno de los comandantes de las disidencias de la guerrilla. En respuesta, el senador Cepeda calificó a Gaviria como “ruin, cobarde y embustero”, y lo instó a denunciarlo si cuenta con las pruebas de ello.

Quien también participó de la discusión fue Gustavo Petro que, aunque se retiró, dejó constancia de los reparos a los ascensos en línea con lo expresado por la oposición e incluso, dijo que al interior de las Fuerzas Armadas –como en otras entidades del Estado–, hay traquetos. Ello le generó reproches de otros senadores, que le enrostraron el episodio en el que recibe bolsas para la financiación de su campaña.

El senador de la Colombia Humana no tardó en responder y frente a ese hecho, argumentó que, bajo la gravedad del juramento, quien suministró ese dinero ($20 millones) dijo que fue bajo parámetros de legalidad: “Fue el exnovio de la mamá de Paloma Valencia. Que yo sepa es un señor decente y no es un traqueto”.

Procesos contra uniformados

En junio pasado, El Espectador reveló la totalidad de documentos y certificaciones que emitieron los diferentes organismos de control frente a los antecedentes, procesos e investigaciones que cursan contra los seis oficiales.

Una primera revisión deja bien parados a los uniformados. Ninguno tiene una solicitud de sometimiento ante la JEP, algún incidente por vulneración a derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo, procesos fiscales ante la Contraloría, antecedentes ante la Policía ni investigaciones en la justicia penal militar. Sin embargo, los líos aparecen al revisar sus procesos ante las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.

Sumado a los procesos activos contra el mayor general Zapateiro, el brigadier general Perico tuvo una investigación por lesiones agravadas que fue archivada. Los oficiales restantes no tienen registros. Además, el ente reseña casos que ya están cerrados y finalizados contra el mayor general Jorge León González (tres en total), el contraalmirante Camilo Gómez (también tres), uno contra el brigadier general Ricardo Perico y otro contra el coronel Jorge Federico Torres Mora.

Nota del Editor:

En la versión inicial de este artículo se reseñaba que el mayor general Zapateiro registraba además de los dos procesos penales, cuatro casos disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación, en etapa preliminar: una queja por malversación de fondos, otra por abuso de autoridad, también por supuestas amenazas y presiones contra una mayor, y, finalmente, por el caso de la desaparición de Jaime Enrique Quintero, padre del futbolista Juan Fernando Quintero, ocurrido en 1995″.

Lo anterior se incluyó en el texto con base en la propia información que recibió y analizó la Comisión Segunda del Senado para aprobar en primer debate los ascensos de los seis uniformados, entre ellos el del general Zapateiro. Sin embargo, al hacer una nueva consulta de asuntos disciplinarios en la Procuraduría, se evidencia que tres de las indagaciones preliminares contra el general fueron archivadas, estando activo en contra el uniformado en la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Nacional, un proceso relacionado con presuntas amenazas y presiones contra una juez de instrucción penal militar”.

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