¿Podría una demanda del uribismo salvar la implementación del acuerdo de paz?

En la Corte Constitucional corre una demanda presentada por el Centro Democrático que pretendía tumbar el Acto Legislativo para la Paz. Hoy, se dice que podría prosperar y generar formas para implementar el acuerdo.

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Los dardos desde el uribismo hacia el Gobierno porque consideran que hay una intención de hacer “conejo” y no reconocer los resultados negativos del plebiscito el pasado 2 de octubre son constantes. De lado cercano del Gobierno, se acusa al uribismo de querer dilatar el proceso, con miras a las presidenciales del 2018, mientras que desde el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez señalan al mandatario de chantaje. (Lea: "Pacho" Santos desnuda división en el uribismo)

Sin embargo, sobre todas las posibilidades que pueden existir para poner en marcha los acuerdos, a pesar de que el No ganó en las urnas, está una que crearon los mismos que se opusieron al plebiscito para refrendar los acuerdos establecidos entre el Gobierno y Farc en La Habana. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

Hoy, en la Corte Constitucional, hace curso una demanda presentada por la bancada del Centro Democrático que, cuando fue radicada, buscaba que la totalidad del conocido “Acto Legislativo para la Paz” fuese declarado inconstitucional. Y, del grueso de la demanda, se destacan los reparos sobre el artículo 5 de dicha ley que señala: “El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Ese artículo le daba carácter vinculante al plebiscito para que el presidente implementara los acuerdos, es decir, que fuese de obligatorio cumplimiento. Para el uribismo, ese punto violaba los artículos 77, 78 y 374 de la Constitución Política de Colombia.

La conclusión de todos los argumentos que esgrime el Centro Democrático sobre la inconstitucionalidad del artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz es que no se permite que el plebiscito reforme el texto constitucional y aclara que este es un mecanismo de participación política no reformatorio de la Constitución.

“Se crea un nuevo mecanismo indirecto de reforma constitucional extraño a los pilares establecidos en la constitución, que definen la naturaleza del plebiscito como un procedimiento no reformatorio de la Carta Política”, dice la demanda.

Según explica Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), “si la corte tumba el efecto refrendatorio que le da ese artículo del acto legislativo al plebiscito, liberaría el Acuerdo de Paz y el presidente podría presentarlo ante el Congreso”.

En pocas palabras, la demanda se podría convertir en un salvavidas para la implementación del acuerdo con las Farc. Todo lo contrario a lo que pretendía el uribismo, si la historia desde el 2 de octubre hubiese sido otra y el Sí hubiera ganado. La segunda parte de esta demanda también busca tumbar el Acto Legislativo para la Paz por vicios formales de trámites.

Sobre este asunto, el senador Iván Duque, uno de los demandantes, le dijo a la revista Semana que al ganar el No, el Acto Legislativo para la Paz nunca nació jurídicamente. “Sería absurdo que la Corte que validó el plebiscito ante un triunfo del No, reviva la implementación de los acuerdos”, dijo Duque, para quien la Corte Constitucional no debería prestarse para hacerle “conejo” al pronunciamiento ciudadano.

A parte de esta demanda, el Consejo de Estado también admitió otra contra el plebiscito, que pretende que las elecciones en el Caribe, a raíz de las afectaciones del huracán Matthew, se puedan repetir. Esta tiene que ser estudiada en la Sección Quinta (de asuntos electorales) de dicha corte.

A la anterior, aunque no de manera formal, se le suman los argumentos que Armando Novoa, magistrado del CNE, expuso en su salvamento de voto al acuerdo que declara la elección del plebiscito. Señaló que “187.260 votantes no pudieron participar debido a las difíciles condiciones climáticas asociadas al huracán” y agregó que el CNE debió darle al huracán el valor que se merecía “como factor de grave perturbación de la participación ciudadana, disponiendo la realización de una nueva elección en los municipios en los que el huracán comprometió la llegada a las urnas o su misma instalación”.