La polémica por la detención preventiva

La reglamentación de la detención preventiva en el Congreso, fijando en dos años para los delitos graves, hizo correr versiones de beneficios para políticos involucrados en corrupción.

ArchivoSamuel Moreno.
El Congreso de la República aprobó en definitiva la iniciativa que busca reglamentar la detención preventiva en el país, que aunque estaba contemplada como una medida excepcional, se ha aplicado como norma general, con lo que se llegó a un total de 44 mil personas detenidas, de las cuales 22 mil llevan más de un año tras las rejas sin que se defina su situación judicial. Un factor que ha impactado las cifras de hacinamiento carcelario en el país.
 
Por este motivo, el proyecto busca que las personas no puedan durar más de un año bajo la figura de detención preventiva cuando se trata de delitos simples. Pero, para delitos excepcionales, en casos que estén ante la justicia especializada o por corrupción, esta medida solo aplicará después de dos años, ello con el fin de que la Fiscalía tenga tiempo de desarrollar las investigaciones. Un asunto que, como se esperaba, ha dado para encender la polémica.
 
Según concepto del Ministerio de Justicia y de la misma Fiscalía General de la Nación, para los casos excepcionales era mejor imponer un límite de tres años. Y así se lo pidieron a la Cámara de representantes en el último debate, el martes pasado. Sin embargo, por solicitud de la representante Olga Lucía Velázquez, quien coincidencialmente fue subsecretaria de Integración Social en la administración del detenido Samuel Moreno, que supuestamente se beneficiaría con la nueva norma, el plazo se mantuvo en dos años. Esta situación prendió las alarmas porque podrían verse favorecidos personas implicadas en casos judiciales emblemáticos.
 
En declaraciones para Blu Radio, Velásquez aclaró que la proposición no solo la firmó ella sino también otros representantes, hasta el punto de que fue avalada por la mayoría de la Cámara. “La proposición se refiere a que se adopte lo aprobado en Senado frente al Artículo 1 y 4, y si se revisa el proyecto que radicó el Gobierno, firmado por el ministro Yesid Reyes y el fiscal Eduardo Montealegre, es lo mismo que aprobó el Senado”, dijo.
 
Asimismo, insistió en que “no se está dando ninguna ventaja a nadie, solo se aprobó el texto original que radicó el Gobierno al Congreso”, por lo que si el proyecto fue radicado por el mismo Ministerio de Justicia y Fiscalía General “es que así se estudió, analizó y se consideró que era lo más pertinente”. 
 
“Yo no le estoy haciendo mandados a nadie (…) soy una persona que con todo el esfuerzo del mundo me he hecho a pulso en Bogotá. Me han adjudicado una relación directa que no existe (…)
el alcalde Samuel Moreno fue mi jefe, esa es la relación. No estoy beneficiando a nadie”, enfatizó la congresista.
 
Por su parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aclaró que aunque prefería que el plazo fuera de tres años por la complejidad de los casos, la norma solo entrará en vigencia hasta dentro de un año, con lo cual es imposible una salida masiva de detenidos que estén siendo procesados. 
 
Aclarado este asunto, la detención preventiva continuará aplicando para cuando el implicado suponga un riesgo para la sociedad, para la integridad del proceso o cuando se prevea que puede evadir la justicia, pero solo será de carácter extraordinario. Las implicaciones de esta norma impactarán el hacinamiento penitenciario que hoy supera los 40 mil cupos.
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