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En medio del debate sobre la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz en las comisiones primeras de Senado y Cámara, varios congresistas alzaron su voz de protesta en contra del artículo 73 de la iniciativa. Se trata, en concreto, de aquel que crea facultades extraordinarias para el presidente de la República y con las que podría ampliar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación.
El representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara, y el senador de ese mismo partido, Germán Varón, cuestionaron al viceprocurador, Juan Carlos Cortés, por no entregar información completa sobre qué tanto necesita el organismo de control ni cuántos recursos para operar cuando entre en funcionamiento, de lleno, el sistema de justicia transicional.
“Eso equivale a girar un cheque en blanco lo que aprobaríamos sin conocer eso. No podemos legislar a ciegas (…) Por eso, no puedo depositar mi voto a estas facultades que se le otorgan al presidente de la República y en consecuencia al procurador”, señaló Lara, también presidente de la Cámara de Representantes.
La postura fue acompañada también por el legislador del Polo, Germán Navas Talero, quien pidió hacer una especie de traslado de labores a partir de los cerca de 800 nuevos cargos que se crearon en el Ministerio Público hace dos años. Acá una vez le crearon al anterior procurador 800 cargos de procuradores judiciales. Eso lo repartió él cuando estaba haciendo campaña para que lo reeligieran”, dijo Navas.
Para el senador Varón Cotrino, es evidente que en la Procuraduría existe un número suficiente de procuradores delegados que, según dijo, podrían desempeñar su labor de acompañamiento y vigilancia sobre los procesos que se desarrollen en el marco de la JEP. “No se puede dejar sin límite temporal la creación de una planta que cuánto puede ser el costo que van a pagar todos los colombianos”, apuntó.
El viceprocurador Cortés argumentó ante la sesión de las comisiones conjuntas que desde la semana pasada han llegado procesos para hacerles seguimiento y que, justamente, se está avanzando en un estudio de cargas que permita atender las labores ordinarias que se tienen frente a las jurisdicciones ordinarias: prevención, función disciplinaria y de intervención judicial, “porque no podríamos bajar la guardia en afrontar fenómenos de corrupción ni disminuir nuestra presencia ante las otras jurisdicciones”, dijo.
Las facultades extraordinarias serían por seis meses, con las siguientes funciones: reorganizar la estructura y operación, ampliar la planta de personal y actualizar la nomenclatura y clasificación de los empleos de la Procuraduría General de la Nación "con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera", señala el artículo.