Polémica por iniciativa que igualaría a consumidores de droga con criminales

En la Comisión Primera del Senado se inició el debate del proyecto de ley. Entre los puntos que entraron en discusión, llamaron la atención las formas para combatir las redes de microtráfico y limitación de la dosis de aprovisionamiento.

Archivo El Espectador

Este miércoles, 27 de marzo, se llevó a cabo el primer debate sobre el proyecto de ley 060 de 2018, presentado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el cual lleva por nombre “disposiciones de fortalecimiento de seguridad ciudadana”. La discusión se inició, no sin la polémica alreredor de los consumidores de drogas y la dosis de aprovisionamiento. 

La iniciativa, apoyada por varios mandatarios, como Carlos Osorio Buriticá, gobernador del Quindío; Norman Maurice Armitage, alcalde de Cali; y Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, entre otros, busca “dar respuesta a la seguridad humana a través de unos ajustes necesarios a la política criminal, entendida como parte importante de la seguridad de la ciudadanía”, según dicta el informe de ponencia presentado en la Comisión Primera de Senado.

A grandes rasgos, el proyecto promueve tres objetivos gruesos: combatir delitos digitales, redes de microtráfico y narcomenudeo y crear nuevos tipos penales sobre algunos de estos problemas que aquejan a la ciudadanía. Así, en este primer debate entraron a discusión aspectos sobre la forma en como se planea combatir la criminalidad y la posición en la que quedarían los consumidores, vendedores ambulantes y dueños de establecimientos públicos.

Sobre el proyecto, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expuso sus argumentos en torno a la relación entre el expendio de drogas que realizan los jíbaros y la dosis de aprovisionamiento. “En mi opinión, la Corte, defendiendo demasiado el derecho de los consumidores, terminó diciendo que cada quien tiene derecho a la droga que necesita. ‘Yo necesito 100 kilos de droga, entonces esos son los que cargo’. Así se había vuelto imposible la judicialización. Cuando usted habla con los policías y los jueces y les pregunta por qué hemos sido tan ineficientes en el combate de los jíbaros que se han tomado las calles, lo que dicen es: 'por la dosis de aprovisionamiento'”.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, manifestó que el proyecto es complejo y por lo mismo requiere un debate “serio, tiene que quedar bien hecho”, según trinó en su cuenta de Twitter. Así mismo, invitó a los ciudadanos a que lean el proyecto y manden sus comentarios a su asesora hasta el próximo lunes a la 1 p. m.

Justamente, Luis Felipe Cruz, investigador en Dejusticia, y otros colectivos de derechos humanos como Elementa enviarán sus consideraciones para que sean tenidas en cuenta. Cruz, voz experta en el tema y quien le ha hecho seguimiento, expresó las observaciones que su colectividad encuentra al leer el proyecto en cuestión.

“El proyecto dice que es de seguridad ciudadana pero tiene una cosa sobre unos apartados sobre la extorsión en internet, microtráfico y procedimiento penal. Entonces, uno no entiende cuál es la relación que hay entre esos elementos. Lo otro es que una de las cosas más problemáticas es un artículo que intenta limitar lo que se conoce como la dosis de aprovisionamiento y que de alguna manera intenta criminalizar a todos aquellos que tengan dosis superiores”, dijo Cruz.

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La pita se enreda, entre muchas cosas, en ese aspecto que comentó Cruz: cuando el consumidor, que a veces es criminal y a veces es consumidor ocasional, empieza a ser criminalizado al recibir una multa por portar más de la cantidad mínima de droga. “Es algo que va en contra, incluso, de lo que ha dicho la Corte Suprema sobre la dosis de aprovisionamiento y que dice que no toda persona que lleva más de la dosis es criminal. Usted tiene que probar que lo es”.

Ahora, sobre la responsabilidad que este proyecto de ley le atribuiría a los  dueños de establecimientos públicos, Cruz dijo que “eso es muy grave porque está estableciendo una especie de responsabilidad objetiva. Es decir, esto genera una profunda inseguridad jurídica porque estamos hablando de lugares como discotecas y las personas que están en la logística de allí no tienen recursos legales para hacer requisas, solo hacen un cateo por encima de la ropa, y mucho menos pueden encontrar que en billeteras o zapatos tengan droga”.

En otras palabras, ni los propietarios ni trabajadores de estos negocios están capacitados para responsabilizarse de ese tipo de situaciones y se puede prestar para malos entendidos.

David Flórez, asesor del senador Julián Gallo, de la FARC, manifestó una postura que va en la misma línea de los comentarios de Cruz.Por ejemplo, encontró, a su juicio, varios problemas al proyecto, entre ellos la determinación en la que quedarían los vendedores ambulantes.

“Se agrava la penalidad que recae sobre los vendedores ambulantes. En buena medida, cuando uno lee el proyecto de ley, uno se da cuenta de que se presume que el vendedor ambulante es un jíbaro y, evidentemente hay algunos que sí lo son, pero no todos. Entonces, si ya estamos en una lógica de persecución contra lo vendedores ambulantes, producto de las arbitrariedades del Código de Policía, este articulado es un provocador absolutamente terrible”, aseguró Flórez.

Por ahora, la discusión del miércoles contó con una mayoría de 12 votos que más que aprobar o no el proyecto de ley, lo avala para continuar examinando los artículos que en él se proponen y que afectarían directamente a los ciudadanos. La ponencia se reanudará el próximo martes 2 de abril en el Capitolio.

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-Redacción Política

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