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Un proyecto de ley presentado este martes en la Cámara de Representantes propone que sea obligatorio que los funcionarios públicos, así como los congresistas, hagan público el contenido de sus reuniones realizadas en desarrollo de sus labores. La iniciativa, con la que se busca hacerle frente a la corrupción, prohíbe también que los funcionarios acepten regalos o beneficios de privados.
Según el autor de la iniciativa, el representante Ricardo Ferro (Centro Democrático) el proyecto busca divulgar todos los encuentros y reuniones realizadas por servidores públicos con ocasión de su trabajo: tanto las que desarrollen en su despacho, como en restaurantes y hasta eventos sociales. Eso sí, precisa, que tengan relación con sus labores.
“Los funcionarios públicos tienen la obligación de informar sus reuniones, pues muchas veces hemos visto que ahí comienzan los hechos de corrupción. Ahora, el objetivo es que presenten un informe mensual de sus reuniones y encuentros”, explicó el parlamentario.
Por otro lado, frente a la prohibición de aceptar regalos de particulares, Ferro aseguró que se trata de obsequios y presentes que “siempre tienen un objetivo” por parte de quien los entrega, de allí la necesidad de ponerle un alto. “Con estas dos medidas queremos garantizar que haya mayor transparencia en las acciones públicas y haya trazabilidad de las reuniones”.
La iniciativa contempla sanciones de inhabilidad de hasta dos años para quienes se abstengan de hacer públicos los reportes, que deberán ser divulgados en medios informáticos para facilitar su acceso por parte de la ciudadanía.
“Las labores son públicas y cualquier colombiano tiene derecho a saber con quién se están reuniendo los funcionarios. Cada entidad regulará la forma en que se harán públicas las reuniones mensualmente”, agregó Ferro.
El proyecto no se distancia del todo de dos de los puntos de la consulta anticorrupción que se hundió hace más de un año, puntualmente los puntos cinco y seis, que establecían que los congresistas deben rendir cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas, y nacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados y extinguirles el dominio.
El único proyecto aprobado en su totalidad en este primer año fue el de rendición de cuentas, aunque se encuentra en revisión constitucional. Congresistas, diputados, concejales y ediles estarán en la obligación de rendir informes de gestión.
“Hay que decir que unos de los elementos más interesantes de la iniciativa, como la publicidad del voto de los congresistas, la agenda y la gestión de partidas presupuestales, fueron eliminados”, advirtió en su momento la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde), una de las promotoras.