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¿Debería o no suspenderse la prestación de vehículos y esquema de seguridad de los congresistas durante la emergencia sanitaria? Esa es la discusión que se tramita actualmente entre la dirección administrativa de la Cámara de Representantes y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La corporación congresional y la entidad pública tienen un convenio interadministrativo para prestar este servicio a los 171 representantes. Para 2020 se determinó que la protección de los parlamentarios tiene un costo de 42.000 millones que paga la Cámara, mientras que la UNP responde por el pago de los escoltas que también hacen parte de esos esquemas de seguridad. Aunque el acuerdo contractual continúa, la dirección administrativa le solicitó el pasado 27 de marzo a la UNP suspender parte del servicio en tanto los congresistas se encuentran realizando teletrabajo, por lo que no se está haciendo uso de las camionetas de seguridad suministradas.
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“Me permito solicitar la excepción en el pago de los vehículos como el de los sistemas de seguridad asignados a los honorables representantes, en atención a la orden de aislamiento preventivo obligatorio estipulado mediante el Decreto 457 de 2020, emitido por el Gobierno Nacional, razón por la cual los vehículos implementados en los esquemas no se encuentran en funcionamiento y/o rodando por el territorio territorio nacional, por lo que el pago de algún elemento que no se encuentre en uso puede ser considerado por todos los entes de control como un detrimento patrimonial”, expresó a la UNP Rodolfo Alonso Cetina, jefe de la división de servicios de la Cámara.
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A lo que UNP respondió el 2 de abril que no era posible conceder esa petición porque, según comunicó la entidad, esta debe continuar prestando la protección ciudadana incluso durante el estado de emergencia económica, social y ecológica. “El servicio de protección puede ser considerado como un servicio público esencial -teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C-075 de 1997 y C-796 de 2014-, en la medida que se constituye como un medio o instrumento necesario para garantizar el ejercicio o protección de los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad y seguridad personal”, dice la carta de respuesta. En ella, la UNP añade que “ni en los estados de excepción consagrados en la Carta Política se permite la suspensión de los derechos humanos y libertades fundamentales”.
En ese sentido, la entidad reitera que tiene la obligación de continuar cumpliendo con su objetivo institucional, también porque hasta el momento ningún representante beneficiario del servicio ha consentido la suspensión de su protección. En razón de ello “este despacho considera pertinente que se valore la posibilidad de presentar una solicitud formal por parte de quien suscribió el convenio en nombre de la Cámara de Representantes, en la que se requiera que se efectúe el procedimiento de reevaluación de riesgo a efectos de que sea el Comité Especial para casos de servidores y ex servidores públicos (Cerrem) quien determine si hay lugar o no a la modificación, suspensión o finalización de las medidas”, se lee en el documento firmado por Sandra Patricia Borraez, secretaria general de la UNP.
De igual forma, la UNP aclaró que para esa entidad, la dirección administrativa de la Cámara solicita que se suspenda el pago, pero que el servicio se siga prestando, a costo de la UNP, por el convenio contractual que sostienen ambas entidades. Por ello, para que fuera posible la suspensión del pago, los congresistas beneficiados deben devolver los vehículos de seguridad, es decir, cada congresista debe renunciar a la protección que le ha sido brindada, como lo han venido haciendo varios concejales de Bogotá.
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Ante los argumentos, Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara, manifestó que insistió comunicarse nuevamente con la UNP para reconsiderar otra respuesta, pero la entidad estatal no cedió. “La solicitud que la Cámara le elevó a la UNP en virtud de que en la coyuntura no están siendo utilizados los vehículos, por ende pensamos que se deben bajar los costos o no facturar en el mes de abril. Lo hacemos porque creemos que no es justo que se cobre un servicio que no se está prestando, y porque en virtud de la austeridad en el gasto público, prescindir de lo que no se está utilizando es lo mejor que pueden hacer las entidades. Pero la UNP aduce que el servicio se está prestando y por tanto debe pagarse. Desde mi punto de vista nuestros congresistas están trabajando desde sus casas”, dijo.
(Vea acá la respuesta completa de la UNP)