:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/yQLO2WTacPWfUL-WZg4pw3kzPjM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/CKEFRKNDD5G67OOZ6OGEXAHUDY.jpg)
Por esta razón, los altos funcionarios encargados de las instituciones y los asuntos de seguridad han tenido que aprender a manejar con cuidado estas materias. Y las relaciones con los medios y los ciudadanos se han vuelto una materia fundamental para los ministros de Defensa, pues de fondo está la relación entre civiles y militares, un aspecto central para cualquier democracia.
El papel de los mindefensa
Aunque el historial del cargo puede rastrearse hasta el siglo XIX, nos limitaremos a los dos modelos más recientes: el del Frente Nacional y el de la Constitución de 1991. En el arreglo institucional de la coalición política entre liberales y conservadores se optó por dejar el Ministerio —inicialmente de Guerra y desde la década de los años sesenta de Defensa— en manos del oficial superior más antiguo. Dadas las rígidas consideraciones de paridad entre los dos partidos en la repartición de los cargos, el ministro número 13 no podía tener ninguna connotación partidista si los otros doce estaban repartidos.
Por eso, el oficial superior más antiguo que le correspondió al Ejército Nacional hasta 1991 simbolizaba conocimiento, no pertenencia partidista y subordinación al poder civil. Este arreglo se mantuvo más allá de 1974. Hubo ministros de Defensa más políticos, con amplia figuración pública; unos más reservados, de escuelas y doctrinarias diferentes dentro de la fuerza, y más troperos y represivos, impulsores de unas Fuerzas Armadas como motor del desarrollo.
Le puede interesar: En Puerto Carreño se están robando ropa extendida en cuerdas: ministro de Defensa
Algunos fueron considerados el verdadero poder de los gobiernos, como se dijo del general Luis Carlos Camacho Leyva durante el período de Julio César Turbay. Mientras los golpes de Estado y las dictaduras pululaban en la región, en Colombia la Fuerza Pública reafirmaba la supremacía civil. Esto se podía comprobar con cada momento de tensión entre presidentes civiles y sus ministros de Defensa militares que culminaron siempre con la salida de los oficiales.
Con la Constitución de 1991, los civiles volvieron a ocupar el cargo de ministros de Defensa, con la posibilidad de una moción de censura por parte del Congreso. La decisión fue aceptada y el entonces ministro, el general Óscar Botero, dio un paso al costado. Desde entonces, ciudadanos lejanos a la vida militar ocupan ese puesto, acompañados por un cuerpo burocrático de funcionarios sin uniforme.
Es innegable la existencia de un grupo de funcionarios civiles que conoce de seguridad y defensa. Algunos ministros llegaron con la preparación y los conocimientos para desempeñarse acertadamente, así con el tiempo las desmemorias pasen las cuentas a unos y otros. Hubo quienes llegaron a aprender y lo hicieron bien, mientras unos pudieron servir de conciliadores, pese a cometer el error de utilizar el uniforme camuflado en las visitas a terreno, violando códigos de honor relevantes. No faltaron los que simplemente se sacrificaron para culminar un período.
Lea también: Mindefensa se disculpa por polémico trino sobre líderes sociales
Varios de ellos han tenido que pasar por declaraciones equívocas y explicaciones contradictorias. Se han convertido en defensores de oficio de las Fuerzas y de sus miembros, como si así ganaran respeto. En no pocos casos se ha considerado, falsamente, que por tener experiencia gerencial en el sector privado pueden transferir esto al sector público. Pero la realidad ha demostrado que realmente vienen del sector “privado”, es decir, privados de conocimiento, de inteligencia, de experiencia, de capacidad y hasta de calidad humana.
El actual ministro, Guillermo Botero, ha logrado superar los intentos de una moción de censura en su contra, a la vez que soporta constantes rumores sobre posibles reemplazos o que el verdadero ministro es el alto consejero Rafael Guarín. Por eso es justo preguntarse por su gestión.
En esto hay dos momentos. Primero, el gobierno de Iván Duque mantuvo la cúpula que venía de la administración anterior por unos meses y dio continuidad a parte del equipo tecnocrático existente. En este contexto se hicieron visibles tres asuntos graves: el aumento de los cultivos ilícitos, la violencia persistente en varias regiones y los asesinatos de líderes sociales. Además, se recordarán las palabras del ministro que atizaron la movilización social, así como sus primeras acciones punitivas, como el decreto contra el porte y consumo de sustancias psicoactivas.
El segundo momento empezó luego del atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía, en Bogotá, y a partir de ahí no ha dado respiro. En el Plan Nacional de Desarrollo se plasmó una política que mezcla muchas continuidades con cambios forzados para suponer que se actúa con mayor rigor y contundencia. El tema de Venezuela ha puesto a soñar y a tener pesadillas por un posible conflicto internacional.
Pero entre el informe de The New York Times, las imprudencias de Botero y las inevitables tensiones en las Fuerzas y el Gobierno, parece que los únicos resultados han sido batallas contra tigres de papel: (1) las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, (2) los shows en torno a la situación de Santrich, (3) la insostenible justificación del uso del glifosato, (4) el rechazo a las determinaciones de la justicia, y (5) los falsos reportes a los que nos tiene acostumbrados el ministro, bien sea sobre el asesinato de un excombatiente o la seguridad de la “ropa secándose” en Puerto Carreño.
El ministro Botero permanece atornillado por su cercanía a los sectores más duros del Centro Democrático y al senador Álvaro Uribe. Pero ¿cuánto más durará en el cargo? ¿Cuál será la incidencia de su controvertida gestión en los problemas de seguridad y defensa? ¿Será posible que se le recuerde por algún hito positivo y democrático? ¿Le serviría optar más bien por el silencio?
* Director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y analista de Razón Pública.
Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Lea el artículo original aquí.